El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que para que su grupo negocie esta vez los próximos Presupuestos municipales, debe “levantar las restricciones para los vehículos tipo A y los industriales” hasta que los jueces tomen una decisión sobre los recursos que hay interpuestos contra la Ordenanza de Movilidad Madrid 360. Esa será, ha dicho el portavoz del grupo de extrema derecha, la “línea roja” de sus cuatro concejales: “O suspende, o con nosotros no cuente para sentarse a negociar los próximos Presupuestos”.
A su juicio, esa suspensión se trata de un “gesto de humanidad, social y de ayuda ante situaciones de alarma tras la pandemia”. Vox recuerda que “más del 60% de los vehículos de reparto de mercancías y personas son vehículos sin etiqueta” y que, por tanto, “la aplicación de las restricciones afectará directamente al suministro y los precios en Madrid capital”. Además, Ortega Smith ha recordado que el parque automovilístico madrileño “tiene una edad media de trece años, y ”a muchas familias les resulta dificilísimo cambiar su vehículo. El portavoz de Vox ha dicho que si Almeida no suspende las prohibiciones, sería “incoherente” e incumpliría sus promesas de campaña y también los acuerdos que el alcalde cerró con su formación.
Poco después, Almeida le replicaba que su petición es “legalmente imposible” de cumplir y menos por “motivos puramente políticos”. “Nos ha puesto una pistola en el pecho para sentarse a negociar”, le ha reprochado el regidor madrileño. “Si lo hace es porque no se quiere sentar a negociar”, ha añadido, recordando que el año pasado “hasta el último momento no se quiso sentar”, y ahora “vuelve a renunciar a ser útil, no solo a los votantes de Vox sino al conjunto de los madrileños”.
Escribe Carmen Moraga.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado al vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, por haber considerado que las mujeres víctimas de la violencia machista reciben un trato diferente debido a su género, después de que se confirmase un feminicidio en Palencia.
“Hablar de las víctimas de violencia machista, una mujer y sus dos criaturas de 7 y 2 años, como privilegiadas, es una forma de revictimizar, multiplicar la violencia y cerrar puertas a otras mujeres para salir de ella”, ha escrito Montero en su perfil de Twitter en referencia a las palabras del vicepresidente ultraderechista, quien ha asegurado este martes que “pronto, todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo”.
La reacción de Montero se suma a las quejas de otros políticos como la secretaria de Igualdad del PSOE, Adriana Fernández, que ha reprochado al Partido Popular que no expulse del Gobierno de coalición de Castilla y León a García-Gallardo, a quien ha tildado de “incapaz”.
Otros dirigentes socialistas como la ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva Federal, Pilar Alegría, el portavoz en el Congreso, Patxi López, y la portavoz en el Senado, Eva Granados, así como la del Parlamento Europeo, Iratxe García, han afeado las palabras de Gallardo, que también calificó el crimen machista como “tragedia familiar”.
Además del crimen machista ocurrido en Palencia, donde un hombre estranguló a su pareja en la casa que ambos compartían y después se suicidó, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado otros dos feminicidios en la provincia de Málaga y Alicante. Con ellos, el número de mujeres asesinadas en España asciende a 33 en lo que va de año.
PSOE, PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Navarra Suma han rechazado este martes que el Congreso tramite una iniciativa de ERC para cambiar la Ley Electoral con el objetivo de rebajar a los 16 años la edad para votar, una idea que sí ha respaldado el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, junto con Bildu, Junts, la CUP y Compromís. De su lado, Vox y el PNV han optado por la abstención.
La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada de ERC Marta Rosique, quien ha tachado de “reaccionarios” a quienes se oponen a una reforma que, a su juicio, serviría para “fomentar la participación política, situar a la juventud en el centro de la agenda política y equiparar derechos y deberes”.
