El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este miércoles con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed. Feijóo ha expresado posteriormente en un mensaje en X su respaldo al “derecho a la paz” del pueblo palestino sin condenar el asedio a Gaza por parte de Israel ni la muerte de miles de civiles.
Las palabras de Feijóo, que también apoya el derecho de Palestina “a la prosperidad, y a que se respete el derecho internacional y humanitario”, llegan después de reiteradas muestras de apoyo al Gobierno de Israel en su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre.
“Palestina no es Hamás. A las organizaciones terroristas hay que derrotarlas”, ha añadido Feijóo. El líder del PP tampoco ha mencionado ni la solución de los dos estados ‒postura que sí defienden el Gobierno de Sánchez y la UE‒ ni ha pedido el alto el fuego en la Franja de Gaza.
El PP ya votó en 2014 a favor de una proposición no de ley con la que el Congreso aprobó “avanzar hasta el reconocimiento del Estado de Palestina”.
Sin embargo, tras la invasión de la Franja de Gaza por parte de Israel en respuesta a los atentados de Hamás, una ofensiva que ya supera los 25.000 muertos civiles y decenas de miles desaparecidos, el PP ha reiterado su apoyo a Israel.
El partido de Feijóo ha criticado al Gobierno de Sánchez por “ponerse del lado” de los terroristas, en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, y no ha condenado las muertes de civiles ni los bombardeos de infraestructuras como hospitales y escuelas.
Informa Cristina F. Pereda.
El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha denunciado que el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para reabrir la causa sobre los homenajes a presos de ETA trata de impedir “toda opción de democratización del Estado”.
Rodríguez se ha referido así, a través de un mensaje en X, a la decisión de García Castellón, que ha acordado reabrir la causa en la que investigaba homenajes a presos de ETA para investigar chats presuntamente administrados por Sortu en los que se impartirían “directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA, promoviendo campañas y movilizaciones a favor” de los mismos.
“Que nadie se equivoque: esto no va de Sortu, ni de ongietorris. Va de tratar de desbaratar la mayoría progresista y plurinacional; de impedir toda opción de democratización del Estado; de imposibilitar que nadie pueda desatar aquello que dejaron atado y bien atado”, ha aseverado, para añadir la etiqueta 'Lawfare'.
En otro comunicado, Sortu ha afirmado que esta es una “operación política de la derecha reaccionaria y del Estado profundo”, informa Europa Press. “El objetivo de esta operación es desbaratar la ventana de oportunidad; desbaratar la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y de los derechos nacionales de Euskal Herria, Cataluña y Galicia. Es decir, de cerrar la puerta a toda posibilidad de democratización del Estado español”, ha manifestado.
Sortu ha reprochado que se busca “impedir la posibilidad de desatar lo que el franquismo dejó atado y bien atado”. “Para ello, como estamos viendo con el caso catalán, o como ya dijimos la semana pasada con motivo del fin del caso Bateragune, una vez más se está utilizando el aparato de justicia. Estamos, pues, ante un nuevo caso de lawfare”, ha agregado.
En su opinión, el “constante intento de sabotaje a la Ley de amnistía que busca poner en vías de solución el conflicto catalán y esta operación forman parte de la misma estrategia”. “Prueba de ello es que en ambas causas el juez de la Audiencia Nacional es el mismo, el señor García-Castellón, y como acusación particular se ha incorporado el Partido Popular”, ha señalado.
Con información de Europa Press.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este miércoles con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed. Feijóo ha expresado posteriormente en un mensaje en X su respaldo al “derecho a la paz” del pueblo palestino sin condenar el asedio a Gaza por parte de Israel ni la muerte de miles de civiles.
Las palabras de Feijóo, que también apoya el derecho de Palestina “a la prosperidad, y a que se respete el derecho internacional y humanitario”, llegan después de reiteradas muestras de apoyo al Gobierno de Israel en su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre.
“Palestina no es Hamás. A las organizaciones terroristas hay que derrotarlas”, ha añadido Feijóo. El líder del PP tampoco ha mencionado ni la solución de los dos estados ‒postura que sí defienden el Gobierno de Sánchez y la UE‒ ni ha pedido el alto el fuego en la Franja de Gaza.
El PP ya votó en 2014 a favor de una proposición no de ley con la que el Congreso aprobó “avanzar hasta el reconocimiento del Estado de Palestina”.
