La acusación popular que ejerce Podemos ha recurrido la negativa del juez Manuel García Castellón de reabrir el caso Kitchen e imputar a María Dolores de Cospedal pese a que, según la formación política, los últimos audios publicados han dado “un giro copernicano” a las pesquisas, desbaratando el argumento del instructor de que las reuniones entre la secretaria general y el comisario tenían un mero carácter “social”.
Podemos se plantea la utilidad de que el caso Villarejo esté dividido en piezas a la hora de investigar la organización criminal del policía. Un ejemplo, añaden, es la pieza 7 o Kitchen. “Ante la existencia de los nuevos indicios probatorios, en la cúpula de la organización criminal estarían presuntamente la señora Cospedal y el señor Rajoy bajo su mando, los cargos políticos del Ministerio del Interior”, tanto los políticos, como Jorge Fernández o Francisco Martínez, ambos imputados, o Ignacio Cosidó, que ni siquiera ha declarado como testigo.
En un tercer escalón, añade Podemos, se sitúan la retahíla de uniformados que habrían ejecutado los planes de los anteriores. Villarejo, además, habría actuado “de forma paralela” a las órdenes “directas” del Partido Popular “con su propia estructura empresarial y presuntamente criminal”.
Los mandos policiales tenían como fin “proteger a través de todos los medios a su alcance al Gobierno del Partido Popular del escándalo de corrupción que se estaba investigando judicialmente”. Esos mismos policías, añade la acusación, habrían tenido también el encargo de “perjudicar al partido político Podemos y a sus dirigentes”. “Se habría ordenado la fabricación y difusión de información falsa contra la referida organización política, en clara connivencia –como los audios publicados han constatado claramente– con determinados medios de comunicación”, añade.
La acusación popular de Podemos pide que, además de Cospedal, se vuelva a imputar a su marido, Ignacio López del Hierro, y al que fuera jefe de gabinete de la secretaria general del PP, José Luis Ortiz Grande. Se trata de investigar, añade el escrito, “quién dio la orden de iniciar la operación Kitchen, presuntamente Cospedal y Rajoy”. La acusación popular recurre en apelación, sin pasar por el juez, para que sea la Sala de lo Penal quien decida.
En este sentido, Podemos pide que Kitchen se prorrogue seis meses y se incorporen todos los audios publicados, con el consiguiente cierre de la pieza número 34, recién abierta por el juez para investigar el origen de estos.
En uno de los audios publicados por El País, Cospedal pide a Villarejo que pare la publicación de “la libretita”, en alusión a los papeles de Bárcenas sobre los que se asienta el caso de la caja B del PP.
“Estos hechos nuevos ponen claramente de manifiesto que María Dolores de Cospedal, en contra de cuanto declaró en sede judicial, estaría perfectamente al tanto de la situación y daba órdenes sobre los principales objetivos para desbaratar la acción de la justicia contra la trama Gürtel y más específicamente en lo que afectaba tanto a ella como a su formación política”, recoge el escrito de la acusación.
Podemos, en sintonía con Anticorrupción y Asuntos Internos, expone la relevancia del cotejo de las grabaciones y las anotaciones de las agendas de Villarejo. Unas y otras concuerdan dando credibilidad a su contenido. Y ambas con las declaraciones del espiado, Luis Bárcenas. Los nuevos audios suponen, por tanto, “una corroboración más de los hechos investigados sobre personas que ya fueron declaradas investigadas, reforzándose todo ello con nuevos indicios”.
La decisión del juez de crear una pieza separada para conocer el origen de los nuevos audios –pese a que Asuntos Internos ya le adelanta que proceden de Villarejo– representa, según Podemos, un separación “artificiosa” de estos nuevos indicios y de los ya acumulados en la pieza que va camino de juicio y en la que no está imputada Cospedal.
“Algunos jueces son un peligro para España”
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado esta mañana de “encuentros mafiosos” las reuniones entre Cospedal y Villarejo. “Para buena parte de los españoles y españolas, determinados jueces constituyen un peligro público, y lo son porque muchas veces su parcialidad arrastra por el suelo el prestigio de la justicia española. Lo son, porque en España hay corruptos que en ocasiones se van de rositas y no son juzgados por los tribunales en buena medida por la pasividad de algunos jueces. Lo son también porque algunos jueces son cómplices de maniobras para atacar a determinados adversarios políticos a través de la persecución judicial. Desde Podemos lo conocemos bien”, ha dicho Fernández.
A continuación, el portavoz de Podemos ha añadido: “Da igual que García Castellón jamás haya logrado algún indicio sobre Podemos, da igual que la Sala superior le haya corregido en innumerables ocasiones. Los autos son una fábrica de titulares que utiliza la derecha politica y mediática”.