Tras un primer momento en el que trató de ejercer de guardabarreras en el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, alegando que los delitos de Alberto González Amador eran un asunto particular, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, ha decidido asumir personalmente la defensa del comisionista. Desde hace varias semanas, el alto cargo de la Comunidad de Madrid ha filtrado informaciones falsas e interesadas para dar a entender que la investigación de Hacienda iniciada en 2022 es parte de la persecución del Gobierno de Pedro Sánchez a Díaz Ayuso.
Rodríguez fue la persona que propició la noticia falsa publicada por El Mundo, según la cual había sido el fiscal del caso el que había propuesto un pacto a Alberto González Amador que se había frustrado por “órdenes de arriba”, en alusión a los jefes del Ministerio Público. Esa mercancía averiada la publicó El Mundo en portada el jueves 14 de marzo, dos días después de que elDiario.es destapase el caso. El bulo lo había esparcido el propio Miguel Ángel Rodríguez, quien lo remitió a una docena de medios. Aunque los medios que contrastaron el mensaje de Rodríguez no lo publicaron, alguna prensa acabó haciendo titulares con esa noticia falsa.
A la mañana siguiente, la Fiscalía de Madrid difundió una nota pública con una cronología sobre el caso en el que desmentía el titular de El Mundo y aclaraba que el pacto de conformidad y el correo mutilado que difundió Miguel Ángel Rodríguez entre la Fiscalía y la defensa de González Amador era en realidad el último de una serie que había iniciado la pareja de Ayuso el pasado 2 de febrero y en el que admitía el fraude. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, escribió ese día la defensa de la pareja de Díaz Ayuso a la Fiscalía.
Alberto González Amador acabó denunciando a la Fiscalía por revelación de secretos y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidirá si la admite a trámite.
Mientras tanto, Miguel Ángel Rodríguez, quien al inicio del caso evitó responder a las preguntas planteadas por elDiario.es por tratarse de un “ciudadano particular que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid”, continúa con su operación de propaganda. En la última entrega, alude a una supuesta devolución que Hacienda prevé realizar a Alberto González Amador, de la que no facilitó en un primer momento ninguna pista. Según el diario El Mundo, esa devolución tiene que ver con un pago de 622.000 en el impuesto de sociedades que González Amador realizó en el ejercicio 2022, después de que Hacienda encontrase fraude fiscal en las declaraciones de 2020 y 2021. Por tanto, no guarda ninguna relación con los años investigados, sino que tiene que ver con una declaración posterior cuando González Amador ya sabía que la Agencia Tributaria le pisaba los talones. La devolución del ejercicio 2022 no tiene ninguna influencia en los delitos que la Fiscalía denunció el pasado febrero en el juzgado, por mucho que Díaz Ayuso y su aparato de propaganda trate de hacer ver que es Hacienda quien debe dinero a su pareja. Se trata de una declaración posterior a los ejercicios denunciados y cuando González Amador ya sabía que se le estaba investigando y que se habían detectado facturas falsas.
Pese a ello, en los comunicados que ha remitido a algunos medios, el jefe de gabinete de Ayuso afirma: “Si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas”.
El sentido de la filtración trata de hacer ver que es la Fiscalía siguiendo instrucciones del Gobierno de Sánchez la que está evitando llegar a un acuerdo. Los correos electrónicos que han intercambiado la defensa de la pareja de Ayuso con la Fiscalía, y cuyo primer filtrador fue el propio Miguel Ángel Rodríguez, no apuntan a eso sino a todo lo contrario. El pacto de conformidad lo propuso González Amador y el fiscal del caso, como suele hacerse en este tipo de delitos, se mostró abierto al acuerdo.
La propaganda de Rodríguez oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación, la denuncia de la Fiscalía y lo que ya ha reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados con entre uno y seis años de cárcel. Dicho de otra manera: cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal. En la denuncia interpuesta en el juzgado también se le acusa de falsedad documental.
Pese a que Rodríguez intenta hacer creer que el fraude de la pareja de Ayuso es una operación de maquillaje del Gobierno para tratar la red de corrupción en la que se detuvo a Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, el informe de Hacienda evidencia que la inspección empezó en mayo de 2022, muchos meses antes de que se conociera la operación en la que fue detenido el colaborador del exministro.
El expediente de la Agencia Tributaria nace cuando se comprueba que hay un contribuyente que declara tres veces menos beneficios tras haber multiplicado por seis los ingresos de la empresa. Ese contribuyente es Alberto González Amador que vio disparados sus ingresos tras dar un pelotazo de dos millones como comisionista entre una empresa catalana y otra que administra su jefe en Quirón, Fernando Camino, por la venta de material sanitario.
Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que el procedimiento para pactar una conformidad en un delito fiscal está tasado y consta de cuatro pasos. Primero exige el reconocimiento del delito por parte de la persona que lo cometió y el pago de la cantidad defraudada más el recargo y los intereses de demora, en concepto de responsabilidad civil. Lo siguiente es formular un escrito conjunto entre el acusado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que actúa en representación de la Agencia Tributaria, donde se establezca la condena (habitualmente una multa económica –entre una y seis veces la cantidad defraudada– y pena de prisión, que suele conmutarse por multas económicas).
Ese acuerdo a tres partes tiene que ser ejecutado por un juez, la persona capacitada para decidir si es válido. En contra de lo que afirma Miguel Ángel Rodríguez, la conformidad tampoco evita el juicio, que termina en condena, aunque sí ahorraría la llamada pena de telediario a la pareja de Díaz Ayuso: tener que comparecer, que se desnuden en una vista los movimientos de sus empresas, que comparezcan sus presuntos testaferros, peritos, testigos... Aceptar la condena, como ya ha hecho González Amador, evitaría todos esos trámites susceptibles de ser retransmitidos por los medios de comunicación.
Certificado el fraude, ese es ahora el principal objetivo de Miguel Ángel Rodríguez, que semana a semana, inventa una nueva cortina de humo mientras Ayuso y su gobierno intentan evitar la conclusión del caso: la presidenta de Madrid vive en un piso de lujo pagado por un defraudador fiscal confeso. Y disfruta de un ático justo encima, que está a nombre de una sociedad que administra el abogado que representó a su pareja ante Hacienda y que nadie ha explicado cómo se paga.
Mientras eso sucede a la vista de todo el mundo, Miguel Ángel Rodríguez sigue improvisando entregas de propaganda para distraer la atención: una semana son periodistas encapuchados que asaltan la vivienda de Díaz Ayuso, a la siguiente supuestos hackers que lanzan ataques cibernéticos contra los abogados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y cuya sofisticación solo pueden lograr los estados... y ahora que es Hacienda la que está en deuda con Alberto González Amador. El mismo González Amador, cuyo abogado escribió a la fiscalía el pasado 2 de febrero, mucho antes de que se escribiera la primera línea sobre este caso: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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