Dolores Delgado ha decidido este martes, por motivos de salud, poner fin a un mandato de dos años y medio al frente de la Fiscalía General del Estado. Un periodo breve y repleto de polémica, pero marcado sobre todo por un férrea oposición de los fiscales conservadores, que incluso intensificaron su ofensiva contra ella con duros comunicados cuando se recuperaba de la operación de espalda por la que ahora ha dejado su cargo.
Delgado llegó a la Fiscalía General en febrero de 2020, tras la firma del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Ese mismo día comenzó una carrera de las derechas contra ella y su nombramiento. PP y Vox recurrieron al Supremo la designación de la fiscal porque consideraron que no podía ejercer esa función dado que hasta ese momento se había desempeñado como ministra de Justicia y previamente había militado en las filas del PSOE.
Un año y medio después, el Alto Tribunal no solo rechazó esos recursos. En sendas sentencias publicadas en noviembre reprendió a esas dos formaciones por intentar ejercer, sin estar legitimados para ello, una “acción popular de carácter político” para recurrir nombramientos y actos del Gobierno. Dos magistrados de siete votaron en contra de la decisión del tribunal.
La principal oposición, sin embargo, procedía de dentro de la propia Fiscalía. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) emitió un comunicado en contra de su nombramiento antes incluso de que tomase posesión del cargo. El 13 de enero, cuando Pedro Sánchez anunció que propondría a Delgado, esa asociación manifestó su “sorpresa” ante la noticia y su “malestar y preocupación por la imagen y falta de independencia e imparcialidad transmitida”.
En el otoño del año siguiente, la asociación conservadora comenzaba a endurecer el tono contra la fiscal a raíz de un informe en el que su ‘número dos’, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, pedía inadmitir una veintena de querellas contra el Gobierno por su gestión de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Navajas afirmó que dos compañeros fiscales del Alto Tribunal “contaminados ideológicamente” trataron de “influirle” sobre cómo tenía que actuar en relación a las querellas. La AF consideró que aquello había sumido a la carrera fiscal en “el mayor descrédito” en “cuarenta años” y pidieron a Delgado que abandonase su “silencio cómplice” y actuase contra él.
El cese del fiscal Stampa
Apenas dos meses después de aquel comunicado, la Asociación de Fiscales exigió por primera vez la dimisión de Delgado. En un comunicado, consideró que la fiscal general carecía de idoneidad por su procedencia política y sus “erráticas y sectarias actuaciones”. La agrupación entendía que sus decisiones habían “causado un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal” y que su permanencia en el cargo era “incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen” en la institución.
En ese texto, la AF no lo mencionaba explícitamente pero el comunicado llegaba apenas días después de que la Fiscalía defendiese en el Consejo Fiscal la imparcialidad de Delgado en la decisión, tomada un año antes, de retirar de Anticorrupción a Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales impulsores del caso Villarejo. El fiscal había presentado esa semana una reclamación patrimonial por menoscabo a su carrera en la que acusaba a Delgado de maniobrar guiada por un “interés personal y directo” en esa causa, en la que constaban “indicios” de “la participación de su pareja sentimental”, Baltasar Garzón, que ejercía la defensa de varios investigados.
La asociación conservadora exigió en un comunicado a la fiscal que explicara de forma “muy detallada” esas “supuestas maniobras” y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) le pidió a su vez que aclarara un asunto de “máxima gravedad” y “presuntamente plagado de irregularidades”.
Delgado siempre ha alegado que siguió el criterio del Consejo Fiscal, donde no fue respaldado ni por los cinco miembros de la asociación conservadora, a la que estaba asociado, ni por los cuatro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que procedía la fiscal general. En ese momento, el fiscal había sido denunciado por Vox de connivencia con Pablo Iglesias y Podemos, el partido que ejerce la acusación popular en la causa sobre los oscuros negocios del comisario y otros miembros de la cúpula policial. La investigación contra Stampa por estos hechos quedó finalmente archivada.
El ex fiscal del caso Villarejo acusa a Delgado y su equipo de haber dilatado artificialmente esa investigación, que acabó en archivo, y de ocultar después su resultado al Consejo Fiscal para evitar recibir el apoyo que necesitaba para obtener la plaza que ocupaba en Anticorrupción de forma interina. La Fiscalía General del Estado defiende la necesidad de las diligencias adicionales que ordenó realizar al fiscal de Madrid encargado del caso.
Polémica por los nombramientos
Los nombramientos efectuados por Dolores Delgado en las altas instancias de la Fiscalía fueron objeto constante de polémica desde su llegada a la cúpula del Ministerio Público tras su paso por el Ministerio de Justicia. En este apartado vuelve a aparecer la asociación conservadora de fiscales, que denunció en varias ocasiones a Delgado por beneficiar supuestamente a su antigua agrupación, la UPF, en las designaciones dentro de la cúpula de la Fiscalía.
