El fin de la primera jornada del juicio por el caso Nóos ha puesto en marcha el contador para conocer si la infanta será finalmente juzgada por dos delitos fiscales en grado de cooperadora. El tribunal tiene previsto pronunciarse antes del 9 de febrero sobre las cuestiones previas planteadas en este sentido por la defensa de la infanta, la Abogacía del Estado –en representación de Hacienda- y la Fiscalía Anticorrupción. Pero la última palabra sobre la aplicación o no de la doctrina Botín a la infanta la tendrá el tribunal que sentó esa jurisprudencia, el Supremo.
En cualquier caso, los previsibles recursos a la decisión del tribunal del caso Nóos no interferirán en el calendario previsto. Las tres juezas pueden fallar que la infanta no debe ser juzgada. A Manos Limpias, la acusación popular, solo le restará entonces recurrir en casación ante el Supremo la sentencia que dicte en su momento en el tribunal. En ese recurso puede incluir una rectificación de la aplicación de la doctrina Botín a la infanta, pero el juicio ya se habrá celebrado.
El escenario que deja la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que el Tribunal Supremo tenga ocasión de pronunciarse sobre la misma doctrina que dictó y que, según la interpretación de la Fiscalía, no permite sentar en el banquillo a alguien que no es acusado por ella ni por el perjudicado directo. Para Anticorrupción y la Abogacía del Estado, en el caso Nóos hay un perjudicado claro por el presunto delito fiscal de la infanta: la Agencia Tributaria, y ésta considera que no hay delito en la conducta de Cristina de Borbón.
En el improbable caso de que el Supremo se corrija a sí mismo y tumbe la doctrina Botín, la infanta debería ser juzgada en una nueva vista. ¿Y si ocurre al revés y el tribunal decide no aplicar la doctrina Botín a la infanta? Entonces, podrían recurrir las partes mencionadas –Fiscalía, defensa y Abogacía del Estado-, pero igualmente en casación, esto es, en un recurso contra el fallo que dicte en su momento el tribunal del caso.
Las tres magistradas -Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyá- tienen previsto razonar su decisión sobre la aplicación o no de la doctrina Botín a la infanta en un auto. Habitualmente, las cuestiones previas se resuelven in voce tras unos minutos de deliberación. Pero en este caso, según fuentes jurídicas, optarán por la resolución razonada debido a la complejidad jurídica del asunto.
Sea cual sea su decisión, el 9 de febrero comenzarán a declarar los imputados. El primero de ellos, el exdirector de Deportes de la Generalitat 'Pepote' Ballester, uno de los acusados que ha acordado con la Fiscalía reducir su petición de condena a cambio de reconocer su participación en los hechos y colaborar.
En el caso de que la infanta no se libre del banquillo declarará la última de los 18 acusados. Tendría que asistir desde el 9 de febrero hasta el momento de su declaración a todas las sesiones del juicio, después de que el tribunal rechazara obligar a los acusados a estar presentes en todas y cada una de las sesiones, como reclamaba Manos Limpias.
Para el resto de sesiones, dedicadas a las testificales o las pruebas, los acusados no tendrán que estar presentes. En el caso de que la infanta no sea juzgada, bastará con que acuda a algunas sesiones un representante legal ya que seguiría señalada por la Fiscalía como responsable civil a título lucrativo. En caso de condena a su marido, la infanta debería abonar 587.000 euros que ya ha depositado como fianza, 50.000 menos según un informe pericial de su defensa aportado este lunes.
Entre el 8 de marzo y el 13 de mayo pasarán por la sala de vistas testigos de varios partidos políticos -aunque la palma se la lleva el PP-, la Casa Real y empresarios. En la cúspide del escalafón por cargo ocupado se sitúa el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, quien declarará a petición de la Fiscalía. Pedro Horrach también ha citado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps; y sus exconsejeros Esteban González Pons y Gerardo Camps. También testificarán dos exalcaldes del PP, la de Valencia Rita Barberá y el de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Este último a petición de Manos Limpias.
Por la Casa del Rey, declararán el eximputado Carlos García Revenga, antiguo secretario de las infantas; el que fuera asesor legal del rey José Manuel Romero, conde de Fontao; y el exjefe de la Casa Alberto Aza. También comparecerán como testigos la antigua consellera de la Generalitat catalana Maria Geli, y el exsecretario de Estado para el Deporte con el PSOE Jaime Lissavetzsky, éste último a petición de Urdangarin.
El abogado de Diego Torres intentó este lunes, una vez más, que declararan como testigos Juan Carlos I y Felipe VI, así como la princesa Corinna Sayn-Wittgenstein, pero el tribunal alegó que la Sala ya había rechazado sus pretensiones y que se reafirmaba en esa decisión por no considerar que esas declaraciones aportaran algo relevante para la causa.
Horrach: la declaración de Corinna sería “un reality show”
Antes, en un ataque de sinceridad, el fiscal Pedro Horrach pidió al letrado, Manuel González Peeters, que no continuara con “esta agonía” y que no intentara, con la declaración de la princesa, convertir el juicio en un “reality show” o en la “distracción del vecindario”.
Del 7 al 30 de junio está prevista la última fase: prueba documental, conclusiones e informes de las partes, así como la última palabra de los acusados.