La confesión de Francisco Correa de que Luis Bárcenas dirigía una red de cobro a grandes empresarios por el 3% de las adjudicaciones que les concedían administraciones del Partido Popular cobra forma en el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo. Su titular, el magistrado Florencio Rodríguez Ruiz, investiga al empresario Luis del Rivero y a cuatro cargos del PP de Castilla-La Mancha por la concesión en 2007 de la contrata de recogida de basuras en la capital toledana a una filial de Sacyr-Vallehermoso. La mordida habría ascendido a 200.000 euros, exactamente el 3,2% de los 6,1 millones a los que ascendió la adjudicación por espacio de diez años a la empresa del grupo presidido entonces por Del Rivero.
Rodríguez Ruiz acordó el pasado 1 de septiembre incoar diligencias previas a partir del testimonio remitido a Castilla-La Mancha en marzo por el juez Pablo Ruz, desgajado de la investigación que durante dos años realizó de la financiación irregular del Partido Popular. En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez de Toledo concluye: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa y cohecho, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”.
La inclusión del posible delito de cohecho en la instrucción que realiza el juez de Toledo supone retomar la investigación por el supuesto pago de 200.000 euros a cambio del contrato de las basuras, dinero que habría financiado la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007, según el testimonio de Luis Bárcenas. Cuando Ruz envió la causa a Castilla-La Mancha no pasó de apuntar un posible delito de prevaricación administrativa por las irregularidades en el proceso administrativo de adjudicación, posteriores a la presunta mordida.
Ruz dejó listo para juicio el caso de los 'papeles de Bárcenas' el 23 de marzo, dando por acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular durante las últimas dos décadas. En el mismo auto, sin embargo, archivaba la causa contra 22 de los 23 empresarios que aparecían como donantes del PP en las anotaciones que dieron origen al caso. Ruz consideraba que no se había podido acreditar que las entregas de dinero negro al partido fueran a cambio de una adjudicación concreta. O lo que es lo mismo, el juez consideró que no podía sostener una acusación por cohecho.
Pero ese auto no significaba lo mismo para Luis del Rivero que para el resto de los empresarios que también habían estado imputados. En su resolución razonada, el juez Ruz remitía a Toledo su investigación por las irregularidades que rodearon a la adjudicación y ejecución del contrato para la “recogida de las basuras, limpieza varia y transporte” por parte de Sufi, la filial de Sacyr-Vallehermoso, incluido el sobrecoste de más de 11 millones de euros que terminó aceptando la administración.
El entonces juez de la Audiencia Nacional adujo “falta de conexidad” entre los hechos de Toledo y los que él investigaba sobre la caja B del PP, en consonancia con el testimonio de Bárcenas. Sobre las irregularidades entorno a la adjudicación contaba con el documentado informe de la Intervención General de la Administración del Estado. Para apuntar a la existencia de la mordida, sin embargo, solo tenía el testimonio del extesorero, el recibí del gerente del PP castellano-manchego por 200.000 euros y sus “vagas” justificaciones.
Así que Ruz envió la causa a Toledo calificando los hechos indiciariamente de “prevaricación administrativa”, a espensas de que otro juez pudiera ahondar en los mismos. Y añadía un recado: a ese juez correspondería determinar también si hay “suficientes indicios de resposabilidad frente a persona o personas que, habiendo aparecido identificadas en el curso de la investigación, pudieran, por su aforamiento, motivar una ulterior inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”. Ruz, sin mencionarla, apuntaba a María Dolores de Cospedal.
En la causa del Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo también están imputados el gerente y el tesorero del PP local de la época, José Ángel Cañas y Lamberto Pineda, respectivamente, así como el exalcalde de Toledo José Manuel Molina y el entonces vicepresidente de Sacyr, hoy al frente de la compañía, Manuel Manrique.
