La oportunidad de encerrar a Elpidio Silva se llamaba TP 1/14

El 16 de enero de 2014, la redacción de eldiario.es daba los últimos retoques a un monográfico de su revista Cuadernos sobre los correos de Blesa. Los mensajes enviados y recibidos en la dirección corporativa del expresidente de Caja Madrid habían comenzado a ser publicados un mes antes, haciendo emerger las aguas fecales del que por entonces se empezó a denominar capitalismo de amiguetes. Los ciudadanos leían estupefactos los manejos de los responsables de la catástrofe financiera de Caja Madrid, la entidad sin cuyo rescate -23.500 millones de dinero público- no se entiende la crisis que ha arrasado España en los últimos años.

A última hora de aquella tarde llegó a eldiario.es un burofax firmado por el abogado de Miguel Blesa. El expresidente de Caja Madrid exigía que se detuviera la publicación de la revista monográfica. En la redacción sorprendió la maniobra, ya que la revista iba a realizar un análisis en profundidad de los correos de Blesa y su significado, pero no iba a desvelar ninguno nuevo, lo que quedaba reservado para el día a día del medio.

Según se supo después, José María Aznar había acudido dos días antes a la Fiscalía de Madrid para denunciar a distintos medios por los mensajes de Blesa que afectaban a su persona y que estaban siendo publicados, por eldiario.es y otros, “con intención difamatoria”. La bandeja de entrada de su íntimo amigo Miguel dejaba un retrato demoledor del expresidente: presunto comisionista en la venta de armamento a Libia, presiones para que Caja Madrid gastara 54 millones en cuadros de un amigo suyo…

Pero aquel 16 de enero registró otro acontecimiento sobresaliente que aún tardaría muchos meses en trascender. A las 18:59 de la tarde, exactamente 60 minutos antes de que entrara en eldiario.es el burofax de Blesa, una mujer se sentaba por primera vez ante la Fiscalía de Madrid para denunciar la identidad de la persona que según ella había filtrado los correos: Elpidio José Silva. Se trataba del juez que había enviado al banquero dos veces a la cárcel por la ruinosa compra de un banco en Florida en 2008, el mismo que había ordenado a la Guardia Civil incautarse de los mensajes alojados en el servidor de Bankia.

La hora exacta en la que arranca el testimonio de la mujer ante la Fiscalía figura en el sumario de la causa que el pasado miércoles archivó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sala de lo Civil y Penal evitaba con su decisión que Silva se enfrentara desde el banquillo a una pena de cárcel, al estimar el recurso de la defensa contra el auto de procesamiento dictado por la jueza Susana Polo. Pocas veces la Sala desautoriza así al magistrado que ha instruido la causa y que, una vez finalizado el trabajo, ha decidido enviarla a juicio. De no ser por el auto de la Sala de lo Civil y Penal, Silva hubiera sido juzgado por un delito de revelación de secretos y otro de infidelidad en la custodia de documentos, que pueden ser castigados hasta con cinco años de cárcel.

Entre aquella tarde del 16 de enero 2014 y este 15 de junio 2015, fecha del archivo, transcurre la rocambolesca historia de cómo la Fiscalía de Madrid se fijó como objetivo encarcelar a Elpidio Silva por filtrar los correos de Blesa. Y de cómo lo hizo a pesar de que solo contaba con el testimonio de una examante despechada, que admite en público su rencor, y que ha sazonado su relato con acusaciones a Silva de brujería y sofisticadas tramas de espionaje. A pesar de que la Policía puso por escrito su desconfianza, la Fiscalía solicitó que fuera declarada testigo protegido, y la jueza Polo lo autorizó. Durante cinco meses, Susana García Romera fue TP 1/14, la “prueba de cargo” contra Elpidio Silva.

García Romera es una mujer de mediana edad que se sintió atraída por el perfil público de Elpidio José Silva, en la época en que el magistrado reinaba en los platós de televisión y encarnaba el papel del juez valiente, al que no le importa embestir al poder. Silva mantenía una actividad frenética en las redes sociales y la inmensa mayoría de las cuentas que seguía en Twitter pertenecían a mujeres. Así se conocieron. Una noche hablaron durante horas por teléfono y, según contó ella a la Policía y los fiscales, el 8 de agosto llamó a la puerta de su casa. Cuando abrió, sin mediar palabra, el juez la besó impetuosamente. A una semana de convivencia en Galicia en agosto siguió otro mes y medio en Madrid, en el domicilio de Silva. Y ahí acabó la corta y, al parecer, tormentosa relación.

