La ministra Portavoz del Gobierno y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha subrayado la necesidad de “actuar con protocolos de asilo” para tratar de evitar que vuelva a suceder un “drama humanitario” como la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio. En una entrevista en La hora de la 1, de TVE, ha indicado que el Ejecutivo “está planteando en el seno de la UE la necesidad de afrontar un gran pacto de asilo y la necesidad de una política global de migraciones”.
Esta semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció en el Congreso y volvió a defender la versión de que no sucedió “ningún hecho trágico en suelo español”. Preguntada por esta intervención, Rodríguez ha respaldado al ministro y ha dicho que el Gobierno, “desde el primer momento” ha confiado en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también “ha puesto a disposición de la Fiscalía General todos los recursos disponibles”. “Estamos pendientes de esa investigación en el ámbito de la Justicia”, ha reiterado.
“Son unos hechos dramáticos que desgarran el alma y son dolorosos”, ha vuelto a decir la Portavoz. “Creo que el drama humano, el acompañar a las víctimas y a las familias de aquella tragedia es algo que siempre ha trasladado el Gobierno de España”, ha zanjado.
Antes de cerrar, te dejamos un repaso de los temas que han marcado la actualidad de este viernes:
La UE supera el bloqueo de Polonia y fija un tope de 60 dólares por barril para el petróleo ruso. El tope de precios pretende reducir los ingresos de Rusia por la venta de petróleo, evitando al mismo tiempo una subida de los precios mundiales del petróleo.
El presidente del PP de Salamanca, imputado en el 'caso primarias', deja su cargo. Javier Iglesias ha dicho que se trata de “una decisión personal muy meditada que está tomada hace mucho tiempo”, desvinculándolo así el caso primarias del PP de Castilla y León.
Edmundo Bal rompe con Arrimadas y anuncia su candidatura para liderar Ciudadanos. “Quiero presentarme para liderar este proyecto”, ha asegurado ante la prensa el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso.
El testamento de Doña Virginia: 108 misas anuales bloquean un plan inmobiliario municipal en la milla de oro de Vitoria. Una devota legó a la ciudad un edificio del centro a cambio de rezos en su memoria a perpetuidad. Ahora, uno de sus últimos inquilinos se aferra al incumplimiento de esa cláusula para salvar su casa.
Esto es todo. ¡Buen fin de semana!
Los médicos de familia y pediatras de la Atención Primaria de Madrid han acordado en la tarde de este viernes continuar con la huelga indefinida ante el “inmovilismo”, dicen, del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Por la mañana, el comité de huelga se había reunido con la Consejería de Sanidad, aunque el encuentro terminaba sin acuerdo debido a que desde el Gobierno regional se siguen proponiendo unas medidas que consideran insuficientes, sobre todo, por la falta de un presupuesto que las acompañe.
La huelga indefinida, que comenzó el 21 de noviembre, continuará por tanto los próximos días a la espera de que la Comunidad de Madrid vuelva a mover ficha. Ayuso prometió acabar con la temporalidad de los sanitarios, una exigencia de Bruselas desde 2019, y crear una agenda paralela de pacientes que tendrían que atender los mismos médicos pero fuera de su horario. La presidenta regional no se plantea por el momento la contratación de más médicos ni tampoco apuesta por subir la inversión en la Atención Primaria, pese a que Madrid es la comunidad que menos dinero destina a este fin.
“Los médicos de familia y pediatras no confían en que esto sea el inicio del cambio de la gestión de la Atención Primaria para dar una atención digna y de calidad a los pacientes y para que no sigamos perdiendo profesionales”, ha explicado Ángela Hernández, portavoz del comité de huelga y secretaria general de Amyts, sindicato de médicos mayoritario.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, había declarado este viernes por la mañana, tras el fracaso de la última reunión entre el comité de huelga y la Consejería, que “el nivel de las reivindicaciones hace inasumible el acuerdo, porque se salen de las reivindicaciones que había al inicio”.
Escribe Fátima Caballero.
La exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo ha abogado este viernes por darle un “peinado y un barrido” a la Constitución española para que en el texto se contemple un “principio rector en el que diga que hombres y mujeres son lo mismo”.
La hoy presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso, que ha acudido a la entrega del I Premio Carmen Calvo otorgado por el PSOE de Valladolid a la asociación Adavasymt, ha recordado ante la prensa que recientemente en Francia se ha desarrollado un proceso de reforma de la Constitución para “colocar” la interrupción voluntaria del embarazo y que este derecho “no baile nunca con la entrada y salida de diferentes partidos políticos”.
