Pilar Martín Nájera: “Las víctimas de violencia de género desconfían del sistema judicial porque el proceso es duro, daña y revictimiza”

Pilar Martín Nájera (Palencia, 1957), lleva más de un lustro al frente la fiscalía especializada en Violencia sobre la Mujer, desde donde coordina la actuación del Ministerio Público ante la lacra del maltrato, una violencia “estructural” que sufren las mujeres por el hecho de serlo y que, insiste, tiene en la educación “su única vacuna”. Recibe a elDiario.es en su despacho con motivo del 8 de marzo, una fecha que pone el foco en el debate de la igualdad y las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres. 

Tras casi cuatro décadas en la carrera fiscal ha visto evolucionar la manera en que la sociedad y la justicia abordan el drama de la violencia machista. Pero admite que hay mucho trabajo por delante. Le preocupa especialmente la “desconfianza” de las víctimas hacia el sistema judicial y el incremento de la violencia machista entre los adolescentes, una generación que ha vivido bajo los criterios de igualdad y de autonomía de la mujer pero que sigue reproduciendo viejos patrones discriminatorios. “Es importante que los jóvenes reconozcan el control en la pareja como violencia para romper con relaciones tóxicas”, afirma. 

Defiende que hay que ampliar el concepto de violencia sobre la mujer de la actual ley de 2004 a la que se ejerce fuera del ámbito de la pareja o expareja, pero hace objeciones al anteproyecto de ley de libertad sexual, conocida como “ley del sólo sí es sí”. Cree que la definición que hace del consentimiento puede generar inseguridad jurídica y anticipa problemas de “proporcionalidad” de las penas si se acaba llevando al Código Penal la absorción del delito de abuso sexual en el de agresión sexual.

Solo siete de las 45 asesinadas en 2020 habían denunciado a su agresor, según datos del Ministerio de Igualdad. ¿Cree que hay desconfianza hacia el sistema judicial? 

Los datos también ponen de manifiesto que se está reduciendo el número de mujeres asesinadas que habían denunciado con anterioridad, lo que tiene una doble lectura. Por un lado, que cada vez hay menos mujeres protegidas que son asesinadas, lo que quiere decir que las medidas funcionan. Y, por otro, que es lo que más nos preocupa, que hay desconfianza hacia el sistema judicial porque el proceso daña, es duro y revictimiza. Y como señalan las estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género las mujeres tienen miedo a no ser creídas, a ser cuestionadas, no quieren meter en prisión al padre de sus hijos. Todas estas circunstancias son consecuencia de las especificidades de este tipo de violencia. 

Se insiste mucho en la denuncia como mecanismo de protección, pero sigue habiendo carencias en las herramientas de acompañamiento a las mujeres. La memoria de la Fiscalía destaca la desigual implantación de las Oficinas de Atención a las Víctimas. ¿Tener asesoramiento psicológico o legal puede proteger incluso más que la mera presentación de la denuncia sin ese respaldo?

Esas Oficinas de Atención a las Víctimas dependen de los órganos judiciales, están supeditadas a que las víctimas acudan a las oficinas judiciales. En el sistema VIOGEN se ingresa cuando la Policía tiene conocimiento de un supuesto de violencia de género normalmente a través de un atestado o de una denuncia de la víctima o de su entorno. La protección policial no se obtiene si no hay denuncia, pero hay otro tipo de ayuda, asistencia y apoyo que puede prestarse a través de las entidades autonómicas o locales. 

Tampoco hay una dotación adecuada de Unidades de Valoración Forense, que son instrumentos indispensables para valorar el riesgo. ¿Hasta qué punto influye eso en que un juez tenga información necesaria para adoptar medidas de protección? 

Para proteger adecuadamente es necesario hacer una buena valoración del riesgo que sufre esa mujer. Para eso, aparte de la primera valoración que hace la Policía a través del sistema VIOGEN, necesitamos también otra más amplia, que es la que hace un equipo formado por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. En base a eso habría más elementos para dictar o denegar la orden de protección que solicita la víctima. 

La diferencia entre unos juzgados y otros a la hora de conceder órdenes de protección dibuja un mapa de desigualdad en el que unos llegan a aceptar el 80% y otros solo el 6%. ¿A qué lo atribuye?

Es un tema que preocupa a la Fiscalía porque va contra los principios de igualdad y de seguridad jurídica. Las víctimas tienen derecho a saber más o menos qué respuesta jurídica van a encontrar en casos similares aunque cada denuncia tenga unas particularidades que requieren valoración. Una de las medidas incluidas en el Pacto de Estado es establecer criterios más objetivos a la hora de acordar la orden de protección para evitar esa discrecionalidad asombrosa. Esas diferencias se producen en el terreno de valoración, que es muy subjetiva. 

En relación a la lucha contra la violencia machista existe un cierto consenso de que la ley integral es un buen instrumento, pero que sigue habiendo lagunas en su aplicación. ¿Usted echa algo de menos? 

