La derogación de la ley mordaza continúa avanzando. Unidas Podemos asegura que acaban “de concluir los trabajos para alcanzar un acuerdo” con los socialistas “sobre las enmiendas” que las dos formaciones van a presentar a la proposición de ley impulsada por el PNV para tumbar la normativa de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha sido el encargado de negociar junto al PSOE.
Entre las novedades que se han concretado sobre el futuro de esa normativa, Santiago destaca que se apostará por “reforzar las sanciones de tipo restaurativo”, como las de trabajo comunitario, “frente a las retributivas”, que “consisten exclusivamente en un castigo a las personas”. De esta forma, pretenden potenciar “resocialización de las conductas de los infractores”. “Así se eliminaría la limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez”, indican fuentes de Unidas Podemos.
Santiago ha agradecido a los nacionalistas vascos el impulso que han dado a la derogación de la ley mordaza. Durante estas últimas semanas PSOE y el grupo confederal se han reunido en varias ocasiones. El resultado de esos encuentros se ha conocido únicamente por las declaraciones realizadas por los representantes del socio minoritario. La semana pasada ya adelantaron que las devoluciones en caliente saldrán del texto normativo en el que están trabajando. Las dos formaciones han acordado “omitir cualquier mención a asuntos de extranjería y fronteras” en la reforma que tienen sobre la mesa, remitiendo “tales materias a la legislación de extranjería, siempre conforme a los establecido en los convenios internacionales suscritos por España”, según fuentes del grupo confederal.
Las enmiendas que están elaborando las dos formaciones apuesta por garantizar el “derecho de manifestación”, para que solo se deban comunicar “las manifestaciones de eventos previstos y previsibles”, como “la manifestación del 1 de mayo”. “Mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez, como pudo pasar, por ejemplo, con la manifestación por sentencia de La Manada, y solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. La no comunicación de las manifestaciones previstas y previsibles será sancionada como falta leve”, apuntan fuentes de la coalición. Siempre que la protesta “sea de forma pacífica”, la ausencia de comunicación a las autoridades no impedirá el derecho de reunión.
En relación a los cambios de la cuantía económica de las multas, los socios del Gobierno pretenden que las multas “excesivas” se reduzcan y que se apliquen “criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado así como a su edad, en el caso de personas menores de edad”, al hacer frente a una sanción. “De esta manera, el criterio para la cuantía económica de las sanciones será un calculo de progresividad y proporcionalidad para reducir la sanción atendiendo a la capacidad económica de la persona sancionada”, añaden las mismas fuentes.
Otro de los temas abordados entre las dos formaciones ha sido la toma de fotografías en las manifestaciones y operaciones policiales. Las enmiendas que van a presentar PP y PSOE no amparan las sanciones por fotografiar o difundir imágenes “cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias”.