Cracovia (Polonia), 30 sep (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Polonia aplazó este jueves, por cuarta vez consecutiva, su esperada decisión sobre la prevalencia de la Constitución polaca sobre el derecho común europeo, una sentencia que, en uno u otro sentido, definirá la situación de Polonia en la UE.
Si el TC considera que la Constitución nacional tiene preeminencia sobre las leyes europeas, ello supondrá la desvinculación judicial de este país de la legislación europea.
Si, por el contrario, se concede prioridad al Derecho comunitario sobre el nacional, tal y como se estipuló en el Tratado de Adhesión, el gobierno polaco se quedará sin base legal para mantener los aspectos más polémicos de su reforma judicial de 2015, fuente de conflictos con los tribunales europeos.
La cuestión tiene origen en una pregunta remitida por el primer ministro, Mateusz Morawiecki, en la que pedía que se aclarasen “dudas constitucionales de gran alcance y justificadas” acerca de posibles conflictos entre el Derecho nacional y el europeo.
El juez Marek Szydlo, que forma parte del panel de cinco magistrados constitucionales encargados de dictar sentencia, dijo hace unos días que en el fondo de la cuestión están “la manera en que afecta a la Constitución el derecho internacional, incluido el derecho de la UE, y el papel de la Constitución como ley suprema en Polonia”.
Uno de los conflictos abiertos entre Polonia y el Tribunal de Luxemburgo radica en la legalidad o no de los nombramientos de jueces por parte del presidente polaco.
A los ojos de Europa, el modo en que este proceso se lleva a cabo en Polonia está en conflicto con el Estado de Derecho y coarta la independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, el gobierno polaco defiende que, en otros países europeos, como España o Alemania, existen situaciones similares y, por ejemplo, durante la vista celebrada hoy, el diputado gubernamental Arkadiusz Mularczyk afirmó que “en Alemania, el ministro de Justicia, un político, nombra jueces”.
Por otro lado, la Sala Disciplinaria que el Ejecutivo polaco creó en 2017, se convirtió, desde ese mismo momento, en otro punto de fricción con Europa: el pasado 14 de julio, el TC dictaminó que la orden de suspender el funcionamiento de este organismo era “incompatible con la Constitución”.
A pesar de las promesas sobre cambios en su funcionamiento, el Gobierno polaco mantiene hasta la fecha sin cambios la forma de trabajo de la Sala Disciplinaria, con potestad para sancionar, suspender, trasladar o privar de inmunidad a cualquier juez del país.
A principios de septiembre, la Comisión Europea anunció que había decidido solicitar al TJUE la imposición de sanciones económicas a Polonia por el incumplimiento de su requerimiento y permitir el funcionamiento de la Sala Disciplinaria.
El vicepresidente del gobierno, Zbigniew Ziobro, quien ejerce también como ministro de Justicia y fiscal general del Estado, se ha erigido en uno de los principales críticos de la “discriminación”, pues así la definió, que supuestamente Bruselas ejerce contra Varsovia.
En las últimas semanas, Ziobro ha suspendido temporalmente a dos jueces por ejecutar sentencias basadas en jurisprudencia del TJUE y del TEDH.
Se da la circunstancia de que Bruselas aún no ha aprobado el plan económico de recuperación que Polonia remitió a Bruselas, por lo que de momento está bloqueada la transferencia de fondos que el Ejecutivo tanto necesita para continuar con su generosa política de subsidios sociales.
Ziobro ha relacionado este hecho con los conflictos legales abiertos con Europa y calificó de “agresión” y “guerra legal híbrida” la actitud de Bruselas.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, afirmó el pasado el lunes que la primacía de la legislación de la UE “es una cuestión fundamental, y la Comisión Europea ha sido muy clara” sobre el tema, y agregó que Polonia “sabe lo que tiene que hacer” para conseguir el dinero europeo.
Los continuados retrasos en el fallo del TC polaco, que podrían ahondar en la crisis abierta, e incluso abrir la puerta a un eventual “Polexit”, sirven para que, de momento, el gobierno polaco gane tiempo, si bien es improbable que Bruselas ceda a corto plazo y envíe los fondos a Varsovia antes de conocer la decisión del TC.