Entre 2003 y 2012, España se convirtió en referente mundial en políticas de seguridad vial. La espectacular reducción de las víctimas en la carretera, que pasaron de 5.399 a 1.903 en una década, empujó a distintos países europeos a intentar copiar las medidas que lograron esa disminución de muertes (del 65% en diez años). El secreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue, no solo situar al frente de la DGT a Pere Navarro, un profesional con mucho prestigio que había ejecutado planes de movilidad en la ciudad de Barcelona. También y sobre todo conceder rango de políticas de Estado a la lucha contra la siniestralidad.
La tendencia de caída de víctimas en el asfalto se ha esfumado tras cinco años de Gobierno de Mariano Rajoy. La curva en los gráficos se dio la vuelta en 2016, cuando murieron 1.160 personas en las vías españolas interurbanas, 29 más que durante el ejercicio anterior. Y el repunte va a mantenerse en 2017 que, a falta de cerrar el balance anual, ya ha rebasado la cifra de muertes del ejercicio anterior.
Hasta el día 19 de diciembre -última actualización del recuento de la DGT este año-, en esas vías interurbanas han fallecido 1.169 personas, ocho más que durante el ejercicio completo de 2016. Todavía no están computadas las calles de las ciudades donde la responsabilidad de tráfico es municipal. A ese número habrá que sumarles las víctimas de la campaña de Navidad, un período crítico en el se producen millones de desplazamientos y que concentra un número significativo de accidentes mortales. Sin contar los últimos 11 días de diciembre, donde ya hay 40 fallecidos más que en 2016. El ascenso provisional de la mortalidad es del 4%.
A la vista de las cifras, colectivos de víctimas y asociaciones de automovilistas exigen un impulso a las políticas de tráfico y movilidad y lamentan que, tras aquellos años de éxitos del Gobierno de Zapatero, las instituciones y la propia sociedad se hayan relajado.
Inestabilidad y crisis en la DGT
Desde la llegada al poder del PP en 2012, tres personas distintas han estado al frente de la DGT, que ha vivido una grave crisis interna con la dimisión de María Seguí. Este perfil técnico, que el Gobierno de Mariano Rajoy eligió para asumir las competencias de Tráfico, acabó dimitiendo acusada de beneficiar a un grupo de científicos en el que estaba su marido. Quienes conocen por dentro la DGT aseguran que ese organismo, uno de los que más prestigio había ganado durante la década anterior, ha vivido años de inestabilidad y cambios de rumbo con cada nueva dirección.
Stop Accidentes, la asociación que representa a víctimas de siniestros, pide volver a colocar las políticas de seguridad vial en el centro del debate, que recobren el peso que merecen en el Gobierno.
Su presidenta, Ana Novella, recuerda que cuando tiene lugar un accidente son varios los ministerios que se ven implicados -Interior, Sanidad, Justicia, Fomento- y aspira a que todas esos departamentos se movilicen también para evitarlos.
“Ojalá pudiéramos determinar que hay una sola causa y se pudiera atacar. Pero son muchos factores, la gente ya se ha habituado al carné por puntos, que ya no infunde el mismo temor en los conductores que al principio. Además hubo una reforma legal para quitar los juicios de falta, y eso ha contribuido a que algunas muertes queden sin juzgar cuando no concurren determinados delitos y a una cierta sensación de que sale muy barato causar un accidente mortal. Las carreteras secundarias deben ser revisadas todas, no solo las de la red del Estado. En seguridad debemos aunar esfuerzos y poner en marcha una política común”, dice la cara visible de Stop Accidentes.
Una asignatura pendiente de seguridad vial
Su asociación lleva años pidiendo incluir en los colegios y escuelas una asignatura obligatoria de seguridad vial: “La idea es conseguir que se eduque ya desde infantil y primaria. Que los niños crezcan con ese civismo y respeto a la vida. Desde que uno da sus primeros pasos como peatón, cuando va anclado en una silla de seguridad, se sube luego a la bicicleta o a una moto y al final en el coche o en otros vehículos”. La apuesta de Stop Accidentes pasa por que el Congreso de los Diputados escenifique además un Pacto de Estado en el que estén los principales partidos políticos y eso se traduzca en políticas concretas a medio y largo plazo.
El contexto tampoco ha ayudado. Durante los años más duros de la crisis tanto empresas como particulares han retrasado la edad de jubilación de sus vehículos. Los informes de la DGT señalan que la edad media de los vehículos implicados en siniestros mortales es de 13 años.
Hasta 190 puntos negros
La inversión pública en mantenimiento de las vías durante la recesión que comenzó en 2008 también se ha desplomado. En el sector se da por hecho que el mal estado del firme explica el 10% de los siniestros. Desde la organización Automovilistas Europeos Asociados exigen a la Administración que se vuelva a invertir en conservación de las carreteras.
Su último informe revela que en la red del Estado -las que no dependen de comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos- en 2017 hay 190 puntos negros, cincuenta más que en el ejercicio anterior, según el último estudio, que lleva por título Las carreteras más peligrosas de España. Ese informe subraya que entre 2011 y 2015 perdieron la vida 2.044 personas en 1.306 siniestros que se concentraron en esos fatídicos tramos.
Desde la fundación Mapfre, su coordinador de campañas, Antonio García, coincide en que el balance de este último ejercicio es “totalmente negativo”. “Está subiendo la mortalidad en todo tipo de vías, en carreteras pero también en autopistas y en vías urbanas. Y no se puede caer en el fatalismo porque son siniestros que se pueden evitar. Hacen falta campañas que llamen la atención, lo que no obliga a que sean agresivas, que tengan distintos tonos y se dirijan a muchos tipos de público. Atajar el exceso de velocidad, el uso del móvil, el alcohol y las drogas. Tal vez los años de triunfalismo han llevado a una relajación general”.
Igual que según los expertos la crisis ha influido a la hora de envejecer vehículos y carreteras, la incipiente recuperación económica ha incrementado el número de desplazamientos en vacaciones y puentes. Desde fundación Mapfre García, alude a otros factores como el aumento de las temperaturas que hacen que ahora se usen más las bicicletas y motos. García sí cree en la efectividad del carné por puntos, aunque admite que hay que seguir dando pasos desde la Administración. “Es un sistema que ha funcionado y creemos que debe mantenerse pero tal vez haya que sumar nuevas medidas: más control policial, mayores controles de velocidad y drogas...”
9.600 millones de euros cada año en accidentes de carretera
Cuando se cierre 2017 la DGT habrá realizado 100.000 test a conductores de toda España. En la penúltima campaña de controles celebrada entre el 23 y el 29 de noviembre en carreteras convencionales, donde se registran la cuarta parte de los accidentes mortales, 403.560 vehículos fueron examinados por las patrullas de la Guardia Civil que denunciaron a 21.939 personas por incumplir las normas de circulación, en la mayor parte de los casos (12.193) por exceso de velocidad.
Los expertos coinciden en que lo peor sería bajar la guardia y caer en el fatalismo de volver normalizar las muertes en las carreteras, que además de las tragedias familiares representan una grave factura económica para las arcas públicas que la OCDE ha computado en sus registros. Uno de sus últimos informes sobre el año 2015 apunta que los accidentes en la carretera cuestan a España 9.600 millones de euros cada año (4.190 que cuestan los hospitalizados, 3.140 millones dedicados a heridos y 2.310 millones en indemnizaciones para las familias de los fallecidos). Según sus cuentas, representa el 1% del PIB español.