De aquellos días de convivencia, García Romera describe al juez como un tipo despótico, iracundo, que sufre un trastorno “obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza”. “Es capaz de montar en cólera si han caído dos migas al suelo que recogía inmediatamente con el dedo, mantiene todas las puertas siempre cerradas, tira de la cadena 6 ó 7 veces cada vez que va al aseo…”, contó aquel 16 de enero a la Fiscalía. Sin documentarlo, aunque en principio aseguró tenerlo grabado, la testigo relató que Silva la llegó a acusar de “enviada de Blesa” porque no fue a comprarle una medicina para la tensión. Por otra parte admite que, llevada por los celos, espiaba las cuentas de Twitter y Facebook de su amante.

Después de irse de casa de Silva, García Romera conoció a otras mujeres a través de las redes sociales que “habían pasado por lo mismo que ella”. Una de éstas es Alba Ledo, quien creía haberse hecho un esguince por la “magia negra” de Silva. Ledo presentó a Romera a un tal Alberto, supuesto policía retirado por una lesión. Se trataba de Alberto Henarejos, del que no consta que haya sido policía nacional y del que la Fiscalía aseguró a García Romera que tampoco pertenecía al CNI, como ella sospechaba. Este hombre fue quién convenció a la mujer de que fuera a la Fiscalía a contar lo que sabía de Silva. En la segunda declaración en Fiscalía –al día siguiente de la primera-, Romera declara sentirse engañada porque no le van a pagar el viaje y la manutención y amenaza con no seguir adelante.

“Una pequeña habitación verde”

Sin embargo, lo hace y cuenta que los correos, según decía Silva, estaban “en una pequeña habitación verde” de su casa. El exjuez le contaba que tenía un teléfono secreto para hablar con el Gobierno venezolano y un día le confesó que los “gestos pacíficos” del 15M ya no servían para nada y que mejor dejara de frecuentar sitios como El Corte Inglés, Mc’Donalds o Starbucks. “Él presume de haber matado gente en la guerrilla colombiana, en la que dice haber estado un año cuando tenía 17, y cuando ella le hacía ver que eso le escandalizaba, él le decía que estuviera tranquila que eso ya estaba prescrito”, transcribe la Fiscalía de la declaración de la mujer.

Pero eso carecía de relevancia para la Fiscalía: lo interesante es que ella aseguraba que le había visto dar a Silva un pen drive a un abogado y que dentro estaban los más de 8.000 mensajes recabados durante la instrucción del caso Blesa. La mujer reconoció que nunca vió los correos y que tampoco tenía certeza de que contenía ese pen drive, pero a la Fiscalía ese testimonio le cuadró con las diligencias que había abierto de oficio en cuanto se comenzaron a publicar los mensajes.

A las órdenes de Manuel Moix, la Fiscalía solicitó que la mujer fuera declarada testigo protegido, una figura que suele estar reservada a las personas que denuncian delitos de crimen organizado y terrorismo. De poco sirvieron las conclusiones a las que llegaron los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Madrid, que también tomaron declaración a la mujer. Los policías tuvieron que escuchar el relato de García Romera sobre la supuesta capacidad de Silva para pinchar teléfonos ya sin ser juez. Contenidos, los agentes recomendaron a la jueza Susana Polo que no siguiera adelante porque la mujer pecaba de “cierta credulidad”. Ni la Fiscalía, ni la magistrada hicieron el mínimo caso.

Elpidio Silva tenía ya por entonces complicado volver a ejercer la carrera judicial. El TSJM terminó condenanado a Silva a 17 años y medio de inhabilitación por varios delitos cometidos en la investigación al exbanquero, entre ellos prevaricación. El Tribunal Supremo ratificó después la condena por unanimidad, certificando la expulsión definitiva de la carrera de Elpidio Silva. Pero el caso de la testigo protegida iba más allá. Por los dos delitos, Silva podría ser condenado a 5 años de prisión. Aún sin antecedentes, iría a la cárcel. Detras de ambos procesos, el hasta hace poco fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, el mismo que no apreció delito en la fuga de Esperanza Aguirre de los policías municipales. Moix acaba de ser ascendido al Tribunal Supremo.

