El Tribunal Supremo se ha referido a la polémica por la referencia a Francisco Franco como “jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936” y ha asegurado que “no legitima a Franco ni hace juicios morales sobre su figura”. La afirmación de la controversia consta en el auto de paralización de la exhumación de los restos del dictador, a petición de la familia y de forma cautelar, hasta que haya una decisión firme.
“La referencia en el auto de la sala de lo contencioso-administrativo al cargo de jefe de Estado se hace en el contexto de argumentar que, en este caso, prima el interés público sobre el interés particular de la familia Franco. De ahí la referencia a que la posibilidad de que prosperara el recurso comportaría un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de Franco. Por este motivo también se alude a la necesidad de que la decisión de fondo se adopte a la mayor prontitud”, aseguran fuentes del Tribunal Supremo a eldiario.es.
La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha emitido hoy un comunicado en el que critica y califica de “insólito” el auto del Tribunal Supremo que paraliza la exhumación de los restos de Francisco Franco. Sobre la fecha y la referencia a jefe de Estado, la asociación progresista critican que el Supremo utilice el tratamiento de ‘jefe de Estado’ para el dictador “de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época”
Por su parte, el sindicato UGT ha alertado este miércoles del “nivel de desprestigio altamente preocupante” que está alcanzando, en su opinión, el Tribunal Supremo. En un acto de UGT Madrid sobre innovación, su secretario general, José María Álvarez, ha expresado la “decepción” y “desacuerdo” del sindicato con el fallo del Supremo y ha criticado en particular que los jueces que firman el fallo sostengan que Franco accedió a la jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936, fecha en que el general fue investido como Jefe del Estado por el bando sublevado.
“Situar que un dictador asume la jefatura del Estado cuando hay un presidente legítimo de la República y que lo haga el máximo tribunal del país es un desprecio a la democracia y a las víctimas del franquismo que aún están en las cunetas”, ha denunciado.