La mañana del 14 de mayo de 2010 fue la última vez que Baltasar Garzón subió las escaleras de la Audiencia Nacional como juez en activo. A mediodía, el Consejo General del Poder Judicial lo suspendió de forma cautelar de sus funciones después de que, dos días antes, el Tribunal Supremo hubiera abierto juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar las atrocidades del franquismo. Alrededor de las dos de la tarde, entre aplausos y lágrimas de jueces, fiscales, funcionarios amigos y centenares de ciudadanos allí congregados, Garzón descendió de nuevo esas escaleras, se montó en el coche oficial y abandonó el tribunal en el que había pasado los últimos 22 años centrado en la lucha contra ETA y el narcotráfico.
De ese primer juicio resultó absuelto, pero detrás vendría otro y ya no volvió a pisar la Audiencia Nacional como magistrado. El órgano de gobierno de los jueces confirmó su expulsión de la carrera casi dos años después, en febrero de 2012, tras ser condenado por unanimidad en la segunda de las tres causas que el Alto Tribunal abrió contra él en un margen de apenas 20 meses, la de la “arbitraria” intervención de las comunicaciones a los abogados de los cabecillas de la trama Gürtel. La tercera investigación, relativa a los patrocinios por parte de varias empresas de dos cursos en la Universidad de Nueva York, no lo llevó al banquillo. Quedó archivada por prescripción sólo cuatro días después de la condena por autorizar escuchas a los abogados de la Gürtell tras dos años de instrucción.
Más de una década después de su expulsión de la judicatura —y de que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaran los recursos contra su condena—, Garzón ha recibido una cierta reparación con el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU. La resolución pone el foco en los puntos oscuros de las investigaciones casi paralelas a las que fue sometido y concluye que no tuvo acceso a un tribunal “independiente e imparcial” en los dos procedimientos por los que fue juzgado, en los que además contaba con el respaldo de la Fiscalía. El comité de la ONU, que exige a España una reparación al exjuez y que elimine sus antecedentes, cuestiona que, al ser condenado por el Supremo por su condición de aforado, se le privara de una segunda instancia a la que poder recurrir su inhabilitación. La resolución de la ONU bucea en el entramado de simpatías y enemistades manifiestas que confluyeron en aquella maraña de denuncias que recibió y que, según el exmagistrado, debían haber implicado la recusación de más miembros de los tribunales que lo juzgaron.
Garzón se convirtió en 2012 en el primer condenado por la trama Gürtel, el caso que él mismo había destapado y que, a la postre, acabó provocando la moción de censura que desalojó al Partido Popular de la Moncloa en 2018. Durante la última década también ha llevado sobre sus espaldas el peso de una condena por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación. La sentencia, de gran dureza, le acusó de “totalitario” y de actuar “prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho” por haber autorizado la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en la cárcel a pesar de que no había “indicios concretos de una posible actuación delictiva” por parte de algunos de esos letrados.
De hecho, fueron esos mismos abogados —excompañeros suyos de la Audiencia Nacional que se habían pasado “al otro lado”— los que acabaron sentándole en el banquillo de los acusados. La querella que dio origen al procedimiento la interpuso Ignacio Peláez, exfiscal que defendía entonces como abogado del empresario José Luis Ulibarri, constructor y magnate de los medios de comunicación en Castilla y León que acabó condenado tras reconocer cinco delitos en Gürtel y que está siendo investigado en otros sumarios de corrupción. A la denuncia de este se sumó después José Antonio Choclán, exmagistrado y en ese momento abogado del principal imputado, Francisco Correa. “La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia”, sentenció el Supremo, que remarcó que el derecho de defensa es un “elemento nuclear” del Estado de Derecho. Ese criterio lo mantuvieron después del Tribunal Constitucional y el de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Pero no aplicó para todos. Tal y como recuerda ahora el dictamen de la ONU, las escuchas ordenadas por Garzón —tras la petición de la Policía y con el amparo de las fiscales del caso— fueron “prorrogadas” después por el juez que le reemplazó en la causa, Antonio Pedreira, quien nunca fue investigado por unos hechos que al primero le costaron su carrera. Pedreira, al igual que Garzón, defendió siempre que esas grabaciones eran válidas porque, según su criterio, algunos de los letrados actuaron como cómplices de sus clientes en determinadas operaciones de ocultación de bienes en paraísos fiscales. El sucesor de Garzón, fallecido en 2015, acordó en septiembre de 2011 archivar la causa para Luis Bárcenas en un movimiento “anómalo” que diversas fuentes vinculan a las presiones recibidas a quien tenía entre manos la instrucción de uno de los principales casos de corrupción de la democracia.
