Transparencia obliga a la URJC a publicar información clave del instituto de los másteres de Cifuentes, Casado y Montón
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tendrá que hacer pública documentación clave del polémico Instituto de Derecho Público (IDP) que organizó los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Lo hará obligada por una resolución del Consejo de Transparencia que da la razón a Podemos, que pidió conocer su reglamento interno, las subvenciones recibidas o el sueldo de sus empleados, entre otros datos, a través de los cauces que establece la legislación sobre acceso a la información pública para cualquier ciudadano.
La URJC negó al partido esa información alegando que hacerlo podría entorpecer la investigación abierta en un juzgado de Madrid sobre la gestión económica del IDP tras una denuncia presentada por su rector, Javier Ramos. La universidad llevó la gestión de este ente a los tribunales tras detectar, en una auditoría interna, que “nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial”.
Esta causa es independiente de la que instruye la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre el acta falsificada del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta madrileña. El instituto, que en la práctica actuaba como una empresa satélite con autonomía de ingresos y gastos, estaba dirigido por Enrique Álvarez Conde. El catedrático está imputado en los dos procedimientos citados: en el primero por malversación y en el segundo por falsedad documental. El Consejo de Gobierno de la URJC aprobó por unanimidad el cierre administrativo del IDP el pasado septiembre, medio año después de que este periódico desvelara las primeras informaciones que apuntaban a que Cifuentes había obtenido un título de forma irregular en ese centro.
En estos meses, los responsables de la URJC vienen afirmando que su apuesta es por la regeneración y que están haciendo todo lo posible para limpiar la imagen del campus. Sin embargo, este documento evidencia que se han negado a hacer pública información clave del instituto que ha estado en el centro de la polémica.
Transparencia aporta en su resolución numerosa jurisprudencia de tribunales españoles que avala que la restricción del derecho de acceso a la información alegada por la universidad en base a un artículo de la Ley de Transparencia tiene límites. Y subraya que sólo está justificada cuando se trata de documentación que puede perjudicar de forma “constatable” a la igualdad de las partes en un procedimiento judicial, algo que no logró acreditar el campus.
El Consejo de Transparencia señala que la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información. También recuerda que el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos y varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han considerado que la restricción del derecho a la información pública cuando hay de por medio un procedimiento judicial sólo es de aplicación para documentos que han sido elaborados expresamente para esa causa.
Subvenciones y donaciones
No es ese el caso de la información solicitada por Podemos, que reclamó tener acceso a las actas de las reuniones de sus órganos directivos desde su creación, en 2005; las cuentas anuales hasta el último ejercicio cerrado; o su reglamento de régimen interno. También pidió conocer los datos del modelo 347, que es la declaración que las empresas tienen que aportar anualmente a Hacienda con los datos de las operaciones realizadas con terceros de más de 3.005 euros; y del modelo 182, donde se detallan los donativos, donaciones y aportaciones recibidas.
Asimismo, pidió el detalle de las subvenciones y convenios suscritos con la administración pública por el IDP durante sus 13 años de actividad; las remuneraciones recibidas por su personal, tanto los contratados en el régimen laboral como en el no laboral durante todo ese periodo; o el detalle de la oferta formativa desde su creación, con el detalle de los flujos de ingresos por las matrículas y los gastos asociados a cada curso.
Ahora, el Consejo de Transparencia da de plazo a la URJC hasta el próximo 6 de diciembre para que traslade a Podemos la información solicitada y remita una copia al organismo público. La citada resolución pone fin a la vía administrativa, si bien la universidad sí puede recurrir ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el caso de que siga optando por no hacer pública esta documentación. Tiene dos meses de plazo para hacerlo.