Del contenido de los correos que supuestamente había filtrado Silva, la Fiscalía de Madrid no apreciaba delito alguno. Eran una prueba nula, obtenida ilegalmente según la Audiencia de Madrid, y nada había que examinar. Lo que se debía a hacer era perseguir al que había filtrado su contenido a los medios, a pesar de que eso había permitido a los ciudadanos conocer uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España, aseguró un portavoz de la Fiscalía de Madrid a los pocos días de las primeras revelaciones.

Meses después, la Audiencia Nacional permitía incorporar al caso Bankia los correos de Blesa que fueran relevantes para la investigación. Los numerosos recursos de la defensa de Blesa apelando a su intimidad no servían para nada. Los correos no eran del exbanquero sino de Bankia. Por fin se investigaba su contenido, no la filtración.

Ante los agentes y fiscales, García Romera reconoció que reclamaba a Silva una deuda de 1.000 euros por la corrección de su libro La justicia desahuciada, motivo por el que se había desplazado a la casa del exjuez en Madrid. Además de indicios de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos, la jueza Polo apreció indicios de violencia psicológica en el trato de Elpidio Silva a García Romera.

De testigo a querellada

El pasado 13 de julio, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Madrid archivó la causa contra Silva. “Las diligencias de instrucción practicadas no ponen de manifiesto que el imputado haya maltratado psicológicamente a Doña Susana García Romera, ni que la haya vejado, insultado, ni amenazado. Ambas partes sostienen versiones contradictorias y la sostenía por Doña Susana no viene corroborada por elemento alguno periférico pues la grabación aportada no viene a refrendar la conduta vejatoria que imputa al denunciado”, afirma el auto de archivo, al que ha tenido acceso eldiario.es.

En la grabación a la que se refiere el auto, como recoge la misma resolución judicial, Silva no desprecia ni insulta a la mujer, pero ella sí le llama “gentuza” y “desgraciado”. La defensa de Silva se ha querellado contra García Romera por denuncia falsa, tanto en referencia a las acusaciones de revelación de secretos y fidelidad en la custodia de documentos, como por la de maltrato psicológico.

Susana García Romera mantuvo durante cinco meses la condición de testigo protegido, cobrando en total 4.000 euros de la Comunidad de Madrid, a razón de 798,76 euros mensuales. Mientras seguía utilizando las redes sociales, desapareció del domicilio del que había informado al Juzgado para que la Guardia Civil la protegiera. No acudió a dos citaciones en el juzgado para declarar, ni a otras tres con el organismo que le iba a conseguir una vivienda. La jueza ordenó a la Policía su localización, pero no fue posible. En octubre de 2014, la jueza Polo no tuvo más remedio que retirarle la condición de testigo protegido. Susana García Romera ya no era TP 1/14.

Meses después, la mujer reapareció y tras declarar finalmente ante la juez, parecía que la causa no daba para más. Pero para sorpresa de los abogados de Silva, la jueza dictó auto de transformación en procedimiento abreviado –el procesamiento para los delitos castigados con menos de nueve años de prisión- y Silva se vió abocado de nuevo al banquillo.

La jueza Polo acusaba a Silva de “vender” los correos, una supuesta intención que el acusado habría comentado a García Romera y de la que ésta no había llegado a saber nada. La magistrada incluso escribía en el auto que García Romera declaró que Silva llegó a comunicarle que los había vendido [los correos] a Ignacio Escolar, creador de eldiario.es“. Este medio desmintió esa afirmación rotundamente, ”dado que los emails llegaron a través de una fuente anónima derivada del Partido X y eldiario.es no ha sobornado a fuentes por esta ni por ninguna otra información“. En la primera declaración de la testigo que aparece en el sumario, Romera se refiere a Escolar como ”periodista de El Mundo“.

Sólo el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha impedido que, con tales argumentos, la causa de la filtración de los correos de Blesa llegara a juicio. “Comprobamos que en la declaración testifical de Susana García Romera (la testigo) concurren importantes móviles de resentimiento y animadversión que afectan a la credibilidad del testimonio, los cuales admite llanamente la testigo, pero que por ello no pueden ignorarse”, dice la Sala en su auto sobre quien fuera TP 1/14. La resolución es acordada por unanimidad por tres jueces, uno de ellos José de la Mata Amaya, sucesor de Pablo Ruz en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.