Rosique ha interpelado directamente al PSOE recordando que ya votaron a favor de este asunto en el Parlamento catalán en 2013, en el propio Congreso en 2016, que la apertura de este debate forma parte del pacto de Gobierno que suscribieron en 2019 con Unidas Podemos y que también es una reivindicación de las Juventudes Socialistas y del Consejo de la Juventud de España, entre otros.
Con información de Europa Press.
La Comisión del Estatuto del Diputado ha aprobado este martes un dictamen favorable a la concesión del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero y ha acordado elevar el asunto al Pleno del Congreso, donde se prevé se someta a votación el próximo 6 de octubre.
Según fuentes parlamentarias, el suplicatorio ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos presentes en esta comisión, que se reúne siempre a puerta cerrada.
La comisión había dado de plazo a Casero hasta este lunes para presentar sus alegaciones, pero el diputado popular, al que el Supremo achaca indicios de delito por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), ha rehusado aportar su versión.
Según el Reglamento del Congreso, la Comisión del Estatuto del Diputado dispone de un máximo de 30 días hábiles para elevar una propuesta al Pleno de la Cámara, pero la decisión del afectado de no presentar alegaciones ha permitido acelerar el proceso.
La previsión es que el Pleno del Congreso apruebe definitivamente la concesión de suplicatorio el día 6 de octubre, dando así vía libre a que el Supremo investigue a Casero.
Con información de Europa Press.
El Tribunal de Apelaciones de Rzeszów de Polonia ha vuelto a rechazar el recurso presentado por la defensa del periodista vasco Pablo González contra la nueva prórroga de la prisión provisional dictada el pasado 23 de agosto. Aunque los jueces han admitido algún argumento esgrimido por la defensa, no lo han considerado “suficiente” para revocar la extensión del encarcelamiento de González, según han informado fuentes familiares a Europa Press.
El reportero fue detenido a finales del pasado mes de febrero en Przemsyl por los servicios secretos polacos mientras cubría el éxodo de la población ucraniana a raíz de la invasión rusa en Ucrania. González, que tiene la doble nacionalidad española y rusa, fue acusado de espionaje.
En un principio se dictó contra el informador prisión provisional de tres meses, que fue prorrogada por otros tres el pasado agosto, en base a idénticos argumentos, como el posible riesgo de fuga del detenido -que se podría enfrentar a una condena de hasta diez años de cárcel en caso de ser considerado culpable-, y la posibilidad de obstaculización de la investigación.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha reprochado al Partido Popular que no expulse del Gobierno de Castilla y León al vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, a quien ha llamado “incapaz” por haber insinuado que una mujer víctima de un crimen machista en Palencia “ha recibido un trato preferencial”.
“El hecho de insinuar que una mujer que ha sido estrangulada en presencia de sus dos hijas ha recibido un trato preferencial es para sacar a este incapaz del gobierno de Castilla y León por la vía de apremio. El PP no lo hará. De vergüenza”, ha escrito Fernández en su cuenta de Twitter.
Este martes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha expresado su condena “a la violencia machista” tras confirmarse que un hombre se ha suicidado después de haber estrangulado a su mujer en la vivienda que compartían junto a sus hijos en Palencia.
Sin embargo, su socio de Gobierno, Vox, se ha referido a este caso como una “tragedia familiar” y ha omitido que se trata de violencia de género.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no estará presente en el Pleno del Senado de la próxima semana, aunque sí que ha comunicado su intención de acudir a la sesión de control al Gobierno del día 18 de octubre, fecha en la que se producirá otro 'cara a cara' con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Sánchez decidió abrir el curso parlamentario en el Senado el pasado 6 de septiembre en una comparecencia a petición propia para explicar el plan de ahorro energético del Gobierno y después de que así se lo pidiera el PP para poder debatir con Feijóo en la Cámara Alta.
