Dos de cada tres ciudadanos están a favor de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales

La paulatina reducción de la jornada laboral para pasar de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 tiene un amplio apoyo social. Dos de cada tres españoles respalda esta iniciativa que se encuentra en fase de negociación en la mesa de diálogo social entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, que no lograron cerrar un pacto para su implementación en su última reunión del pasado 29 de julio. El Gobierno, no obstante, confía en lograr un “acuerdo rápidamente” en las próximas semanas, coincidiendo con el inicio del curso político.

A la espera de ver cómo se resuelva la negociación, el 66% de los españoles respalda que se reduzca la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 mencionadas, según la encuesta de Simple Lógica para elDiario.es. El 25% se muestra en contra y un 9% prefiere no pronunciarse. El grupo de ciudadanos más proclive a la reducción es el de los españoles que se encuentran trabajando. El 68% de los trabajadores en activo respalda la medida (aunque uno de cada cuatro la rechaza), frente al 61% de las personas jubiladas (el 28% de este grupo está en contra) o el 64% de otras personas que en este momento se encuentran inactivas (entre los que un 26% no apoya la reducción).

La diferencia es más pronunciada si se tiene en cuenta el tipo de trabajo de los encuestados. El 71% de los que trabajan por cuenta ajena suscribe pasar de las 40 horas semanales actuales a las 37,5. El porcentaje se reduce considerablemente en el caso de quienes lo hacen por cuenta propia –es decir, autónomos y empresarios–, que se muestran en la misma proporción del 45% a favor y en contra de la medida. Entre el grupo de encuestados que nunca ha trabajado el 52% apoya la reducción, frente al 29% que la rechaza.

Por recuerdo de voto, todos los que en las últimas generales apoyaron a Sumar, el 100%, suscribe las 37,5 horas semanales que busca precisamente la dirigente de esa coalición, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También respalda la reducción el 85% de los votantes del PSOE, frente al 10% de los electores socialistas que se muestran en contra. Existe una clara brecha entre izquierda y derecha, ya que tanto en el caso de los votantes del PP como en el de los de Vox la mayoría está en contra de que se reduzca la jornada laboral. Rechazan la medida el 45% de quienes el 23J apoyaron a los populares –frente al 41% que la respalda– y el 49% de los votantes de la extrema derecha –el 42% dice que sí–.

Los ciudadanos más jóvenes que están iniciando sus trayectorias laborales son los más proclives a la reducción de la jornada, aunque la iniciativa es ampliamente respaldada por la mayoría en todas las franjas de edad. Entre los españoles de entre 18 y 24 el aval es del 70% –frente al 24% que está en contra–, y entre quienes tienen entre 25 y 34 años de edad el porcentaje de apoyo se incrementa hasta el 74% y un 19% de este grupo muestra su rechazo. Quienes tienen entre 34 y 44 años también suscriben ampliamente las 37,5 horas semanales (67% a favor y 25%, en contra), al igual que los de entre 45 y 54 años (el 68% la avalan y el 27%, la rechazan) y quienes se encuentran en la franja de 55 a 64 años (el 66% la respalda y el 25% la censura).

El grupo con menor porcentaje de respaldo –aunque el apoyo sigue siendo mayoritario– está entre la población de 65 años y más. El 59% de los ciudadanos de esta franja de edad avala la reducción de jornada, mientras el 28% la rechaza.

La encuesta, realizada entre el 1 y el 9 de agosto, también pregunta a los ciudadanos si creen que la reducción de la jornada laboral afectará positivamente a todos los trabajadores o, aunque se baje por ley para todos, a una gran parte no les va a afectar. La mayoría, el 43,4%, cree que afectará positivamente aunque también aquí hay matices: uno de cada cuatro (el 26%) considera que será bueno para la mayoría los trabajadores mientras el 17,1% pronostica que será positivo para todos. En el otro lado de la balanza, el 37,2% considera que las 37,5 horas semanales afectarían negativamente al conjunto de los empleados al considerar que los empleadores lo “repercutirán por otra parte” y el 13,2% cree la jornada laboral “se mantendrá igual para la mayoría”.

Con todo, casi la mitad de los encuestados, el 46,7%, considera que su lugar de trabajo podría adaptarse “sin problemas” a la nueva jornada y el 17,4% asegura que se adaptaría, aunque “con algunas dificultades”. Por contra, el 22,7% de los españoles cree que “sería muy difícil o imposible” que su empresa pudiera adoptar la nueva jornada y el 9,3% no está seguro de cómo afectaría una reforma de la legislación a su empleo.

En la última reunión del diálogo social que tuvo lugar el pasado 29 de julio tanto el Gobierno como los sindicatos percibieron cierto cambio de tono en las organizaciones empresariales que podría facilitar el acuerdo en las próximas semanas, aunque las centrales sindicales mantienen el pulso con las movilizaciones de cara a septiembre si finalmente no se logra un pacto que contemplaría una reducción de la jornada semanal máxima de 40 a 38,5 horas para 2024 y a las 37,5 para 2025.

El Gobierno ha planteado tres elementos clave para llevar a cabo la reducción de la jornada: mejorar el registro y control horario, garantizar el derecho a la desconexión digital (no responder correos ni mensajes fuera del horario laboral), que ya está reconocido por ley, y establecer una “flexibilidad suficiente” para implantar la reducción de jornada en aquellos sectores que aún están por encima del tope comprometido en el acuerdo de coalición.

España no es el único país que espera mover ficha próximamente en el entorno laboral. En una línea similar pero no idéntica, esta semana en Reino Unido el partido laborista ha planteado en el marco de los nuevos planes del Gobierno implantar la posibilidad de solicitar la semana de cuatro días laborables. Aunque en este caso se trabaría las mismas horas de forma “comprimida”. Una opción que, sin embargo, según el gobierno británico, no se impondrá a las empresas.