El papel de la número dos de Mariano Rajoy ante las preguntas sobre el caso Bárcenas es hacer de cortafuegos para evitar que le salpique a ella o empeore la situación del presidente del Gobierno. Antes del descanso de las vacaciones, viernes tras viernes se acogía a que el asunto está en los tribunales y al Ejecutivo no le corresponde inmiscuirse. Tras el primer Consejo de Ministros después del parón de agosto, ha ido más lejos. Consciente de que el borrado de los datos de los ordenadores que utilizaba el extesorero del PP puede entenderse como una destrucción de pruebas, lo ha calificado de “decisión empresarial” del partido y ha asegurado que no puede opinar sobre eso.
De este modo, Sáenz de Santamaría ha tratado de quitarle importancia al hecho de que se haya enviado al juez unos ordenadores vacíos de datos para la investigación pero que Mª Dolores de Cospedal confirmó que estaban “custodiados” cuando declaró ante Pablo Ruz el pasado 14 de agosto. Como hizo Carlos Floriano, se trata de reducir la polémica a una cuestión de “política de empresa” para tratar de convencer de que el PP reutiliza todos sus ordenadores de modo que los aprovechen después otros trabajadores. A la vez, la vicepresidenta ha marcado distancias con una decisión que corresponde a Cospedal como máxima responsable de Génova. Sólo ha habido una parte del mantra que no se ha atrevido a repetir, consciente de que podía interpretarse como una provocación: la de que todos los dirigentes del PP buscan la colaboración con la Justicia.
Las relaciones entre la vicepresidenta y la secretaria general son muy mejorables desde hace meses. La gestión que Cospedal ha hecho del escándalo ha multiplicado en las últimas semanas las voces que reclaman una mejor coordinación del Gobierno y del partido y la necesidad de tutelar de alguna forma a la secretaria general para que no actúe por libre en algunas ocasiones. A la espera de que Rajoy tome la decisión, Sáenz de Santamaría trata de dar la imagen de que Gobierno y partido tienen poco que ver. Otra cosa es el grupo parlamentario, donde su poder es más evidente y que le permite presumir de la estabilidad del Ejecutivo gracias a la mayoría absoluta en Congreso y Senado.
Tampoco ha querido mojarse sobre una crisis de gobierno que se da por hecha: “No estamos en eso, sino en traer leyes”, ha dicho antes de encomendarse a una larga parrafada sobre las reformas e iniciativas legislativas realizadas por el Gobierno hasta ahora y por las que se esperan para los próximos meses. “La decisión es de quien es y nadie me ha comentado nada al respecto”, ha insistido. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, también ha intentado escurrir el bulto ya que se habla de él desde hace meses para encabezar la candidatura a las elecciones europeas e incluso como relevo de Javier Arenas para optar a la presidencia de la Junta de Andalucía.