Sin embargo, tras la invasión de la Franja de Gaza por parte de Israel en respuesta a los atentados de Hamás, una ofensiva que ya supera los 25.000 muertos civiles y decenas de miles desaparecidos, el PP ha reiterado su apoyo a Israel.
El partido de Feijóo ha criticado al Gobierno de Sánchez por “ponerse del lado” de los terroristas, en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, y no ha condenado las muertes de civiles ni los bombardeos de infraestructuras como hospitales y escuelas.
Informa Cristina F. Pereda.
El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso que la Comunidad de Madrid presentó contra el Real Decreto de agosto de 2022 que impuso medidas de ahorro energético para hacer frente al encarecimiento de los precios de la electricidad y el gas tras el estallido de la guerra de Ucrania. Fuentes del tribunal de garantías explican a elDiario.es que el pleno, que ha terminado sus deliberaciones por esta semana, ha rechazado las alegaciones del ejecutivo regional.
El Partido Popular y las administraciones que gobierna convirtieron esta batería de medidas en un escenario de batalla política. Unas medidas que iban desde limitar el uso de aire acondicionado en determinados comercios o edificios públicos hasta imponer horarios al encendido de algunos escaparates comerciales. En su momento, Isabel Díaz Ayuso afirmó que la medida “actúa de forma arbitraria, autoritaria y, sobre todo, atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos, en un momento muy difícil para ellos”.
Informa Alberto Pozas.
Los tiempos del Congreso añaden presión al PSOE y a Junts para negociar la ley de amnistía. Según confirman fuentes parlamentarias, el plazo para la nueva redacción del dictamen en la Comisión de Justicia es de tan solo 15 días y no de un mes como estipula el reglamento, debido a que la Cámara Baja aprobó que la proposición se tramitase por la vía de urgencia. La decisión la formalizará la Mesa del Congreso el próximo martes, aunque no está claro si el plazo para esa negociación comienza a contar ya o desde la semana que viene.
En cualquier caso, las negociaciones de ese dictamen deben acelerarse a la mitad del tiempo inicialmente previsto. Según el reglamento del Congreso, al tratarse de una proposición orgánica –que modifica aspectos del código penal–, el dictamen que aprobó ayer el Congreso, pero que no recibió el visto bueno para ir al Senado por el rechazo de Junts, vuelve ahora la Comisión de Justicia. En esta nueva instancia, el PSOE tendrá que tratar de alcanzar un acuerdo con los socios independentistas a partir del texto y de las enmiendas de los grupos que han quedado vivas.
Las mayorías necesarias no cambian: la ley necesitan 176 síes para que salga adelante en el próximo pleno y pueda tratarse en el Senado. Si no consigue los apoyos, la proposición decaería y los socialistas deberían abordar la tramitación de una nueva ley desde el principio. Si sale aprobado en el Congreso, comenzará su tramitación en el Senado que el Partido Popular se ha propuesto dilatar lo máximo posible.
Informa Alberto Ortiz.
La Mesa del Senado, controlada por el PP, ha pedido a los letrados de la Cámara un informe sobre las posibilidades de inadmitir a trámite la ley de amnistía una vez que sea aprobada en el Congreso, si ocurre. Una petición que adelantaron ayer las agencias Efe y Europa Press y que hoy ha confirmado el portavoz del partido, Borja Sémper, quien ha señalado a la insistencia de Vox y a la amenaza de una querella de los de Santiago Abascal.
“Es para despejar las dudas de aquellos que las tengan”, ha explicado Sémper en una rueda de prensa. “Nuestra posición no ha variado”, ha añadido. El PP defiende desde hace meses que la Mesa del Senado no tiene margen para rechazar la entrada de una proposición de ley que llega aprobada por el Congreso, y que la admisión a trámite es automática. Pero tanto en Vox como en la base del PP hay quien cuestiona esta posición. Sémper ha justificado la petición del informe en que puede “aportar luz por si alguien viven en la oscuridad”.
Por Aitor Riveiro
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Vicente Guilarte, ha salido este miércoles en defensa de los jueces ante las críticas con nombre y apellidos vertidas en el Congreso por los socios del Gobierno durante el debate sobre la ley de amnistía. “Hago de nuevo un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del poder judicial”, ha afirmado Guilarte, que ha calificado de “inaceptables” esas declaraciones, ha denunciado las “constantes injerencias” de los políticos y ha defendido que “lo que no guste deberá combatirse a través del sistema de recursos y de instancias superiores”.
