España ha tomado medidas para impulsar la lucha contra el pago de sobornos a funcionarios extranjeros, aunque los resultados obtenidos hasta ahora son “extremadamente bajos”, según la evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que insta a regular con urgencia la protección de los denunciantes y a ampliar el periodo de prescripción más allá de cinco años.
La institución señala que, si bien España ha tomado medidas importantes para aumentar la aplicación de sus leyes contra el soborno transnacional, 20 años después de la entrada en vigor de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, solo se concluyó con éxito un caso con sanciones contra dos personas físicas, y ninguna persona jurídica ha sido sancionada por cohecho transnacional.
“Esto es extremadamente bajo dado el tamaño de la economía española y las regiones y sectores de alto riesgo en los que operan sus empresas”, asegura la OCDE en su informe de la Fase 4 de evaluación, desarrollada por un equipo compuesto por examinadores principales de Brasil y Sudáfrica, así como por miembros de la División Anticorrupción de la OCDE, que realizó una visita in situ a Madrid del 30 de mayo al 3 de junio de 2022.
En esta Fase 4 de su informe sobre la implementación y el cumplimiento por parte de España de la Convención, la OCDE evalúa los progresos realizados por España desde la Fase 3 de 2012, incluida la aplicación de sus leyes contra el soborno en el extranjero, la responsabilidad corporativa y la detección del soborno en el extranjero.
El informe recuerda que, desde la Fase 3, España ha abierto 46 nuevas investigaciones sobre denuncias de soborno en el extranjero, pero lamenta que, a pesar de los esfuerzos desplegados, de los 25 casos en curso, en solo cuatro las personas involucradas fueron procesadas.
De hecho, el Grupo de Trabajo se muestra “particularmente preocupado” por el cierre prematuro de casos en España, ya que 20 investigaciones de soborno transnacional terminaron sin cargos desde la Fase 3, incluidas 13 porque no se obtuvo respuesta de una solicitud de asistencia legal mutua (MLA, por sus siglas en inglés), o porque la información recibida transmitió que no se estaba llevando a cabo en el país extranjero ninguna investigación que afectase a personas físicas o jurídicas españolas.
“España ha sido muy proactiva en el despliegue de mecanismos de cooperación internacional, pero infrautiliza otras herramientas de investigación, incluidas medidas coercitivas como el registro y la incautación, así como la auditoría forense y la tecnología de la información”, refleja el informe, que recomienda también a España garantizar que el umbral probatorio para abrir una investigación judicial no impida la investigación y el enjuiciamiento efectivos de las denuncias de cohecho transnacional.
Informa elDiario.es.
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado como “verdadero golpe blando judicial” la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las enmiendas relativas a su propia renovación. “Algunos aplaudieron cuando lo hizo en Cataluña en 2017”, ha apuntado, en referencia al PSOE, antes de añadir que “ahora todos sufrimos las consecuencias”.
Rego ha utilizado su cuenta de Twitter para opinar sobre la resolución adoptada a última hora del lunes por el tribunal de garantías dando vía libre a las cautelarísimas solicitadas por el Grupo Popular. “Esto es muy grave, un verdadero golpe blando judicial. Que el Constitucional impida debatir y votar una ley en un parlamento es la antítesis de la democracia”, ha denunciado.
Con información de Europa Press.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha tildado de “hecho grave” que por primera vez en la historia del país el Tribunal Constitucional haya prohibido a las Cortes seguir tramitando la reforma para reformar el sistema de nombramientos del propio organismo. “Los representantes del pueblo han visto parcialmente suspendida su actividad legislativa”, ha recordado, si bien ha proclamado que la “democracia prevalecerá”.
En este sentido, según ha señalado fuentes de su entorno a Europa Press, Díaz ha garantizado que tanto ella como el Gobierno van a seguir trabajando “del lado de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones”. “Lo vamos a hacer con diálogo, con serenidad y con política constructiva”, han añadido las citadas fuentes para recalcar que esta situación es el “resultado de un proceso de deterioro” de las instituciones.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este lunes que “la derecha españolista secuestra las instituciones”, después que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido la tramitación parlamentaria de la reforma que desbloqueaba su renovación.
“Usaron a Cataluña como banco de pruebas y hoy, envalentonados, lo aplican en todos lados. La derecha españolista secuestra las instituciones y solo lo superaremos con una agenda valiente y progresista y donde Cataluña sea definitivamente una república soberana”, ha expresado en Twitter.
El Pleno del TC ha acordado suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
Con información de Europa Press.
“El Estado español es irreformable”, ha dicho la presidenta de Junts, Laura Borràs, después que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido en la noche de este lunes la tramitación parlamentaria de la reforma que desbloqueaba su renovación.