Por eso, ha señalado que le “gustaría” que en el caso de España se emprendiera una reforma que vaya mas allá de lo que contempla el Artículo 14, que reconoce la no discriminación por razón de sexo, una “fórmula indirecta de igualdad” porque, según ha dicho, la Constitución española “sólo nombra” a la mujer para “excluirla” y para “decir” que las mujeres se pueden “casar”.
“Sólo aparecen diputados o ministros. Su lenguaje es totalmente masculino”, ha lamentado Calvo, al tiempo que ha confiado en que “algún día habrá un clima constructivo” en la política para “acometer la reforma de nuestra Constitución con una perspectiva radicalmente distinta”, ha dicho, aunque ha reconocido que la mujer en España “ha dado grandísimos pasos al frente” y que a la Constitución se le debe “muchísimo”.
Con información de Europa Press.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se condene a nueve años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la investigación realizada sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano a instancias de Marzena Katarzina, que buscaba trazar una estrategia legal que le permitiera recuperar un dinero que reclamaba al empresario por una disputa inmobiliaria.
En su escrito de acusación, los fiscales Miguel Serrano y Cesar de Rivas también piden penas de prisión para el socio de Villarejo, Rafael Redondo; el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño; el exinspector de la Comisaría General de Información Constancio Riaño y el exinspector Antonio Bonilla.
La Fiscalía solicita las penas más elevadas -9 años de prisión- para Villarejo y para García Castaño por delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos. Anticorrupción propone que se condone a 8 años de cárcel a Riaño y pide 4 años y 9 meses, respectivamente, para Redondo y Bonilla.
A pesar de que el juez instructor acordase procesar a David Macías, el Ministerio Público señala que “más allá de su intervención como letrado en los procedimientos seguidos contra Zotano” a instancia del propio Zotano “no consta que fuera receptor de ninguno de los datos reservados con que los encausados se hicieron relativos” al empresario.
Con información de Europa Press.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha decidido aplazar un año la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) para “alcanzar el mayor consenso posible”.
Tras la reunión este viernes de una comisión técnica, 15 comunidades autónomas –todas menos las populares Madrid y Castilla y León– le han pedido al ministerio que se plantee retrasar el desembarco de la nueva prueba de acceso a la Universidad. Educación, por su parte, ya explicó hace una semana que los cambios de momento están en fase de propuesta y que su intención es alcanzar el máximo consenso.
La propuesta del ministerio incluye reducir el número de exámenes a la mitad y una prueba de madurez académica en la que “se valorarán principalmente las destrezas asociadas al ámbito lingüístico [castellano, lengua propia si la hubiera y lengua extranjera], y que pretende evaluar principalmente la madurez académica del alumnado”. Tanto la Real Academia Española de la Lengua (RAE) como la Red Española de Filosofía habían criticado la reforma de la Selectividad planteada por el Gobierno.
Paramos un momento en la narración de la actualidad política para acercarte algunas noticias que está dejando la jornada:
Educación aplazará la reforma de la Selectividad para conseguir “más consenso”. La decisión del Gobierno llega después de que 15 de las 17 comunidades autónomas hayan pedido al ministerio de Educación que se plantee retrasar el desembarco de la nueva prueba de acceso a la Universidad. El examen de 2024 será muy parecido al actual.
El empleo resistió en noviembre y el paro cayó en 33.500 personas. El paro baja en todos los sectores, pero sobre todo en servicios, agricultura, industria y construcción. El número total de parados en España baja de los tres millones.
Los médicos avivan las protestas y señalan el “punto crítico” de la sanidad pública en España. La crisis sanitaria no solo afecta a Madrid. Las protestas se extienden a otras regiones como Andalucía, Extremadura, Catalunya, Cantabria, Valencia o Murcia. “Lo que queremos es hacer nuestro trabajo con las mejores garantías y la mayor calidad que le podamos prestar a nuestros pacientes”, aseguran los profesionales sanitarios.
Guinea Ecuatorial, la dictadura olvidada: “En España hay gente muy poderosa que sostiene la tiranía de Obiang”. Obiang se hizo con el control del país en 1979, por lo que lleva 43 años en el poder –es el jefe de Estado que más tiempo lleva gobernando en todo el mundo, sin contar monarquías. El exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos ha defendido a Obiang y lo justifica señalando que el país tiene “una situación de paz” en comparación con otros.
¡Seguimos!