“No deben olvidar que también ellos, quienes nos insultan, son parte del poder legislativo de un Estado que los acoge y les brinda su tribuna”, ha añadido. El presidente interino del órgano, que lleva más de cinco años en funciones por el bloqueo del PP, ha hecho estas consideraciones en el acto de inauguración del curso 2024-2025 en la Escuela Judicial. Además de hacer un nuevo llamamiento a los representantes públicos a no cuestionar la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, Guilarte ha celebrado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mostrara su“rechazo más absoluto” ante esas críticas.
Por Elena Herrera
La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la prórroga de la investigación de Tsunami Democràtic decretada el pasado 29 de enero por el juez, si bien sigue sin ver terrorismo en los altercados independentistas que se produjeron en 2019 tras la publicación de la sentencia del procés. El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, mantiene su tesis de que los hechos son “cuando menos” constitutivos de desórdenes públicos graves, al tiempo que señala que en la causa los delitos aún no han sido concretados “en su definición jurídica”, informa Europa Press.
En este sentido, considera que procede prorrogar la instrucción otros seis meses, tal y como acordó posteriormente el juez, porque hay “múltiples investigados” y es necesario realizar todavía “diversas diligencias de investigación” acordadas en el auto del magistrado por el que dirigía la investigación contra el expresident Carles Puigdemont.
Tras ese auto del juez, Carballo recurrió directamente en apelación ante la Sala de lo Penal dado que entendía, por un lado, que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para instruir la causa; y, por otro, que de lo investigado en cuatro años no se podía inferir “la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional”.
Con información de Europa Press
El rey Felipe VI ha pedido este miércoles un “alto el fuego” en Gaza y ha insistido en la necesidad de reconocer el Estado palestino. “La tragedia que vive Gaza está estremeciendo la conciencia de la humanidad, como también lo hizo el execrable atentado terrorista que sufrió Israel el pasado 7 de octubre”, ha afirmado.
Durante su reunión junto al cuerpo de diplomáticos, Felipe VI ha pedido que se facilite “al máximo el acceso humanitario para atender a la población palestina de Gaza y establecer un alto el fuego duradero”.
Además, ha defendido la solución para el conflicto a través de la creación de dos estados, el de Israel y el de Palestina, “con garantías de seguridad mutuas, plena independencia y fronteras reconocidas”.
Tras el no de Junts a la Ley de Amnistía, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha manifestado que “espera y desea” que “todo el mundo sea capaz de ponerse de acuerdo y de estabilizar los próximos meses y los próximos años de esta legislatura”.
En una rueda de prensa en Donostia para presentar el Aberri Eguna que la formación celebrará este año en Pamplona, Otegi se ha referido a la Ley de Amnistía que EH Bildu apoyó este martes en el Congreso. “Por encima de votaciones coyunturales lo que está en juego es algo más”, ha argumentado. “Existe un pulso por parte de sectores judiciales, mediáticos, de la derecha y de la extrema derecha, por hacer descarrilar ya no solo una legislatura, sino cualquier intento de debate” sobre el modelo territorial o el plurinacional, ha sostenido el coordinador de EH Bildu.
Sin mencionar abiertamente a Junts, Otegi ha aludido a esta votación como una cuestión de “responsabilidad”. “Espero y deseo que todo el mundo tenga en cuenta que lo que nos jugamos no es una votación, sino [...] impedir que la extrema derecha llegue al gobierno”, lo cual “no es una broma”, ha recalcado Otegi.
Con información de Europa Press
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado el viernes 2 de febrero a las organizaciones agrarias Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que han planteado un calendario de movilizaciones durante las próximas semanas a escala local y regional.
El ministerio señala que la reunión se producirá en respuesta a la “carta conjunta por las tres organizaciones” que, de momento, descartan una movilización conjunta en Madrid, como las que se están produciendo en otros países europeos, como en Francia.
Entre las peticiones de las organizaciones está la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, frenar la competencia de productos de otros mercados que no forman parte de la Unión Europea, que califican como “desleal” y mejorar el funcionamiento de la Ley de la Cadena.
Por Cristina Bolinches