La reciente remodelación acometida por Pedro Sánchez en el sector socialista del Gobierno había opacado uno de los debates más acuciantes que hay en el seno del Ejecutivo: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pendiente desde enero y que divide a los dos socios del Ejecutivo. Pero con los nuevos ministros ya presentados y tomando la medida de sus responsabilidades, desde Unidas Podemos se ha retomado con fuerza la presión para lograr que el incremento del indicador se produzca este mismo verano. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lidera esta pugna, para la que cuenta con importantes aliados, como los sindicatos o algunos de los aliados parlamentarios. Enfrente, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, mantiene su tesis de congelar el SMI y acometer la subida más adelante.
“Si un Gobierno deja fuera a los más débiles, es muy difícil decir que es un Gobierno social”, sentenció Yolanda Díaz en una entrevista en TVE el pasado jueves. El mismo día, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba la Encuesta de Condiciones de Vida que apunta que uno de cada cinco españoles está en riesgo de pobreza en España, aunque la tasa de riesgo de pobreza entre los ocupados se ha reducido en 1,2 puntos hasta situarse en el 12%, el valor más bajo desde 2012. También el índice de Gini, que sirve para medir la desigualdad de los países, se ha reducido 1,1 puntos hasta situarse en el 32,1, el valor más bajo de los últimos 13 años. Dos mejoras que han venido acompañadas de sendas subidas del SMI, especialmente la de 2019.
La líder de Unidas Podemos en el Gobierno insistió en la entrevista en la idea: “No es creíble que seamos el Gobierno de la recuperación si no mejoramos las condiciones salariales de los más débiles”. Pero Díaz tiene muy interiorizadas las diferencias que hay en el seno del Ejecutivo en esta materia, hasta el punto de que recordó que la vicepresidenta económica ya se opuso a la subida del SMI a 950 euros en 2019 y con el PSOE gobernando en solitario, “cuando España crecía más que la media de la UE”. “Pensamos diferente”, reconoció, para señalar que “Unidas Podemos y los sindicatos” lo tienen “claro”.
En efecto, un día antes de la entrevista de Díaz en TVE los sindicatos se manifestaban bajo el lema “Ahora sí toca” y advertían al presidente del Gobierno de que “endurecerán” el diálogo social si no se sube este mismo año el SMI. Sobre la mesa, dos importantes negociaciones en marcha: la segunda y tercera fase de la reforma de pensiones y el nuevo marco laboral que debe sustituir a la reforma laboral del PP de 2012.
Desde CCOO se han lanzado en las últimas horas mensajes duros dirigidos expresamente a Pedro Sánchez. “Emplazamos al presidente del Gobierno a que cumpla los compromisos contraídos y renueve la agenda social”, dijo el dirigente Carlos Bravo.
Pero mucho más duro ha sido el sindicato hermano del PSOE, UGT. Su secretario general, Pepe Álvarez, decía también el jueves en RNE que “las excusas para no subir el SMI son malísimas”. “El Gobierno debe llamarnos y, si no, pediremos reunión para explicar al presidente del Gobierno que no hay razón para no subirlo, todos los países europeos que tienen salario mínimo lo han subido este año, si no nos hacen caso, endureceremos nuestra posición”.
De hecho, solo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy ha congelado el SMI en los últimos años. En enero de 2021 el Ejecutivo optó por no prorrogar el SMI del año anterior, sino por posponer la decisión a este verano, cuando ya se hubiera hecho público el informe de los expertos para fijar la senda de crecimiento del indicador hasta 2023 y que proponía una subida de hasta el 2% este año.
La negociación en el seno del Ejecutivo sigue en marcha, aunque no se haya abordado el tema del SMI en concreto desde la reunión que mantuvieron a finales de junio Sánchez y Díaz, los dos líderes de los socios del Gobierno y quienes tendrán que tomar la decisión final.
En contra de la subida se sitúa el sector más ortodoxo del PSOE, con Nadia Calviño a la cabeza. La recién promocionada a vicepresidenta primera por la salida de Carmen Calvo, aunque mantiene sus competencias exclusivamente económicas, insiste en que “la prioridad es el empleo” y, aunque no dice expresamente que no se vaya a subir el SMI este año, sí plantea que mientras hay trabajadores en ERTE no es conveniente mejorar el indicador.
Una respuesta que no ha gustado al líder de la UGT, quien en la misma entrevista citada antes señalaba que “una cosa no se interpone a la otra” y apuntaba a que las relaciones del sindicato que lidera con el Gobierno “no pasan por un buen momento” ante la “falta de sensibilidad y la prepotencia” de la vicepresidenta Calviño.
En junio Pedro Sánchez había enfriado las opciones de que el Gobierno subiera finalmente el SMI. Pero en las últimas semanas, mientras arrecia la presión de Unidas Podemos y de los sindicatos, se ha mantenido al margen de la disputa, al menos en público. La decisión, sea la que sea, deberá tomarse de forma inminente. El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano se celebrará el 3 de agosto. Después, el Gobierno entrará de lleno en otra negociación, también muy compleja y a varias bandas, para sacar los Presupuestos Generales de 2022.
Sea ahora o más adelante, el compromiso que recoge el acuerdo de gobierno es llevar el SMI al final de la legislatura al 60% del salario medio, lo que los expertos designados por el Ejecutivo situaron alrededor de los 1.050 euros en 2023, año de múltiples y trascendentales citas electorales.