La Audiencia de Barcelona ha planteado a las partes de la macrocausa por los preparativos del 1-O, en la que están procesados una treintena de ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios, si creen que el caso es amnistiable o si se deben elevar dudas al Constitucional o a la Justicia europea.
En una providencia, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona pide a la Fiscalía y al resto de las partes que en cinco días le entreguen un informe detallando si se debe amnistiar a los procesados en esta causa, la primera que se abrió sobre el procés y que fue la que propició el registro en la conselleria de Economía los días previos al 1-O de 2017.
El movimiento de la Audiencia de Barcelona va en el mismo sentido del que han efectuado tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como el Tribunal Supremo, que han planteado llevar la norma ante el Constitucional ante las dudas sobre su encaje en la Constitución.
Escribe Oriol Solé
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha lanzado al PP, tras la decisión de Vox de romper los gobiernos de coalición en cinco comunidades, que fueron ellos los que abrieron la senda de normalizar a la extrema derecha: “estos son sus cuervos y ahora pican sus ojos”.
Mientras, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha censurado que Vox utilice el reparto para atender a 347 menores migrantes como “excusa” para romper Ejecutivos autonómicos y ha criticado que fue el PP quien metió en los ejecutivos a la ultraderecha y “normalizó la existencia de sus discursos racistas”.
Mar Vaquero, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, ha comunicado que será el viernes por la mañana cuando Jorge Azcón anuncie la reestructuración que se va a llevar a cabo en el Gobierno de Aragón y no ha entrado en detalles de cómo será el organigrama ni si se incorporarán dos consejeros nuevos para sustituir a los de Vox. Sí que ha dicho que el nuevo gobierno “será en solitario”.
La salida de Vox del Gobierno de Aragón pone las cosas muy díficiles al PP, que perdería la mayoría absoluta (34 diputados, 28 del PP y siete de Vox) que ahora ostenta en las Cortes de Aragón. Sumando con el PAR y Teruel Existe, la primera opción de Azcón tras las elecciones de 2023, solo sumarían 32 diputados, por lo que sacar adelante los proyectos en el hemiciclo aragonés será mucho más complicado.
Escribe Candela Canales
El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha celebrado la “gran noticia” de que Vox vaya a salir de los cinco gobiernos autonómicos, aunque ha afeado que esta ruptura haya sido por “intereses electorales” y una “competencia” entre las derechas en vez de por los “principios” de un Partido Popular “que aún suplicaba que se quedaran”. “Mañueco queda débil y genera inestabilidad. De nuevo”, ha reprochado a través de la red social X.
El exvicepresidente autonómico y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha considerado que esta ruptura de Vox ha llegado “muy tarde”, tras “dos años de insultos, ofensas y salidas de tono” que “solo” Mañueco “ha consentido”. “Castilla y León vuelve a la inestabilidad y la inoperancia”, ha apuntado Igea, que ha criticado también que Fernández Mañueco considerara “buena idea” pactar con un Vox “delirante y bravucón”.
El líder de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya anunciado que los cuatro vicepresidentes autonómicos de la formación presentarán su dimisión y su partido pasará a ejercer la oposición.
Para Baldoví, el hecho de que el Gobierno valenciano se haya “roto” un año después de su constitución es “el fracaso de la apuesta personal de Carlos Mazón”.
Una situación que, para el portavoz de Compromís, “solo tiene una salida” que pasa por “devolver la palabra al pueblo valenciano y convocar elecciones” porque, según ha argumentado, Mazón “ya no tiene la mayoría” ni “la legitimidad para seguir gobernando esta tierra”.
El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que comparecerá este viernes ante los medios, ha calificado la ruptura del gobierno regional de “injustificada e incomprensible” y ha reprochado a Vox que utilice una “estrategia nacional” que haya “antepuesto” sus intereses electorales a los de los ciudadanos de Castilla y León.
“La postura de Castilla y León, como la del resto de comunidades autónomas, respecto a la acogida de las niñas y los niños no acompañados, es la misma desde 2021”, ha reiterado el gobierno autonómico a través de un comunicado, en el que ha recordado que Vox no dijo “nada” ni en 2022 ni en 2023, cuando ya integraba la coalición de gobierno.
El gobierno autonómico reitera que se ha cumplido el pacto de Gobierno, pero que en cualquier caso se “garantiza la estabilidad” y se seguirá trabajando “con eficacia” por los castellanos y leoneses.
