El Tribunal Supremo se vuelve a jugar la causa del procés en Europa

Cuatro años después de la apertura de la investigación judicial al procés, el juez Pablo Llarena se vuelve a enfrentar a otra situación comprometida en Europa. Los tribunales italianos decidirán en las próximas semanas si ponen en marcha el proceso de extradición de Carles Puigdemont o si hay que esperar, como mínimo, a que sus homólogos europeos decidan si eso es posible. Por lo pronto, el expresident de Catalunya ha quedado en libertad con un auto que apunta a que goza de la inmunidad que le da el cargo de parlamentario europeo y que dice que la euroorden, en contra de lo que sostiene el juez del Supremo, está suspendida.

Puigdemont, que en un inicio se había comprometido a no abandonar la isla de Cerdeña, ha anunciado este sábado que viajará a Bruselas y volverá a Italia cuando tenga que comparecer de nuevo ante los jueces de ese país, el 4 de octubre. Ese día sabremos si la justicia española suma una nueva derrota en su estrategia para lograr la extradición de Puigdemont o si, por el contrario, logra el primer éxito fuera de nuestras fronteras.

Cuatro años después de que algunos miembros del antiguo Govern huyeran de las consecuencias judiciales del referéndum del 1 de octubre y de la declaración de independencia, el Supremo ha chocado con los tribunales de Alemania, en Bélgica y en Reino Unido. La justicia española mantiene a cero la cuenta de fugados detenidos: la única en pasar por el despacho de Llarena ha sido Meritxell Serret y porque ella decidió volver.

Primer tropiezo: las órdenes de detención

El 30 de octubre de 2017 trascendía que Carles Puigdemont y varios miembros de su Govern destituido estaban en Bélgica. Ese día la Fiscalía interpuso una querella ya anunciada por rebelión contra él y sus consellers, y sólo unos cuantos volvieron a España para responder primero ante la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo. Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig se quedaron en el extranjero y fueron puestos en búsqueda y captura por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional. Unas órdenes internacionales y europeas de detención que asumió el juez Llarena y que supusieron el primer gran escollo internacional de la causa.

El 5 de diciembre de 2017, dos meses después de la apertura de la causa, Llarena daba un giro inesperado y retiraba las órdenes europeas de detención. Dijo entonces que los fugados tenían intención de “retornar a España” y reveló un temor que acabaría confirmándose: quería evitar que la Justicia belga denegara “parcialmente” la “ejecución” de las órdenes de detención y que la causa se convirtiese en un cubo de Rubik.

Segundo tropiezo: Alemania

La suerte internacional del magistrado cambió por sorpresa un fin de semana de 2018. El 25 de marzo de ese año Carles Puigdemont era detenido en Alemania nada más cruzar la frontera con Dinamarca, ingresaba en la cárcel germana de Neumünster y se enfrentaba a lo que se consideró un implacable Código Penal alemán plagado de primos lejanos de la rebelión. Un globo que también se desinfló: trece días después el expresident abandonaba la prisión de Schleswig-Holstein y tres meses después los jueces germanos decidían que Llarena tendría a Puigdemont pero acusado sólo de malversación, no de rebelión.

Una decisión que cayó como un mazazo en la Fiscalía y el Tribunal Supremo. “Si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un land de Alemania no parece muy factible que todo se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica”, dijo, por ejemplo, la sala de apelaciones del Supremo. El 19 de julio de ese año Llarena renunció a la entrega criticando la “falta de compromiso” de sus colegas alemanes con la cooperación internacional.

Tercer tropiezo: acta e inmunidad

Dentro de nuestras fronteras la consigna estaba clara: seguían acusados de rebelión y podían ser detenidos en cualquier momento. Pero un nuevo giro de guion pondría la ficha de la inmunidad parlamentaria encima de la mesa: Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí conseguían escaños en las elecciones europeas de 2019. También lo consiguió Oriol Junqueras pero nunca pudo salir de prisión para tomar posesión, aunque su caso supuso una severa derrota para el Tribunal Supremo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció en diciembre de 2019 que tendría que haber podido tomar posesión sin necesidad de jurar o prometer el cargo, y eso abrió la puerta a que unos días después Puigdemont, Comín y Ponsatí estuvieran recogiendo sus acreditaciones en el Parlamento Europeo.

Este reconocimiento introdujo una nueva variable: la inmunidad de los eurodiputados. El Tribunal General de la Unión Europea tardó más de dos años en avalar la retirada de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí en un terremoto que todavía hoy tiene eco: la jueza italiana explica en su auto de este viernes que entiende que el expresident está protegido por la inmunidad parlamentaria para ir a la Eurocámara si así lo necesita. Y es aquí donde entra en juego la gran barricada de los líderes independentistas: el caso de Lluís Puig.

El gran tropiezo: Lluís Puig

El 8 de enero de 2021 la Justicia belga asestaba un nuevo mazazo a la rama internacional de la causa del procés. Ese día la Fiscalía renunciaba a recurrir su negativa a entregar al exconseller de Cultura: los jueces belgas entraron hasta la cocina del razonamiento y entendieron que el Tribunal Supremo no era el competente para enjuiciar a Puig, sino los tribunales catalanes. Después de ese varapalo, Llarena movía una nueva ficha: el 9 de marzo lanzaba una cuestión prejudicial con siete preguntas para que los tribunales europeos se pronunciaran sobre las órdenes europeas de detención y su alcance. De la respuesta dependían sus próximos pasos hasta la detención de Puigdemont en Italia.

El TJUE tendrá que dictar sentencia y esa resolución puede dar la vuelta a la tortilla pero, mientras tanto, supone un nuevo obstáculo para el Supremo. La jueza italiana, en un primer auto, entiende que la existencia de esta cuestión prejudicial mantiene en suspenso la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont, que no tendrá que volver al juzgado en Cerdeña hasta el 4 de octubre. Este sábado anunció en una rueda de prensa que volverá este lunes a Bruselas y regresará el 4 de octubre a la isla italiana para comparecer ante el tribunal de Sassari. “No le vamos a fallar a nuestra estrategia ni a la justicia italiana. El día 4 compareceremos juntos, en persona, y nos llevaremos el resultado que todos sabemos que nos vamos a llevar”, afirmó su abogado, Gonzalo Boye.

Además, su defensa también pedirá la próxima semana —el lunes o el martes— al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que restituya las medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad de Puigdemont, Ponsatí y Comín. Aunque en una primera instancia, el tribunal con sede en Luxemburgo accedió a una paralización provisional de esa medida, en un auto del pasado 30 de julio las desestimó al considerar que no corrían riesgo de ser detenidos en otros países de la UE, salvo España, mientras se decide la cuestión prejudicial presentada por el Supremo. 

“Creemos que es muy importante la resolución que dictó ayer [por el viernes] el tribunal de puesta en libertad porque marca el camino hacia donde va esto. Pero, evidentemente, una cosa es que resolvamos el problema aquí y otra es que estemos tranquilos para que los eurodiputados puedan seguir circulando libremente. Eso implica que, necesariamente, el TGUE va a tener que restituir las medidas cautelarísimas que en su día planteamos y que en su día acordaron”, dijo el abogado del expresident. 

El balance del periplo internacional de la causa del procés es profundamente negativo para el Supremo, al menos hasta la fecha. Ninguna orden de detención ha prosperado por el momento y la única persona fugada que ha terminado en el Alto Tribunal es Meritxell Serret: la exconsellera de Agricultura apareció por su sede el 11 de marzo de este año para sorpresa del gran público sin necesidad de detención y cuando su horizonte penal parecía bastante más despejado que hace tres años.