Como se demostraría años después, Bárcenas no era un investigado más. Era el imputado de más rango ligado al PP y seguía a sueldo de la formación a pesar de que había dejado de ser tesorero dos años antes. En marzo de 2012, la Audiencia Nacional reabrió el caso contra él, fue finalmente condenado a 29 años de cárcel por la llamada Época 1 de Gürtel y espera sentencia por el juicio sobre la caja B que se celebró la pasada primavera. Ahora, tanto él como su mujer cumplen condena en las cárceles de Soto del Real y Alcalá de Henares.
En los últimos años, muchos imputados en Gürtel han intentado anular todo el caso con el argumento de la irregularidad de las escuchas ordenadas por Garzón. El Supremo hace alusión a esos pinchazos en la reciente sentencia sobre los negocios de la trama con la empresa pública Aena. Los jueces reconocen que “no puede sino concluirse que se produjo una importante transgresión del derecho de defensa” de los imputados que estaban en prisión, aunque eso no debe llevar a “acordar la nulidad de todo el proceso”. Fue suficiente, explica el Supremo, con “la anulación de las conversaciones y la condena del juez instructor”, medidas que “previenen la reiteración futura de actuaciones de esta naturaleza” sin ser necesario ir más allá, informa Alberto Pozas.
Los crímenes del franquismo
Las escuchas a los abogados de la Gürtel, una actuación controvertida que le hizo perder incluso el favor de juristas de ámbito progresista con los que tenía buena relación, pusieron fin a la dilatada carrera de Garzón. Pero no fue el único procedimiento al que tuvo que hacer frente en veinte meses frenéticos. Tampoco el primero. El 16 de octubre de 2008, apenas diez meses después de la aprobación de la primera ley de memoria histórica y en plena revuelta de los sectores que se oponían a esa norma con el argumento de que reabría heridas y enfrentaba a los españoles, Garzón se había declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo por considerarlas un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad. Admitió a trámite denuncias de víctimas y autorizó exhumaciones en fosas.
Este movimiento contó con el rechazo frontal del entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, miembro de la Unión Progresista de Fiscales. Amigos desde hacía dos décadas —ambos impulsaron la operación Nécora contra el narco gallego y se habían fajado juntos contra ETA o el yihadismo— protagonizaron una guerra sin cuartel a propósito de la competencia del magistrado para investigar esos crímenes. Zaragoza acusó a Garzón de abrir una “causa general” contra el franquismo y de promover una “inquisición prohibida en la Constitución”. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que entonces presidía el conservador Javier Gómez Bermúdez —ponente de la resolución— dio la razón al fiscal en noviembre de 2008. La derrota de Garzón fue abrumadora. Sólo le respaldaron los progresistas José Ricardo de Prada, Ramón Sáez y Clara Bayarri, mientras que otros 14 magistrados estimaron que no era competente en la investigación sobre el franquismo.
Las fuentes consultadas coinciden en que aquella resolución puso en bandeja la querella que el pseudosindicato Manos Limpias presentó contra Garzón en enero de 2009 y que fue admitida a trámite cuatro meses después. A la iniciativa de Miguel Bernad, exdirigente de Fuerza Nueva y que fue condenado posteriormente por utilizar su organización por chantajear a empresas y personalidades, se sumaron la organización ultraderechista Libertad e Identidad y Falange Española de la JONS, aunque esta última acabó expulsada de la acusación por una cuestión formal.
