El arresto de Ignacio González frustró la adjudicación a su esposa de guarderías en Salamanca
El grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refleja en un informe del pasado 10 de abril sobre el Caso Lezo que Lourdes Cavero, la mujer del expresidente madrileño Ignacio González, acudió en febrero de 2017 al Ayuntamiento de Salamanca, meses antes de que se licitase la gestión de varias guarderías. Aunque el matrimonio daba por hecho que le adjudicarían la gestión de estas, la investigación y posterior arresto de González frustró sus planes: el concurso se publicó en el Boletín oficial de la provincia el 23 de mayo, apenas un mes después de que González hubiese sido detenido (19 de abril).
Dos conversaciones entre los cónyuges demuestran que Lourdes Cavero trató directamente con el Ayuntamiento de Salamanca la concesión de las guarderías. El 1 de febrero de 2017, Cavero llama a su marido y le dice que está “en el Ayuntamiento (de Salamanca)” y que ha estado “con el que lleva una cosa de la Fundación de Cultura o no sé qué, que es de lo que depende aquí lo de las guarderías”. En efecto, es la Fundación de Cultura y Saberes del Ayuntamiento la que posteriormente (tres meses después de acudir Cavero al Consistorio) licitaría.
Una de las condiciones para optar a la concesión era que las empresas interesadas visitasen las guarderías municipales que había que gestionar para que en función de lo que viesen presentasen su proyecto. Esas visitas se produjeron tres días después de que se publicase el concurso en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el 25 de mayo. Sin embargo, las escuchas de la UCO demuestran que Lourdes Cavero lo hizo tres meses antes. Exactamente el 8 de febrero. Esa es la fecha en la que Cavero llama a su marido para decirle que ha estado viendo las guarderías y que están “impecables”. Destaca la UCO que “esta circunstancia pone de manifiesto la participación de Lourdes Cavero en la puesta en marcha del negocio”.
Los González-Cavero se habían asociado a finales de 2016 con una empresa de Castilla y León dedicada a la educación infantil, Mis Pollitos S.L, y crearon otra mercantil, Grupo Empresarial Chickies. La UCO destaca que el objetivo parecía ser aflorar dinero B y que las relaciones de la socia de Cavero, Carmen Pazos, con políticos locales, era aparentemente la vía para conseguirlo. Es Cavero quien busca inversores que, según las conversaciones, saldrían de la mercantil después del primer año. El informe de la UCO, al que ha tenido acceso eldiario.es, considera que la desinversión de los accionistas (todos con relación familiar o de amistad con los González-Cavero) “carece de toda lógica societaria y financiera” y que “se infiere” que el matrimonio planeaba “instrumentalizar la operación societaria para aflorar capital de origen indeterminado”. De los inversores, destaca la Guardia Civil que son llamativas las grandes sumas que aportan, cerca de medio millón de ellos entre todos “a pesar de su juventud”.
Como en las conversaciones entre los hermanos González hablaban de que Cavero se quedaría con “el B liberao”, tras hacerse con el control absoluto de la sociedad, la Guardia Civil considera que los fondos que aportan pertenecen en realidad al expresidente, que son de origen indeterminado y que esa es la forma de que su mujer acceda “veladamente” a ellos. Cavero acordó con su socia una retribución de 4.000 euros mensuales y aportó un proyecto educativo “de dudosa veracidad e incompatible con su perfil” valorado en 197.000 euros.
Tanto Ignacio González como su hermano Pablo daban por hecho que la concesión sería suya. En noviembre de 2016, tal y como adelantó El Español, el primero comentaba que les iban a dar “cuatro” guarderías municipales y que conocía bien al alcalde de Salamanca, y presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco -éste negó en un comunicado tener relación con quienes le aludían y lo redujo a un único encuentro en 2011-.
En el momento en que los González hablan de las cuatro guarderías, el pleno del Ayuntamiento de Salamanca ni siquiera había acordado la licitación. Lo haría cinco meses después, el 25 de abril de 2017, de lo que se puede deducir que ya desde ese momento obtuvieron información privilegiada.
El negocio no acababa de gustar a Pablo González, hermano del expresidente y directivo de Mercasa. En enero de 2017, en una conversación con el padre, a quien recientemente se ha archivado una causa por blanqueo de capitales, y en la que interviene también la madre para hablar de la mercantil de Cavero, les dice: “pues muy mal hecho, dile que ya se lo diré yo [...] Claro, cuanto menos figure […] Porque cuanto menos figure ella, mejor […] Pero bueno, papa, que cuanto más discreto sea, mejor”. La conclusión de la UCO es que es muy escéptico ante la posible exposición judicial y mediática de su cuñada. Además, le dice a su padre que el negocio lo ha hecho él, lo ha estudiado entero, y lo ve “regulín”, pero que “si se quieren meter ahí, que se metan.
Efectivamente, los González-Cavero siguieron adelante con su planes, si bien Ignacio González no estaba del todo convencido de la “operación muy rara” que había hecho su esposa, según una conversación interceptada con una mujer sin identificar, a la que le cuenta que a él le gustaba más otro grupo de guarderías. Algo que destaca la UCO es que no se interceptó ninguna llamada en la que el matrimonio buscase financiación bancaria para soportar el coste de la puesta en marcha del proyecto.