Escribe Alba Camazón
Los miembros de Vox de la Junta de Castilla y León, el vicepresidente y tres consejeros (Agricultura, Industria y Cultura), han vaciado sus agendas públicas de este viernes a la espera de conocer la decisión que adoptará su partido en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en el que su líder, Santiago Abascal, propondrá romper todos los pactos autonómicos con el PP.
En la agenda diaria que la Junta de Castilla y León remite todas las tardes no se incluye ningún acto de ninguno de los miembros de Vox, ni siquiera un acto del viernes en el mediodía al que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, tenía previsto acudir en Valpuesta (Burgos).
Con información de EFE
El eurodiputado de Junts, Toni Comín, ha presentado una solicitud de medidas cautelarísimas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que revoque la decisión del Parlamento Europeo de dejar vacante su escaño por no haber acatado la Constitución ante la Junta Electoral Central, que también apostó por dejar vacío el escaño por ese motivo.
Comín ha confirmado esa decisión en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Eurocámara en Bruselas y ha acusado a la presidenta, Roberta Metsola, de causar un “perjuicio gravísimo a la democracia europea” por dejar vacante ese escaño. Comín está convencido de que el TJUE se pronunciará en las próximas horas y antes de que se celebre la sesión constitutiva del Parlamento el próximo martes.
La decisión de recurrir al TJUE (y no a la instancia inferior) es que hay un procedimiento abierto precisamente por la decisión en la anterior legislatura de dejar a Comín y Carles Puigdemont sin escaño. Esa sentencia está prevista para el 26 de septiembre y es a la que pretende esperar el Parlamento Europeo para tomar una decisión definitiva sobre el caso de Comín. El eurodiputado de Junts confía en que la justicia le dé la razón en base a la sentencia de ese mismo tribunal sobre el caso de Oriol Junqueras en 2019, cuando resolvió que los eurodiputados tienen todas sus prerrogativas, incluida la inmunidad desde que son proclamados. En el caso de Comín, el BOE recoge su nombre en la proclamación de los resultados de las europeas del 9 de junio. Aquella sentencia fue la que motivó que el entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, aceptara a Comín y Puigdemont como eurodiputados.
Escribe Irene Castro
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado esta mañana que “no tiene ningún sentido” que Vox rompa los acuerdos autonómicos de gobierno con el PP “simplemente por ser solidarios y reclamar una planificación de la política migratoria”.
“No tiene ningún sentido y demuestra, una vez más, que cuanto menos se gobierne con estos mismos, en mi opinión, mejor”, ha sostenido el líder de los populares gallegos, que ha celebrado “no estar en esa situación en Galicia”.
Rueda ha defendido que no fue un error pactar con Vox hace un año, sino que se hizo para “precisamente poder conformar gobiernos”. “Creo que fue absolutamente legítimo, pero después, una vez que los gobiernos están conformados, tienen que funcionar adecuadamente y de esta decisión concreta que es de la que estoy hablando. Creo que sinceramente Vox no está acertando”.
Con información de Europa Press
La Audiencia de Barcelona ha planteado a las partes de la macrocausa por los preparativos del 1-O, en la que están procesados una treintena de ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios, si creen que el caso es amnistiable o si se deben elevar dudas al Constitucional o a la Justicia europea.
En una providencia, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona pide a la Fiscalía y al resto de las partes que en cinco días le entreguen un informe detallando si se debe amnistiar a los procesados en esta causa, la primera que se abrió sobre el procés y que fue la que propició el registro en la conselleria de Economía los días previos al 1-O de 2017.
El movimiento de la Audiencia de Barcelona va en el mismo sentido del que han efectuado tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como el Tribunal Supremo, que han planteado llevar la norma ante el Constitucional ante las dudas sobre su encaje en la Constitución.
Escribe Oriol Solé
El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha comparado este jueves el acuerdo firmado entre el PSOE y el PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y el pacto alcanzado ayer en Tenerife para trasladar desde Canarias a la Península a 347 menores migrantes que han llegado solos a las costas españolas.
Ortega Smith ha sostenido que ambos acuerdos son “una discriminación”. El diputado de extrema derecha ha defendido que hay una “discriminación por origen nacional” que antepone a los “extranjeros frente a los españoles”; otra “discriminación por sexo del hombre frente a la mujer”; y existe, según Vox, una “discriminación por opinión” porque “aquellos grupos con ideas contrarias” a dicho acuerdo son “discriminados” al quedar fuera de él.
Informa Aitor Riveiro