La empresa a la que Federico Trillo facturó 354.000 euros por su asesoramiento en tres años se vio beneficiada por decisiones de la consejería en la que su hermano era alto cargo. El Grupo Collosa obtuvo la titularidad para al menos dos parques eólicos en el tiempo en el que Pablo Trillo-Figueroa ocupaba la Secretaría General de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, que era el departamento encargado de resolver esas adjudicaciones.
El hermano del exministro ha pasado por varios puestos de responsabilidad en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, que ahora se ve salpicado por el escándalo de las concesiones de explotación de parques eólicos. Pablo Trillo-Figueroa, que en la actualidad es delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, está imputado por un presunto delito de malversación relacionado con la compra y venta de unos terrenos por parte de varias sociedades públicas. Junto a él hay una veintena de altos cargos imputados por ese caso, investigado a instancias de la Fiscalía.
En la investigación de las licencias de los parques eólicos, Hacienda apunta a la “existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de compañías eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de esas concesiones, según el informe al que tuvo acceso El País.
Una de las empresas sobre la que Hacienda sospecha es el Grupo Collosa, al que Trillo facturó 354.000 euros desde febrero de 2006. Mientras el entonces diputado asesoraba a la corporación y su hermano era secretario general de la Consejería de Economía, ese departamento concedió a Collosa la titularidad de al menos dos de los parques eólicos de la comunidad.
Uno de los acuerdos para la explotación del parque eólico de Valdihuelo se llevó a cabo en 2005 entre una de las filiales de Collosa (Inverduero) y Endesa. La autorización para la explotación del parque eólico se resolvió el 30 de agosto de 2006, cuando Trillo llevaba asesorando a Collosa medio año. La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa recompró las acciones por 2,485 millones, según informa El País.
El inspector de Hacienda apunta a esa colaboración de empresas locales con eléctricas para las autorizaciones de los parques. “Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad”, resume el inspector que firma el escrito.
Según ese documento, las empresas locales con las que se llegaba a acuerdos eran “propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”.
El PSOE dice que Trillo mintió sobre su labor en Collosa
El inspector de Hacienda sospecha que “todas estas actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León, y de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre ambos”.
El otro parque que la Consejería de Economía dio al Grupo Collosa mientras los hermanos Trillo estaban en cada una de las partes fue el de La Mallada, que se quedó en manos de su filial Ider. Esa tramitación –que concluyó el 10 de marzo de 2006, justo un mes después de que Collosa contratara los servicios de Trillo– comenzó en 1998.
El PSOE ha acusado a Trillo de haber mentido en sus explicaciones sobre la relación con Collosa. “Cuando habló de su contrato de 9.000 euros por tomar un café con la empresa Collosa, dijo que no tenía nada que ver con la obra pública, ni con la instalación de los parques eólicos que ya se habían producido –ha relatado la diputada socialista Soraya Rodríguez–. Y mintió. Mintió porque en septiembre de 2005 su hermano, Pablo Trillo-Figueroa, fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, consejería que gestiona las licencias y que está en el centro de la trama. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, se firma el contrato de asesoramiento de Trillo con la empresa Collosa”.