Unidos Podemos quiere que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explique por qué no informó al Congreso de que durante la crisis de seguridad de LexNET se produjeron más de 400 descargas ilegales de documentos sensibles.
En una batería de preguntas presentada en la cámara baja, Unidos Podemos recuerda que, según la información publicada por eldiario.es, el ministro no reveló durante su comparecencia en el Congreso la existencia de esas descargas. Habló de ellas en una reunión privada, en la que también elevó las intrusiones de 49 a 73.
El grupo parlamentario pide a Catalá que aclare los datos, y que explique a qué se debe “la disparidad en la narración” entre lo que contó en la Comisión de Justicia del Congreso y lo que luego reveló en una reunión privada.
Además, Unidos Podemos pide al ministro que aclare si tiene identificados a los autores de esos accesos ilegales y si el Gobierno mantiene que LexNET funciona “como una fortaleza”, o por el contrario admite que puede haber nuevas brechas de seguridad. La petición de información está firmada por los dos portavoces de Justicia, Eduardo Santos y Jaume Moya.
El sindicato de letrados pide su dimisión
El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) ha reclamado este lunes la dimisión del ministro por ocultar que durante la crisis se seguridad de LexNET se produjeron más de 400 descargas ilegales de documentos judiciales.
Este sindicato asegura que “el ministro de Justicia debe hoy una explicación pública inmediata y rigurosa, pero considerando su trayectoria al frente de la cartera de Justicia, entendemos que se ha demostrado inadecuado para el cargo y reclamamos su cese inmediato”.
En un comunicado, el SISEJ apunta que se desconoce “qué motivó la brecha de seguridad, el alcance real de la misma y las actuaciones y decisiones tendentes a evitar otra situación semejante”.
“El Ministro oculta a los ciudadanos y a los Letrados de la Administración de Justicia, últimos responsables de las comunicaciones y la protección de datos en las oficinas judiciales, circunstancias sobre las que, al parecer, mantiene reuniones privadas”, añaden.
Además, señalan que “el gobierno de la Justicia no puede ejercerse en ámbitos pseudo privados ni de manera opaca, fuera de los canales preestablecidos de negociación, participación e información de todos los colectivos implicados, y en particular de los que tenemos competencias al respecto”.