Cañas es el cargo del PP que firmó el recibí de 200.000 euros a Bárcenas y que fue entregado por éste al magistrado. El tesorero a nivel nacional declaró ante Ruz que esa cantidad iba destinada a pagar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha y que el pago procedía de Luis del Rivero, el presidente de Sacyr. También que él puso en contacto al empresario y a la secretaria general del PP.
Del mismo modo, Bárcenas desvinculó esa presunta mordida del funcionamiento de la caja b del partido a nivel nacional. El extesorero siempre ha defendido que las donaciones que él anotó de su puño y letra no eran finalistas y que, por tanto, no constituían sobornos. A excepción de un caso, el de Toledo. “La única operación irregular que se ha hecho aquí es la de María Dolores en Castilla-La Mancha”, llegó a afirmar.
La defensa de Luis del Rivero recurrió la decisión del juez Rodríguez Ruiz de investigar un posible cohecho con el argumento de que “no resulta conforme a derecho variar la calificación jurídica realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 tras varios años de investigación”, aun más si se tiene en cuenta que el juez de Toledo no ha practicado todavía diligencias, aseguraba el abogado del empresario en un escrito con fecha 17 de septiembre.
Pero Rodríguez Ruiz ha rechazado el recurso en un auto en el que defiende su potestad para calificar los hechos como considere, una vez ha estudiado el testimonio procedente de la Audiencia Nacional. En su resolución razonada, el juez recuerda que este “primer control de las imputaciones” se hace desde una perspectiva “meramente formal” y que siempre puede variar según avance la instrucción. “Los anteriores límites no pueden encorsetar la labor del juez instructor en los términos admitidos para la fase de juicio oral”, afirma en su auto del miércoles.
En mayo de 2013, Luis del Rivero negó ante Ruz haberse reunido con Luis Bárcenas en la época de este como gerente del PP. Pero en noviembre, El Mundo publicó las anotaciones de las agendas del extesorero con detalles de las 11 reuniones mantenidas con Del Rivero en los 11 meses anteriores a la adjudicación del contrato de basuras en Toledo. El juez volvió a llamar a declarar al empresario, quien en esa segunda ocasión sí reconoció los encuentros con Bárcenas y otros responsables del Partido Popular, aunque negó que alguno de ellos versará sobre los hechos que se le imputan.
Del Rivero ha demandado a Bárcenas por atentar contra su derecho al honor y el próximo noviembre se celebrará un juicio en Madrid por la petición de indemnización de 300.000 euros que hace el empresario.
Villar Mir, en otra presunta mordida
El expresidente de Sacyr no es el único de aquellos 23 empresarios de los papeles de Bárcenas que ha olvidado sus problemas con la justicia a raíz del archivo del juez Ruz. Este lunes, el juez de Palma José Castro dictó una providencia solicitando al PP nacional información sobre las reformas en su sede de la calle Génova entre 2002 y 2010. El magistrado sospecha que las obras pudieron pagarse con dinero negro de otra gran constructora, OHL, del empresario Juan Miguel Villar Mir, al igual que Luis del Rivero, donante del Partido Popular en los papeles de Bárcenas.
Villar Mir iba a ser el adjudicatario de las obras del hospital Son Espases, el más grande de Baleares, por un valor inicial de 778 millones de euros. Con la decisión ya tomada, la comisión que dictaba la adjudicación se retractó, tras una publicación de El Mundo informando de sus intenciones, y la finalmente beneficiada fue ACS, de Florentino Pérez. Villar Mir declaró el pasado 17 de septiembre como imputado ante el juez Castro y negó que hubiera un amaño para adjudicar las obras de Son Espases.
También como Del Rivero, Villar Mir estuvo imputado en la Audiencia Nacional por figurar en los papeles de Bárcenas, un caso que se ha reducido a los 1,7 millones de euros que el PP pagó presuntamente en negro por la reforma de su sede central, y por el que se sentarán en el banquillo, entre otros, los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.