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que investiga la 'operación Kitchen' ha echado en cara a la Fiscalía Anticorrupción que pida que se abra una pieza bis en esa causa para investigar el papel de María Dolores de Cospedal en el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas. Señala que esa “pieza espejo” es una pretensión “más cercana a la figura del fraude de ley que a la función propia del Ministerio Público”.
Así lo refleja en un auto de 30 de noviembre, recogido por Europa Press, en el que resuelve rechazar el recurso del PSOE –apoyado por Fiscalía– que insistía en solicitar que se investigara el papel de Cospedal. Le dice a la formación que cualquier finalidad “proto-procesal” que tenga como partido no tiene cabida en el procedimiento.
“Teniendo en cuenta que se trata de un partido político (...) cualquier otra finalidad 'proto procesal' que pudiera tener este partido al intervenir aquí ni resulta admisible ni justificada”, asevera. Así, incide en que no procede abrir “una pieza separada bis” del caso Kitchen, pese a que el PSOE sostuvo en su escrito que Cospedal exigía “información” y daba “directrices” de qué se debía hacer, participando “directamente” en el espionaje al extesorero 'popular' Luis Bárcenas.
Los de Pedro Sánchez pedían asimismo que el magistrado pusiera el foco en la “relevancia de los nuevos audios” –filtrados a la prensa– “porque, de ser adverados, excluirían cualquier tipo de duda” acerca de la implicación de la exministra. García-Castellón apunta que como ya dijo en un auto previo de septiembre, el sustento de la imputación a Cospedal “se reduce casi de forma nuclear a unos minutos de un corte audio del que se desconoce no solo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto”.
Información de Europa Press.
El presidente del Senado, Ander Gil, ha trasladado a la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara la solicitud del PSOE para abrir una investigación parlamentaria sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella y senadora 'popular', Ángeles Muñoz, tras actualizar su declaraciones de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una vivienda en Suecia.
De este modo, será ahora la Comisión de Incompatibildiades, donde el PSOE tiene más representación en la Mesa, la que tiene que decidir si abre o no esta investigación parlamentario. Según el procedimiento, en el caso de que finalmente se abra la investigación, la Comisión deberá oír a la senadora del PP y alcaldesa de Marbella, y concluirá con la emisión del informe declarando la existencia o no de infracción al Código de Conducta y proponiendo, en su caso, las medidas jurídicas que procedan.
Se trata de la primera ocasión en la que un grupo en el Senado recurre al Código de Conducta de las Cortes Generales, que se aprobó el 1 de octubre de 2020. En este caso, los socialistas han invocado al artículo 9, que habla del procedimiento de infracciones y sanciones para dilucidar si se ha producido alguna infracción en casos de conflictos de intereses.
Tal y como explica este artículo, el informe sobre la posible infracción será remitido a la Mesa correspondiente que ordenará su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y resolverá, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, lo que proceda en relación con la sanción que en su caso se proponga.
Informa Europa Press.
El expresidente del Gobierno Felipe González ha calificado de “inconstitucional” la declaración unilateral de independencia en Catalunya en 2017 y ha criticado el cambio del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. “No es lo mismo desórdenes públicos de protestas en la calle, que que los representantes políticos lleven al Parlamento leyes de desconexión, regulen una política independiente. Esto no son desórdenes públicos”, ha dicho en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3.
Felipe González ha respondido también a la idea de que con este cambio en la sedición se quiere adecuar el Código Penal al de otros países europeos. “Si han pretendido tipificar lo sucedido, lo tipificado ni se ajusta a la realidad, ni tiene comparación con ninguna de las legislaciones europeas”.
En la entrevista, González ha insistido en que “no son desórdenes públicos” y que la norma “que conoce”, “no es homologable con Europa si se trata de tipificar los comportamientos de septiembre de 2017 en Barcelona”.
El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley del 'solo sí es sí', entre otras cosas, por la definición que hace del consentimiento sexual.
El partido ultraderechista que lidera Santiago Abascal entiende que “hay una inversión en la carga de la prueba” que perjudica al hombre, y también que no queda claro si el consentimiento debe ser “expreso” o “deducible”.
La unificación de los tipos penales del abuso y la agresión sexual, punto central de la nueva ley impulsada por Igualdad, también les parece sancionable ya que, argumentan en un comunicado, “se infringe el principio de proporcionalidad”.
El texto ha sido presentado ante los medios, entre otros líderes del partido ultraderechista, por la diputada Carla Toscano. La parlamentaria que, desde la tribuna del Congreso, se dirigió con términos machistas a la ministra Irene Montero al afirmar que su único mérito había sido mantener una relación sentimental con Pablo Iglesias.
Informa Alberto Pozas.