“Teníamos claro que el Estado español es irreformable. Ahora, en lugar de la separación de poderes, hay profanación de poderes”, ha manifestado en Twitter.
Borràs también ha considerado que la decisión del TC anima a avanzar hacia una república catalana: “Avisamos que para impedir la independencia se cargarían la democracia. Nada que no supiéramos pero una razón de más para construir una república democrática e independiente”, ha concluido.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este lunes que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
“Gana el Estado de Derecho. Gana España”, ha escrito el regidor de la capital española en un escueto mensaje en Twitter.
Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales.
Informa Europa Press.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha comparecido esta noche tras la decisión del Tribunal Constitucional, por primera vez en democracia, de paralizar una tramitación parlamentaria, en este caso la de la reforma para renovar el Constitucional, con mandato caducado desde hace seis meses. En una declaración institucional desde la Cámara Baja, Batet ha anunciado “el acatamiento y el respeto a la decisión que hemos conocido”.
La tercera autoridad del estado ha manifestado que esa decisión se produce en un “contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático”. Y ha subrayado que se trata de “un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional”.
“Se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio de proceder produce una honda preocupación desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales”, ha planteado, antes de insistir en que “la actuación del Congreso no puede ser si no una, la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional”.
Escribe José Enrique Monrosi.
El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha arremetido contra el Tribunal Constitucional (TC) al haber paralizado el proceso legislativo para reformar el sistema de nombramientos del propio organismo. “Fin de la credibilidad del TC y otros órganos, utilizados para hacer política”, ha criticado en su perfil de Twitter.
Para el portavoz nacionalista, esta decisión supone también la “invasión de la soberanía parlamentaria” que ya se produjo, a su juicio, con el 'Caso Atutxa'. Además, en su mensaje recalca que el PNV “no votó” ni a Enrique Arnaldo ni a Concha Espejel para convertirse en magistrados del TC, a propuesta del PP. “Otros sí”, remacha, en alusión al PSOE y Unidas Podemos que sí apoyaron esos nombramientos en virtud del pacto que el Gobierno había sellado con los 'populares'.
El líder de Vox, Santiago Abascal, teme que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desoiga la decisión del Tribunal Constitucional y se “perpetúe” tras haberse paralizado la tramitación en el Senado de la reforma que busca renovar el órgano de garantías, y ha avisado que su formación seguirá trabajando para “detenerlo” con una moción de censura y más acciones judiciales.
Según ha escrito en un mensaje en Twitter, la decisión del TC “debería detener, de momento, el asalto de Sánchez” pero “no hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse”. “Es capaz de desoír al Tribunal”, ha indicado.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este lunes suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
Más País ha registrado en el Congreso una reforma de la Ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional (TC) que habilita al Ejecutivo o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a designar miembros del órgano de forma separada si pasados tres meses desde la renovación no se han ejercido los relevos. “No van a poder con la soberanía popular”, ha dicho el líder del partido, Iñigo Errejón, después de que el Tribunal Constitucional haya paralizado el proceso legislativo para reformar el sistema de nombramientos del propio organismo.
En el texto se plantea suprimir la atribución actual del Tribunal Constitucional para ejercer un control adicional sobre los miembros designados por los órganos competentes, dado que esa supervisión tiene “poca utilidad”, ya que esos perfiles son evaluados por los órganos que las designan y se refuerza el control conferido a cada institución proponente.
El principal cambio planteado por Más País es introducir la posibilidad de que el Gobierno y el Poder Judicial puedan renovar el tribunal de garantías de forma desacompasada, pasados tres meses desde la fecha en la que se debería haberse producido el relevo de sus miembros.
Además, se añade un apartado que añade como causa de cese de un magistrado del Tribunal Constitucional el no reunir los requisitos mencionados en el artículo 159.2 de la Constitución. Ese apartado de la carta magna especifica que los miembros del TC deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos y abogados, todos ellos con la condición de ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.
La proposición argumenta que estos meses se ha visto una situación que afecta al tercio de miembros del TC que deben ser elegidos por el Gobierno y por el CGPJ, dado que existe una “dilación” del órgano de gobierno de los jueces que compromete la llegada al tribunal de garantías elegidos ya por el Ejecutivo.
Informa Europa Press.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que el Poder Judicial “ha pasado un día francamente complicado” porque los magistrados del Tribunal Constitucional “están siendo agredidos” por el Gobierno que dice que “hay que elegir entre la democracia y la justicia”. “Es decir, como en los peores momentos de la historia, que la democracia está incluso por encima de la ley”, ha defendido Ayuso.
Así se ha pronunciado este lunes la presidenta madrileña tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la votación en el Senado de las leyes que pretendían renovar los miembros del organismo.
Informa Fátima Caballero.