La Unión Europea discutió hoy en Bruselas una regulación de protección de datos de cumplimiento flexible para las pequeñas y medianas empresas y del sector público para apaciguar las preocupaciones de nueve países miembros que creen que la norma traerá demasiados quebraderos de cabeza a las compañías.
Los ministros de Justicia de los Veintisiete discutieron por primera vez la reforma a la normativa de protección de datos puesta sobre la mesa por la Comisión Europea y que entre otras disposiciones establece que las compañías de más 300 trabajadores tengan una figura que se encargue de proteger los datos personales.
La mayoría de delegaciones nacionales aplaudieron la renovación de la normativa -el anterior reglamento de protección de datos es de la era predigital (1995)- pero mostraron salvedades respecto a las obligaciones que contraerán las empresas y pidieron que la figura del delegado de datos sea opcional en vez de obligatorio.
Reino Unido, Dinamarca, Hungría, Eslovenia, República Checa, Suecia, Estonia, Alemania y Lituania fueron los más reticentes.
La delegación británica destacó el alto coste para las empresas, mientras que Estocolmo, por ejemplo, teme que nuevas obligaciones para las empresas públicas y los datos personales dificulte seguir aplicando su tradicional transparencia con los documentos públicos.
La posición de España, aunque más abierta con el conjunto de la propuesta, también pide “algunos matices”, dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
En su intervención en el debate público, el ministro afirmó que España quiere “mantener un alto grado de protección en el tratamiento de datos”, pero “tratando de evitar cargas burocráticas no deseables”.
Igualmente, Gallardón apostó por establecer códigos de conducta y certificaciones que permitan “introducir elementos de flexibilidad sin disminuir la calidad de la protección”.
Por último, también explicó que considera necesario que el sistema de protección común que se vaya a desarrollar en Europa tenga en cuenta la complejidad del sector público para poder adaptar la regulación a sus necesidades, así como las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.
El ministro anfitrión del Consejo, el titular de Interior irlandés Alan Shatter, señaló que la protección de datos “es una de las prioridades de la Presidencia” y se mostró optimista sobre conseguir un principio de acuerdo antes de verano.
Por su parte, la artífice de la medida, la comisaria europea de Justicia, la vicepresidenta Viviane Reding, dijo que los ministros quieren que las obligaciones de las empresas “dependan del riesgo potencial de su actividad” para con sus datos, un enfoque que, según ella, “dará flexibilidad sin comprometer la protección necesaria de los datos personales”.
Reding también señaló que la mayoría de países están de acuerdo en incentivar que las empresas que recogen datos personales lo hagan no con nombres y apellidos sino a través de pseudónimos o encriptación, de forma que si los datos son filtrados no se comprometa la intimidad de los clientes.
Pese a las salvedades expresadas por algunos países, se está avanzando en la protección de datos “porque los países están escuchando las preocupaciones de las empresas y aumentando la flexibilidad” de las disposiciones, según fuentes diplomáticas.
Reding aseguró por su parte en rueda de prensa que “se va por el bueno camino para conseguir una buena legislación que dé confianza a los europeos”.