El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias ha aprovechado su discurso para proponer once medidas urgentes “que no tienen una ideología distinta a la de la mayoría de españoles y sirven para proteger la democracia”. Se trata de medidas, que según Iglesias el Partido Popular no podría impulsar porque acabaría “con más dirigentes en la cárcel”. El secretario general de Podemos enumeró cada una de sus recetas:
- Una ley de contratos del sector público que cuente con una plataforma única de información.
- Facilitar el trabajo de los organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
- Una nueva ley de financiación de partidos que incluya a las fundaciones y prohíba las donaciones anónimas.
- La adscripción funcional y orgánica a los juzgados de la policía judicial. Según Iglesias, se trata que los agentes que investigan en los sumarios dependan solo del juez que dirige las pesquisas y para que el poder político no pueda apartar a policías incómodos.
- Derogación de la “llamada ley Berlusconi o de protección a los corruptos”. Pablo Iglesias llama así a la reforma del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal que acortó los plazos de la investigación a seis meses, después de los cuales deben ser calificados como causa compleja o archivados.
- Reforzar la independencia del poder judicial y de la Fiscalía general del Estado. Podemos propone reformar el Estatuto de carrera de los fiscales para dotar al ministerio público de más independencia y para poner fin a las presiones que se han visto en los últimos casos de corrupción.
- Una ley antipuertas giratorias, que impida que los cargos públicos puedan ser contratados en consejos de administración de grandes empresas. En la actualidad, los dirigentes políticos tienen una incompatibilidad de dos años para ingresar en el sector privado dentro del área que han gestionado.
- Acabar con el secreto bancario. Se trata de una medida pensada para perseguir a los paraísos fiscales. El secreto bancario no existe en España.
- Reforma del Código Penal para endurecer las penas a los delincuentes y reducir la cuantía de las cantidades económicas a partir de las cuales son consideradas delito.
- Introducir el delito de enriquecimiento ilícito. Supone invertir la carga de la prueba para que un aumento del patrimonio deba ser justificado por el investigado y no al revés.
- Unidad para recuperar el dinero de la corrupción y del crimen organizado dentro de la Oficina de Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia. Se trata de un órgano que ya opera para localizar los bienes de las tramas de corrupción y reintegrarlos al Estado.