El Tribunal Supremo ha aceptado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy declare como testigo en el juicio del 1-O. En el auto de admisión de pruebas propuestas por las partes, la sala también acepta el testimonio en la vista de la número dos del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el lehendakari Iñigo Urkullu; y el exdelegado del Gobierno en Catalunya, el popular Enric Millo.
Por contra, la sala que preside el magistrado Manuel Marchena ha rechazado dos de los testigos con más carga política propuestos por las defensas: el rey Felipe VI y Carles Puigdemont. En el caso del monarca, porque la ley le impide declarar como testigo en un juicio. Y el expresident, aunque no está acusado porque está huido Bélgica, no puede testificar al estar procesado por rebelión en la misma causa del 1-O, al igual que la exsecretaria general del ERC, Marta Rovira, cuyo testimonio también se ha rechazado.
El tribunal también ha descartado la comparecencia del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, solicitado por las defensas de Oriol Junqueras y Jordi Cuixart para que explicara su whatsapp en el que se jactaba de controlar “por detrás” la sala que juzgará a los líderes soberanistas.
La nómina de testigos aceptados por el tribunal alcanza más de 500 personas. Destacan personalidades políticas que vivieron el otoño soberanista catalán de 2017. Además de Colau y Urkullu, que intentaron mediar entre gobiernos para evitar la declaración unilateral de independencia y el 155, comparecerán el actual presidente del Parlament, Roger Torrent o diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá (ERC), la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal o el expresident Artur Mas. Todos ellos han sido propuestos por las defensas.
El tribunal ha admitido como testigos las 256 propuestas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Se trata de un centenar de policías heridos el 1-O y que participaron en los registros del 20 de septiembre –hechos clave de la rebelión y sedición que sostienen ambas acusaciones–, así como varios investigados en la causa por los preparativos del 1-O en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
Los Nobel, rechazados
Además del rey y Puigdemont, tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular, que ejerce Vox, de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. Entre los testigos descartados por el Tribunal Supremo se incluye a Pilar Rahola, al estimar los magistrados que “son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta”.
Tampoco ha aceptado el Tribunal Supremo la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios Nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston que había solicitado Jordi Cuixart. Los magistrados argumentan que sus valoraciones “son prescindibles” porque no fueron testigos directos de los hechos ni tienen el conocimiento experto de un perito sobre los hechos del juicio.
Asimismo, los magistrados han rechazado la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente de la ONU explicaran al Tribunal Supremo “el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación”. La sala razona que esta pericial no aporta nada a un derecho cuyo contenido material ya se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España.
Sí ha aceptado con condiciones una de las periciales propuestas por las acusaciones que más rechazo causaba entre las defensas. Se trata de dos guardia civiles que comparecerán como “testigos expertos, más que peritos en sentido estricto” para analizar dos documentos clave: la Moleskine del exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové y el power-point Enfocats.
Con streaming cualquiera puede ser observador
El tribunal ha rechazado la presencia de observadores nacionales e internacionales en la sala de vistas. Argumenta el tribunal que “cualquier ciudadano” podrá ser observador gracias a que las sesiones del juicio serán televisadas en directo y mediante streaming en la web del Supremo.
“Se eluden así los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes”, añaden los togados. El auto también fija en dos el número de plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados.