La investigación de la Guardia Civil respecto al papel de José Luis Ábalos en la trama de corrupción conocida como 'caso Koldo' sitúa la vieja corrupción, consistente en prebendas a cambio de concesiones y dinero público, en el ministerio del primer Gobierno de Pedro Sánchez. Los indicios recabados y su estética retrotraen a los grandes casos de la década de los 2000 y la siguiente con el agravante de que ahora afectan a quien fue ministro del Gobierno. El disfrute de un chalet a cambio de su intercesión en contratos o el pago del alquiler de la vivienda de quien era su pareja son los ejemplos más significativos.
Las afirmaciones de la Guardia Civil en un informe de 233 páginas son contundentes al referirse al exministro, a quien atribuyen un “papel relevante y de responsabilidad”. Atrás quedan las comparecencias públicas de Ábalos defendiendo con firmeza su inocencia, decepcionado con su partido por haber sido expulsado y denunciando una conspiración contra él. “Yo no formo parte de ninguna trama y lo más importante es que no me beneficié absolutamente de nada”, dijo este jueves tras conocerse el informe de la Guardia Civil que pide investigarlo.
Sin embargo, las conclusiones de la Guardia Civil ya han sido tomadas en consideración por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que se dirigió este mismo jueves al Congreso para conocer formalmente su condición de aforado. Diputado raso, sin adscripción ya al Partido Socialista, donde llegó a ser el número dos, el exministro de Transportes deberá ser investigado por el Tribunal Supremo, ante el que está aforado. Los primeros pasos del juez anticipan que solicitará al Alto Tribunal que abra formalmente una causa penal contra él.
El caso Koldo cuenta con el agravante del momento en el que se produjeron los hechos. El dinero público salía de las administraciones con controles menos estrictos por la situación de emergencia de la COVID y la situación fue aprovechada por comisionistas y empresarios dispuestos a delinquir para sacar tajada. En el caso de Víctor Aldama, el “elemento corruptor” del caso Koldo, según los investigadores, su poder de penetración llegó hasta la sala de máquinas del Ministerio de Transportes.
Una incursión facilitada por Koldo García, quien pasó de portero de prostíbulo o guardia de seguridad —condenado por dar palizas— a asesor y mano derecha de Ábalos, con mucha influencia en el Ministerio y asiento en consejos de administración de varias empresas públicas. Entre ambos se fraguó a partir del verano de 2018 una relación “única y directa” engrasada por las dádivas del empresario, que le pagó durante meses 10.000 euros en metálico, además de otras retribuciones extraordinarias. A cambio, el asesor le proporcionaba “información privilegiada” y acceso a “instancias superiores”, incluido Ábalos, al que los integrantes de la trama llamaban ‘el jefe’.
El alquiler de lujo de su pareja
La salida de Ábalos del Ministerio se produjo hace ya tres años, pero nunca fue explicada ni en el Gobierno ni en el PSOE. Entre rumores sobre la influencia de su vida privada en su labor de ministro, la duda sobre el verdadero motivo del cese es devuelta al primer plano por el informe de la UCO que conduce a su imputación.
Después de un año de investigación, este atestado policial desvela por primera vez las “contraprestaciones” que habría recibido fruto de sus gestiones para la trama. No constan, por el momento, mordidas en forma de pagos en efectivo. Pero sí otras dádivas que han sacado a la luz siete meses de pinchazos telefónicos, centenares de correos intervenidos y el volcado de 170 dispositivos electrónicos —entre móviles y ordenadores— requisados a los miembros de la red y las personas vinculadas a ella.
Las pesquisas de la UCO acreditan que Aldama abonó hasta 32 mensualidades de alquiler del apartamento en el que residía una mujer, llamada Jessica, que en esa época tenía una relación sentimental con el exministro. Un apartamento de lujo, situado en el edificio Torre de Madrid de la Plaza de España de la capital, y por el que se pagaban 2.700 euros al mes.
A través de un presunto testaferro y personas y sociedades bajo su control, el supuesto conseguidor abonó esa renta desde marzo de 2019 a septiembre de 2021. En total, 82.298 euros. Además, la mujer estuvo contratada como auxiliar administrativa en Ineco, empresa dependiente de Transportes, donde reportaba sus tareas a Joseba García, hermano de Koldo, y también colocado en esa empresa pública.
Un chalé de medio millón de euros
No fue la única dádiva que según la Guardia Civil recibió Ábalos. La UCO también considera en su informe que existen “múltiples evidencias” de que hizo un “uso real” de un chalé de lujo situado en la urbanización La Alcaidesa, cerca de Sotogrande, comprado por Aldama a través de otros supuestos testaferros. “En concurrencia de indicios (...) vincularía la participación de Ábalos en los contratos investigados con la compra por parte de Aldama de un chalet para el propio exministro”, figura en el atestado que ya está en poder del juez.
Los correos analizados por la UCO muestran cómo el entonces ministro llegó incluso a sugerir a su asesor durante los meses previos varios inmuebles en esa urbanización. De hecho, el primero de esos correos con enlaces de la plataforma inmobiliaria Idealista se produjo sólo cuatro días después de la adjudicación de uno de los contratos de mascarillas a la empresa investigada por parte del Ministerio del Interior.
La unidad policial asegura también que el asesor se encargaba de aquellos “pormenores” que podrían resultar del interés de su jefe, como el destino a dar al mobiliario existente en la casa. “Koldo habría sido el encargado de realizar la selección del inmueble con los criterios recibidos de parte de Ábalos”, dice la UCO. Una selección que quedó resuelta en enero de 2021.
Según el informe policial, Aldama gestionó la compra del chalet de 526.500 euros sirviéndose, primero, de unos empresarios venezolanos; y, después, valiéndose de otro fraude que se le atribuye en el sector de los hidrocarburos por el que este mismo jueves fue enviado a prisión. A cambio, el empresario Claudio Rivas —también encarcelado este jueves— pretendía recibir una licencia para la venta de combustible. El 10 de julio, un mes después de la firma de la casa, Ábalos fue destituido.
Medio año más tarde, en diciembre de 2021, el Ministerio de Industria denegó dar a la empresa de Claudio Rivas el título para operar en el mercado de hidrocarburos al por mayor. La decisión enfadó al empresario, que advirtió a Aldama de que el nuevo escenario iba a “traer problemas” y “muy serios”. La UCO ve “una relación causa-efecto entre la negativa por parte de Industria y el desalojo de Ábalos del chalet”.
La Guardia Civil también vincula estas “contraprestaciones” con las gestiones de Ábalos a favor de la empresa que se llevó los millonarios contratos de mascarillas durante la pandemia. Así, relaciona “la decisión de contratar con Soluciones de Gestión [la empresa adjudicataria de los contratos bajo sospecha] con la compra por parte de Aldama de un chalet para disfrute del propio exministro”. De hecho, el atestado circunscribe a Ábalos la orden final que llevó a un ente público del perímetro del ministerio —Puertos del Estado— a contratar con esa empresa. El contrato ascendió a 20 millones de euros.
El documento policial recoge cruces de correos entre altos cargos de ese ente que muestran que era el propio Ábalos quien “se encontraba al cargo” del contrato. “Le (sic) dicho que las gestiones las estaba llevando él directamente”, escribió en un mensaje el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares —imputado y cesado el pasado marzo por Óscar Puente— a Koldo García en alusión a Ábalos. Los investigadores concluyen que la actuación del entonces ministro “habría resultado crucial para que la ejecución del contrato entre Puertos del Estado y Soluciones de Gestión fuera llevada a cabo, al margen de que hubieran ofertas posteriores que ofrecían mejores condiciones”.