La instrucción de esta causa recayó por sorteo en el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, fundador de la progresista Jueces para la Democracia, que sostuvo que Garzón “decidió conscientemente ignorar u orillar” la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar el franquismo y le reprochó su “ignorancia inexcusable” en relación a esa norma. Tras una instrucción de ocho meses acabó llevándole a juicio con la oposición del fiscal del Supremo, Luis Navajas, que solicitó primero el sobreseimiento y después la absolución. Garzón intentó sin éxito apartar de la instrucción a Varela, con el que siempre fue crítico y al que acusó de “asistir” a Manos Limpias en la “modificación” de sus escritos contra él.
La vista sobre el franquismo tuvo lugar apenas cinco días después de que se celebrase el juicio sobre las escuchas y fue seguida por media docena de observadores internacionales. El Supremo acabó convirtiéndose en una tribuna de excepción para las víctimas de la represión de la Guerra Civil y la posterior dictadura, que comparecieron como testigos para explicar por qué habían acudido a la justicia. “No tengo afán de venganza, pero quiero saber la verdad”, dijo ante el tribunal Olga Alcega, que comenzó a mediados de los setenta a buscar a su abuelo Antonio Alcega, que era cartero en Bureta (Zaragoza) cuando fue fusilado en 1936. Finalmente, Garzón resultó absuelto al entender una mayoría de magistrados que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó. La sentencia se conoció una semana después de su expulsión definitiva de la carrera.
Los cursos patrocinados
Solventados ya los juicios de las escuchas y el franquismo, a Garzón le quedaba todavía el tercero de los frentes que el Supremo había abierto contra él: el de la petición de financiación para dos cursos en la Universidad de Nueva York durante una excedencia de la Audiencia Nacional entre 2005 y 2006. Tras una instrucción de dos años —en la que incluso salieron a la luz las cuentas personales de familiares del entonces juez—, el juez Manuel Marchena, acordó archivar el procedimiento por prescripción sólo cuatro días después de la condena de inhabilitación en Gürtel. El centro universitario siempre negó que Garzón fuera beneficiario directo de esos fondos que Marchena cifró en 1,2 millones de dólares.
La querella fue admitida a trámite el 28 de enero de 2010 y Marchena llevó a cabo una investigación exhaustiva hasta que, dos años después, el 26 de enero de 2012, descartó que Garzón hubiera cometido prevaricación en relación con resoluciones relativas a los patrocinadores de esos cursos. Entonces decidió concentrar su investigación en un supuesto cohecho impropio. Es decir, la recepción de pagos simplemente por ser el magistrado de la Audiencia Nacional quien era en la vida pública. Pero apenas dos semanas después, el 13 de febrero, decretó el archivo.
Marchena asumió que los hechos estaban prescritos —la querella se había presentado más de tres años después de haberse celebrado el último de los cursos— pero en su auto dio por acreditado que Garzón había reclamado “ayuda económica” a empresas —Banco Santander, BBVA, Telefónica, Cepsa o Endesa— a cuyos directivos él mismo había investigado en la Audiencia Nacional. El procedimiento contra Garzón había seguido adelante durante varias semanas a pesar de que ese mismo enero, el Supremo archivó por prescripción una querella contra el entonces presidente del Santander, Emilio Botín, en la que se le acusaba de cohecho por esos pagos.
Garzón acabó fuera de la carrera por la condena de las escuchas autorizadas en Gürtel. De los otros dos casos salió indemne tras meses de estruendo mediático. En su dictamen, el comité de la ONU concluye que los tribunales que le juzgaron no gozaron de la “apariencia de imparcialidad necesaria para su enjuiciamiento”. Y, aunque no los cita expresamente, destaca que dos magistrados que lo condenaron en el caso Gürtel —en alusión a Varela y Marchena— lo habían investigado en causas abiertas contra él coincidentes en el tiempo. De hecho, cuando se celebró ese juicio, Marchena todavía no había cerrado las pesquisas sobre los cursos.
La resolución del comité de Naciones Unidas, muy contundente en el fondo, tendrá un alcance y unas consecuencias jurídicas limitadas porque no tiene carácter vinculante. Garzón, que ha visto respaldados en ese dictamen la mayoría de sus argumentos, ya ha anunciado que pedirá su reingreso en la carrera. Está por ver si volverá a subir de nuevo las escaleras de la Audiencia Nacional como juez en activo.