Desde entonces, el Senado volvió a celebrar una sesión de control al Gobierno la semana pasada, que no contó con la presencia de Sánchez, como tampoco estará en el Pleno que está convocado para el día 4 de octubre.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que para que su grupo negocie esta vez los próximos Presupuestos municipales, debe “levantar las restricciones para los vehículos tipo A y los industriales” hasta que los jueces tomen una decisión sobre los recursos que hay interpuestos contra la Ordenanza de Movilidad Madrid 360. Esa será, ha dicho el portavoz del grupo de extrema derecha, la “línea roja” de sus cuatro concejales: “O suspende, o con nosotros no cuente para sentarse a negociar los próximos Presupuestos”.
A su juicio, esa suspensión se trata de un “gesto de humanidad, social y de ayuda ante situaciones de alarma tras la pandemia”. Vox recuerda que “más del 60% de los vehículos de reparto de mercancías y personas son vehículos sin etiqueta” y que, por tanto, “la aplicación de las restricciones afectará directamente al suministro y los precios en Madrid capital”. Además, Ortega Smith ha recordado que el parque automovilístico madrileño “tiene una edad media de trece años, y ”a muchas familias les resulta dificilísimo cambiar su vehículo. El portavoz de Vox ha dicho que si Almeida no suspende las prohibiciones, sería “incoherente” e incumpliría sus promesas de campaña y también los acuerdos que el alcalde cerró con su formación.
Poco después, Almeida le replicaba que su petición es “legalmente imposible” de cumplir y menos por “motivos puramente políticos”. “Nos ha puesto una pistola en el pecho para sentarse a negociar”, le ha reprochado el regidor madrileño. “Si lo hace es porque no se quiere sentar a negociar”, ha añadido, recordando que el año pasado “hasta el último momento no se quiso sentar”, y ahora “vuelve a renunciar a ser útil, no solo a los votantes de Vox sino al conjunto de los madrileños”.
Escribe Carmen Moraga.
Sigue la batalla entre el Gobierno y el PP por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se acerca a los cuatro años y a una crisis sin precedentes con la anunciada dimisión de su presidente, Carlos Lesmes. La situación para el Ejecutivo es insostenible y así se lo trasladarán los ministros de Justicia y Presidencia, Pilar Llop y Félix Bolaños, respectivamente, en sendas reuniones previstas con el comisario europeo Didier Reynders esta semana.
“Lo relevante de esta visita es que se produce porque hay una anomalía en España”, ha expresado la portavoz, Isabel Rodríguez, que ha señalado que el “único causante es el PP”. “Espero que se les caiga la cara de vergüenza cuando tengan que dar esa explicación, aquí en España, al comisario Reynders”, ha agregado Rodríguez sobre la reunión que mantendrá con el responsable del área en el PP, Esteban González Pons.
Informa Irene Castro.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha anunciado este martes durante el Pleno municipal celebrado en Cibeles que el consistorio va a devolver a los madrileños las multas que impuso por acceder a la declarada como Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección en “Plaza Elíptica”, “y que se comunicaron de manera errónea hasta el día 2 de mayo”. Carabante ha admitido que “se había detectado que existía un error entre la comunicación y, por tanto, en el periodo de aviso y la propia sanción, de tal manera que se había vulnerado derecho de los ciudadanos”.
Así lo ha anunciado tras la intervención del concejal de Vox Fernando Martínez Vidal, que le ha interpelado. Se trata de 17.500 sanciones que hay que devolver a aquellos ciudadanos que pagaron las multas, “lo que supone devolver un millón cuatrocientos mil euros”, ha cifrado el concejal.
Carabante ha negado que la medida, que será aprobada en la próxima Junta de Gobierno, tuviera “carácter recaudatorio” cuando se impuso y ha defendido el que con ella lo que se pretendió fue “ser un acelerador de la necesaria renovación de la flota e impulsar que los ciudadanos renueven esa flota tan contaminante”.
Informa Carmen Moraga.
Comienza la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. Interviene la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
Hoy el Ejecutivo ha aprobado los nuevos incentivos al empleo para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Con ellos, se pretende combatir que la prestación desincentive a los hogares aceptar trabajos por miedo a perder la prestación o por ver reducidos sus ingresos.