En diciembre de 2020, por ejemplo, los cinco miembros que esta asociación tenía entonces en el Consejo Fiscal se abstuvieron cuando propuso como teniente fiscal del Tribunal Supremo a Juan Ignacio Campos, el único que se había presentado al puesto. La razón, dijeron, no era el candidato en sí, sino el hecho de que algunos medios hubieran publicado que era el favorito para el puesto.
La AF pasó de criticar algunos de estos nombramientos a llevarlos a la vía judicial, en algún caso con éxito. En abril de este año, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal del menores y ordenó repetir el proceso porque entendía que Delgado no había motivado lo suficiente su decisión. Hace menos de dos meses, Delgado volvió a nombrar a Esteban para ese puesto, a pesar de la anulación del Supremo. Esta decisión enfureció a la asociación conservadora, que acusó a la fiscal general de burlarse de la sentencia.
La fiscal general vivió otro momento difícil al frente de la institución hace menos de medio año, cuando el PSOE envió al Congreso una enmienda en la tramitación de la reforma de Ley Concursal con la que pretendía modificar los supuestos en los que la Fiscalía está obligada a informar al Gobierno sobre investigaciones en curso. La mitad de los fiscales de sala del Supremo exigieron a Delgado a través de una carta que frenase la enmienda al considerar que suponía ​​“una quiebra importante de la autonomía y de la independencia” de la institución. En esa enmienda, los socialistas habían incluido un apartado que garantizaba a la fiscal un puesto en el Tribunal Supremo tras abandonar su cargo.
La misiva en contra fue suscrita por pesos pesados del Ministerio Público: los fiscales del procés Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena, la fiscal de criminalidad informática Elvira Tejada o el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix, entre otros. También la firmaron dos antiguas fiscales generales del Estado: Consuelo Madrigal y María José Segarra. El PSOE finalmente retiró la polémica enmienda.
Derrota en las elecciones del Consejo Fiscal
Mientras Delgado se recuperaba de la intervención quirúrgica en la espalda a la que se sometió el pasado abril, la UPF, la asociación a la que perteneció, se desplomaba en las elecciones al Consejo Fiscal, que daban la mayoría absoluta a la conservadora AF y en las que la minoritaria y muy crítica con la fiscal general APIF conseguía por primera vez un asiento en ese órgano consultivo.
La fiscal quedaba así al frente de un Consejo Fiscal abiertamente hostil, con una mayoría aplastante de fiscales conservadores, los mismos que le hicieron una frontal oposición desde su llegada a la cúpula de la institución. La opinión del Consejo Fiscal no es vinculante para proponer un nombramiento, pero la norma de 1983 que regula su funcionamiento especifica que debe “ser oído respecto del nombramiento de los diversos cargos”.
El archivo de la investigación sobre la fortuna del rey
Durante el mandato de Dolores Delgado, la Fiscalía Anticorrupción ha investigado una serie de casos importantes. A saber, la causa sobre la empresa de los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el caso de los comisionistas de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid o el contrato con la Comunidad de Madrid por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una comisión. Por este último caso, Anticorrupción, dependiente jerárquicamente de Delgado, polemizó con la Fiscalía Europea, que a día de hoy sigue investigando la posible malversación de fondos de la UE.
Sin embargo, el caso más relevante que ha pasado por los escritorios del Ministerio Público en esta etapa es el del origen opaco de la fortuna de Juan Carlos I, una triple investigación que la Fiscalía archivó en marzo de este año al considerar que los presuntos delitos habían prescrito o que se cometieron cuando el entonces jefe de Estado gozaba de inviolabilidad.
Las investigaciones habían comenzado hace más de dos años en tres ramas separadas: las comisiones millonarias que habría cobrado el rey emérito por su intervención en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca, el uso de fondos sin declarar procedentes de un millonario mexicano, desvelado por elDiario.es, y, finalmente, su relación con varios millones ocultos en la isla de Jersey. La Fiscalía, entonces, señaló que había “detectado cuotas defraudadas por parte del rey emérito entre 2008 y 2012, todas prescritas menos las de 2012, cuando también estaba protegido por la inviolabilidad”. Pero dio por buenas las regularizaciones que hizo el rey emérito ante el Ministerio de Hacienda pese a que había sido avisado previamente de que lo investigaban.
Dolores Delgado termina antes de tiempo, por sus problemas de salud, un mandato repleto de turbulencias, acosada por una oposición hostil crecida además tras su último resultado electoral. Álvaro García Ortiz, su ‘número dos’ hasta ahora y el sustituto que el Gobierno ha pensado para el cargo, tendrá que construir su liderazgo en un escenario refractario. Como aperitivo, el PP ya ha cuestionado su “independencia” por participar en unas jornadas del PSOE hace tres años.