El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha reactivado las euroórdenes contra los exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig, huidos de la justicia española en Escocia y Bélgica, según han confirmado a eldiario.es fuentes de su defensa. Las órdenes de captura e ingreso en prisión se emiten por delitos de sedición y malversación de caudales públicos, en el caso de Comin; por delito de sedición, en relación a Clara Ponsatí; y de malversación y desobediencia, respecto a Puig, según ha informado el Alto Tribunal.
Como ocurriera con el expresident Carles Puigdemont el pasado 18 de octubre, la justicia belga preguntará a Comín y Puig si acceden a la entrega a España y, ante su negativa, establecerá una fecha posterior para determinar la eventual entrega. Los exconsellers se pondrán a disposición de las autoridades belgas probablemente mañana miércoles. Está previsto que Ponsatí haga lo propio en Escocia el próximo jueves.
En un auto de 59 páginas, Llarena hace un relato de hechos a partir de las diligencias practicadas hasta la fecha en la causa del procés y considera plenamente justificada la petición realizada por la Fiscalía el pasado 31 de octubre para activar las euroórdenes contra los tres exconsellers citados, una vez que se ha dictado la sentencia del Supremo en relación a otros 12 procesados en el mismo caso.
A su juicio, esa sentencia “reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad”, si bien admite que no es directamente extrapolable a ellos porque todavía no han sido juzgados.
En ese sentido, expone que la sentencia ha fijado que el comportamiento que ofrecía discrepancias de subsunción entre los tipos penales de rebelión, sedición y desobediencia, es constitutivo de delito de sedición. Y ha considerado constitutivos del delito de malversación “los gastos generados por la obtención de toda prestación orientada a la celebración del referéndum ilegal, aún cuando su importe no hubiera llegado a ser satisfecho”.
La petición de la Fiscalía
En el caso de Ponsatí y Comín, huidos a Escocia y Bélgica, respectivamente, la Fiscalía pidió la semana pasada al instructor de la causa, Pablo Llarena, que emitiera nueva reclamación internacional por los delitos de sedición y malversación, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a otros miembros del Govern por los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017. En el caso de Lluis Puig, el Ministerio Público pide que la detención se efectúe por delitos de desobediencia y malversación, en línea con la misma sentencia.
“La emisión de esta nueva reclamación, tras el dictado de la sentencia, permite ajustar de modo exacto la orden internacional de detención y la euroorden a los hechos y títulos de imputación que se han establecido en la sentencia firme del Tribunal Supremo”, dice el escrito de Fiscalía.
El Ministerio Público expone que en los tres casos “se cumplen los requisitos establecidos por la legislación de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la UE que permite a la autoridad judicial española dictar orden de detención y entrega”. “En consecuencia, habiendo sido dictada sentencia firme y siendo esta condenatoria, resulta procedente que se acuerde por el Instructor la prisión, y consecuente busca y captura a tales efectos”, añade el escrito firmado por Javier Zaragoza y Fidel Cadena.
Ahora, las órdenes europeas de detención y entrega se han remitido a las autoridades judiciales competentes de Bélgica y Escocia, además de a las oficinas de coordinación policial europea Sirene. Las órdenes internacionales se han enviado a Interpol para la detención a efectos extradicionales en el caso de que estos procesados se localicen en un país que no pertenezca a la UE.
Por el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la situación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira -huida en Suiza-, y cuyo caso, según avanzaron a Efe fuentes jurídicas, examinará con más detenimiento dado que en el país helvético no funciona la euroorden. La Fiscalía descarta solicitar la aplicación de la euroorden contra la exconsellera Meritxell Serret y la exdirigente de la CUP Anna Gabriel.