La ofensiva armada de Rusia sobre Ucrania deja ya una semana de enfrentamientos y, según los datos del ejecutivo de Volodímir Zelenski, más de 350 civiles muertos en su país. Mientras ambos gobiernos empiezan unas negociaciones preliminares para intentar alcanzar un alto el fuego, la Justicia internacional ya ha puesto la lupa sobre los crímenes de guerra que estaría cometiendo el ejército ruso. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado la apertura de una investigación mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), alto órgano judicial dependiente de Naciones Unidas, tomará la semana que viene una decisión sobre las medidas cautelares que ha pedido Ucrania. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también ha exigido a Moscú el alto el fuego contra los civiles y que respete las instalaciones médicas.
Los representantes legales de Ucrania han acusado al país de Vladimir Putin de estar “matando e infligiendo lesiones graves intencionadamente” a los ucranianos y ha pedido a la CIJ que imponga medidas cautelares a Moscú. El objetivo es “evitar perjuicios irreparables a los derechos de Ucrania y su pueblo” y evitar también que el conflicto se alargue en el tiempo.
En un comunicado emitido ayer a última hora de la tarde, la Corte Internacional de Justicia convocaba a los representantes de ambos países para expresar sus argumentos por videoconferencia el 7 y 8 de marzo de la semana que viene. La presidenta del Tribunal, además, ha exigido a Rusia que debe “permitir que cualquier orden que la Corte dicte sobre la solicitud de medidas cautelares tenga sus efectos apropiados”.
Tal y como informaba ayer la agencia EFE, esta no es la primera vez en que el alto tribunal de Naciones Unidas aborda el conflicto entre los dos países: ya se declaró competente a finales de 2019 para juzgar el apoyo de Rusia a las milicias prorrusas del Donbás.
El fiscal de la Corte Penal Internacional
Estas medidas cautelares discurren en paralelo al último movimiento llegado también desde La Haya: la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, organismo independiente de la ONU y diferente de la Corte Internacional de Justicia, de abrir una investigación. En este sentido, diversos expertos cuestionan que Rusia llegue a responder por el ataque ante los tribunales internacionales: ni Rusia ni Ucrania, por ejemplo, están sujetos al Estatuto de Roma y eso complica que el caso pueda prosperar en La Haya como sí sucedió con la guerra de los Balcanes o el genocidio de los rohingya.
El comunicado emitido por el fiscal Karim Ahmad Khan a principios de semana ya explicaba algunas de estas reticencias. “He pedido a mi equipo que explore todas las vías para preservar pruebas. El siguiente paso es buscar y obtener la autorización de la Corte para abrir una investigación. Una ruta alternativa sería que un estado miembro de la Corte Penal Internacional denunciara la situación ante mi Oficina, lo que nos permitiría proceder de manera inmediata y activa”, explicaba el texto.
Pero también reconocía que Ucrania no ha suscrito el Estatuto de Roma por el que se rige la Corte Penal Internacional y, por tanto, “no puede denunciar la situación” ante la oficina por su cuenta. La puerta está abierta, según el fiscal, porque sí se ha aceptado en dos ocasiones la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra que denuncia Ucrania desde noviembre de 2013 y eso abre una vía, según el fiscal, a proceder con una investigación.
María Ángeles Ruiz Colomé, profesora titular de derecho público internacional de la Universidad Complutense de Madrid, explica en conversación con elDiario.es que el procedimiento no es comparable con el que podría abrir en otra situación cualquier otra Fiscalía. “La justicia en el ámbito internacional es siempre voluntaria, los estados aceptan que se les juzgue o no, son soberanos y no pueden ser llevados a tribunales por otros estados salvo que ellos quieran”, explica. Ucrania sí ha pedido voluntariamente someterse a la jurisdicción de la Corte pero Rusia, añade, “no es parte ni se ha sometido a la competencia”.
El fiscal, explica la profesora de la UCM, no está iniciando una causa como tal sino una investigación en la que pide asesoramiento a otros países que puedan recabar la información que necesita sobre lo que está pasando en Ucrania. “Hasta ahí lo entiendo posible y correcto”, dice Ruiz Colomé. La decisión de abrir o no una causa como tal, además, no es de Khan: “Quien decide la competencia de la Corte es la propia Corte, no es el fiscal. El fiscal inicia la investigación y la presenta a la sala de cuestiones preliminares, que es quien decide si entra a trámite o no esa investigación, como causa contra un Estado”, explica.
Otra opción con nula viabilidad es que la denuncia pueda llegar a la Corte Penal Internacional desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde dos miembros con derecho a veto no figuran entre los favorables a una hipotética investigación: la propia Rusia y China. “Tiene que tener el beneplácito de los cinco estados permanentes con derecho a veto, entre los que están Rusia y China”, explica. Manuel Ollé, experto consultado igualmente por este periódico, también descarta esta posibilidad a día de hoy: “Es totalmente imposible porque Rusia pertenece al Consejo y no lo va a activar”, zanja.
El abogado Manuel Ollé es un especialista en derecho penal internacional que, entre otras cosas, impulsó en la Audiencia Nacional la acusación contra los responsables de la matanza de varios jesuitas españoles en El Salvador o por las desapariciones en los años setenta en las dictaduras de Argentina y Chile. Destaca igualmente que ni Ucrania ni Rusia han suscrito por el momento el Estatuto de Roma y que, incluso en caso de abrirse algún tipo de investigación, sería problemática: “Va a ser muy difícil poner a disposición de la Corte Penal Internacional a todos los investigados rusos”, aventura.
El letrado considera que esta es “una buena medida preventiva, pero la eficacia la veo muy limitada”. “La Corte Penal Internacional no tiene una policía propia. ¿Quién va a poner a disposición de la Corte a los que están en Rusia y son los supuestos responsables?”, se pregunta.
Ruiz Colomé, de la Universidad Complutense de Madrid, recuerda que Ucrania se sometió a la competencia de la Corte Penal Internacional en 2014 y que eso puede suponer un punto a favor de la viabilidad de una hipotética denuncia. “Cuando un Estado se somete a una competencia muestra la voluntad de que juzgue la situación. Lo que sucede es que Rusia no es parte ni se ha sometido a la competencia. Pero si recibe apoyos de otros estados, la iniciativa del fiscal de la Corte puede prosperar”.
Ollé explica las tres vías por las que este caso podría llegar a la mesa de los jueces de la Corte Penal Internacional: “Que hayan firmado el Estatuto de la Corte, que no lo han firmado ni Ucrania ni Rusia, que el Consejo de Seguridad plantee una denuncia o, en tercer lugar, que Ucrania acepte la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. Ruiz Colomé expone las escasas posibilidades de que Rusia, en un hipotético proceso ante la Corte, entregase a los supuestos responsables o al propio Vladímir Putin en caso de que abandonase el país: “Pinochet lo hizo erróneamente y por poco lo ajusticiamos aquí”, afirma al recordar el caso del dictador chileno detenido en Londres en 1998 por orden del juez español Baltasar Garzón.
En las últimas horas ha sido otro organismo judicial europeo el que ha entrado en juego para exigir a Rusia que cese en sus ataques contra civiles ucranianos: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. En un comunicado hecho público este martes tras una petición del ejecutivo ucraniano, el organismo se ha dirigido a Moscú también para que garantice la seguridad de las instalaciones médicas y su personal en los territorios que está atacando. De la misma manera, pide que Rusia informe “lo antes posible” de las medidas que pone en marcha para cumplir con el Convenio Europeo de Derechos Humanos durante la invasión de Ucrania.