Mientras ministerios como el de Educación o Sanidad sufren los efectos de los duros recortes llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy, para otros no parece existir la crisis. Un claro ejemplo es Defensa, departamento que dirige Pedro Morenés, cuyos gastos comprometidos en Programas Especiales de Armamento (PEAS) suscritos con la industria armamentística alcanzan los 30.000 millones de euros, lo que supone todo un desfase presupuestario para los próximos quince años para este ministerio, ya de por sí bastante endeudado. UPyD quiere que el Gobierno rinda cuenta con luz y taquigrafos de ese desmesurado gasto que se está realizando en Defensa.
Para ello, la formación que lidera Rosa Díez ha registrado ya en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que exige la realización de una auditoría que esté lista en el plazo de seis meses sobre los 19 programas especiales realizados por Defensa - la mayoría de ellos entre 1996 y 2006- para la adquisición de carros de combate; aviones de transporte; fragatas;helicopteros, o artillería y que consideran muy “opacos”. “No es difícil imaginar la cantidad de abusos que se pueden estar realizando entorno a los PEAS con dinero de los ciudadanos y sin que éstos lo sepan”, asegura UPyD en su iniciativa en la piden también la “renegociación” de estos contratos con las empresas para evitar que el ministerio de Defensa se “hipoteque” durante décadas.
“Queremos conocer la verdadera realidad de este inmesa deuda de Defensa, buscar soluciones para reducirla tanto en la cantidad como en el número de años, y analizar las consecuencias de la hipoteca presupuestaria que supone tanto en la politica de Defensa como en la política Exterior”, afirma Irene Lozano, portavoz de UPyD, cuya formación ha elaborado un informe propio “con el asesoramiento de expertos” que presentará este martes en sede parlamentaria y cuyas conclusiones -avisa- “son demoledoras”.
En él se explica que el calendario de pagos de los gastos en programas aprobado por el Consejo de Ministro en agosto de 2013 ha dejado al descubierno las “falsedades” que ha contado el Gobierno. “Si bien entre 2014 y 2015 se rebaja algo la factura inicialmente prevista, se trata de la clásica estrategia de engordar para morir”, explica el informe, para añadir a continuación que “a partir de 2016 el gasto crece y supondrá una media anual de 1.320 millones, con picos hasta de 2.000 millones en 2019, 2020, 2021 y 2022”.
Lo cierto es que este “agujero presupuestario” no es culpa únicamente del Gobierno del PP. Parte del endeudamiento se gestó en la época de José Bono cuando el dirigente socialista ocupó la cartera de Defensa. Pero en UPyD señalan especialmente a Pedro Morenés por su particular trayectoria. “Morenés es en sí mismo el ejemplo más palpable de la llamada puerta giratoria”, apunta a eldiario.es Irene Lozano, que hace hincapié en el currículum del titular de Defensa. “Siendo secretario de Estado de Defensa -cargo que ocupó entre 1996 hasta el 2000- es Morenés el que pone en marcha los PEA. Ocupando después la secretaría de Estado de Política Cientifica y Tecnológica -entre 2002 y 2004- es el que concede créditos especiales de Industria a las empresas de la Defensa, que llegaron a repartir 14.000 millones de euros. Y, posteriormente, al perder el PP las elecciones -durante los casi ocho años de gobiernos de Zapatero-, Morenés regresa a la empresa privada ocupando importantes puestos en empresas relacionadas con la industria armamentística”, como Instalaza, fabricante de bombas de racimo.
“Cuando Rajoy le nombra ministro de Defensa, comienza a renegociar los contratos de armamento que él mismo puso en marcha en el año 96-97. Morenés es el hombre lobby”, concluye Lozano, a quien también le llama la atención el hecho de que su segundo, Pedro Argüelles, secretario de Estado de Defensa, sea el cargo “más rico o uno de los más ricos del Gobierno”.
Precisamente, al inicio de la legislatura, el propio Argüelles reconoció en una de sus comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso que estos programas especiales de armamento iban a necesitar de nuevo en 2014 una financiación adicional de más de 900 millones de euros que no estaba previsto en el presupuesto inicial del ministerio. Los grupos parlamentarios criticaron entonces con dureza esas “disfunciones” entre lo que se presupuesta y lo que luego se ejecuta.
La Izquierda Plural llegó a acusar al Gobierno de ocultar a la ciudadanía lo que realmente se gasta Defensa con el sector armamentístico. La misma Irene Lozano consideró los presupuestos presentados por Argüelles como un “ejercicio de cinismo” y una “tomadura de pelo” por ser absolutamente “ficticios”.