La ley se ha quedado estrecha porque el concepto de violencia que establece el Convenio de Estambul y todos los países de nuestro entorno no se limita a la pareja o expareja, sino que la amplía a toda la violencia que afecta a la mujer de forma desproporcionada por el hecho de serlo. Por eso habría que ampliar ese concepto para dar asistencia y protección integral a más víctimas. También hay que retomar muchas medidas en el ámbito educativo. Ese pulso que había establecido la ley de 2004 y que se ha perdido un poco es uno de los ejes del Pacto de Estado que hay que retomar. La violencia de género es estructural, está basada en unas relaciones asimétricas que siempre discriminan y perjudican a la mujer y su única vacuna es la educación. 

Las estadísticas revelan también que sigue aumentando el número de menores de edad enjuiciados por delitos de violencia contra la mujer. ¿Qué está fallando? 

Es un fenómeno complejo, pero los menores cada vez empiezan las relaciones afectivas antes —las chicas a los 13 años y tres meses y los chicos a los 12 años y medio— y aunque sean relaciones incipientes reproducen los patrones que ven, lo que se une a los estereotipos de género y mitos como el amor romántico. Es algo que nos preocupa mucho, pero la solución solo pasa por la educación. Se ha avanzado mucho en identificar la violencia física, pero nos queda la violencia de control y psicológica que muchas veces no se entiende por el rol tradicional de la mujer de ser sumisa y obedecer. Hay que conseguir que se reconozcan esas conductas como violencia para tomar decisiones que lleven a romper ese tipo de relaciones tóxicas. 

¿La formación en los juzgados es la adecuada? ¿Cree que se conoce y entiende de manera suficiente la dimensión y complejidad que encierra esta violencia? 

No es solamente sensibilidad, sino también conocimiento de lo que es la violencia de género, de lo que dicen los tratados internacionales, de lo que reflejan las estadísticas que se hacen. Si se conociera esa realidad se caerían todos los estereotipos que se van transmitiendo. Por ejemplo, se dice que muchos casos de agresiones sexuales se cometen por extraños y no es verdad, más del 70% son en el ámbito de la víctima. Se dice que muchas agresiones ocurren en la calle y tampoco es verdad, el 80% se cometen en edificios cerrados y en viviendas. Hay que ir cambiando todo esto, pero decía Einstein que es mucho más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. 

El CGPJ alertaba en un informe reciente de que el fenómeno de la violencia de género es “más grave” entre las mujeres extranjeras, con una tasa media de 223,1 víctimas por cada 10.000 mujeres. Entre las mujeres españolas, este indicador desciende a 48,6. ¿Falla el sistema en la protección a estas mujeres?

Yo lo atribuyo a cuestiones culturales. Los agresores de las víctimas inmigrantes suelen ser también inmigrantes que proceden de países que están más atrasados en temas de igualdad, formación y concienciación y siguen esos patrones. No es que no las protejamos, sino que la integración social y cultural es muy difícil y lleva muchos años.

La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer publicada por el Ministerio de Igualdad reveló que el 40,3% de quienes sufrieron violencia sexual no denunciaron por vergüenza y que el 8,4% tampoco lo hizo porque sintió que no era lo suficientemente importante. ¿Qué le sugieren estos datos?

Esos datos ponen de manifiesto todo lo que tenemos que trabajar. Muchas veces en lugar de poner el foco en la conducta de él, que es realmente la constitutiva de delito, se cuestiona la actitud de la mujer y se dice que si provoca luego no puede decir que no. Eso no es cierto, ya hay una sentencia del Supremo de 2020 que dice que que la mujer provoque o vaya vestida de una u otra manera no es excusa. La libertad sexual es una faceta de la libertad de la persona y es ella la que decide si quiere o no quiere. El ataque a la libertad sexual lo comete el varón y es ahí donde hay que poner la incidencia. Otro dato de esa encuesta que me pareció muy preocupante es que muchas respondieron que les sucedió cuando eran pequeñas. El abuso sexual infantil que hay oculto es terrible.

Esta Fiscalía lleva años defendiendo la reforma de la dispensa de la obligación de las víctimas de declarar contra su agresor porque revela graves espacios de impunidad. Pero hay voces en el feminismo que creen que acabar con esa excepción tiene el riesgo de focalizar todo el proceso en la mujer e infantilizarla.

Al revés, es la dispensa lo que está infantilizando a las mujeres porque se las protege como si fueran incapaces. La mujer es vulnerable como consecuencia de la violencia de género, que afecta a su estima, equilibrio y desarrollo, pero por si no es vulnerable. Una vez que sale de ese círculo es totalmente capaz. Además, me parece que ahí hay una falacia porque la razón de la dispensa es mantener la paz familiar. ¿Y qué paz vamos a mantener cuando hay violencia? Aunque haya declarado con todo tipo de detalles en el juzgado la agresión física, psicológica, el maltrato, la humillación, si después va al juicio y se acoge a la dispensa no vale de nada el material probatorio.¿Consecuencia? Sensación de impunidad. La sentencia absolutoria no es neutra, fortalece la postura del agresor y a ella la deja en un momento anterior a la denuncia que tanto le ha costado poner.

Entonces, ¿a qué cree que se deben las resistencias a esta reforma?

Creo que la idea de las asociaciones que están en contra es que podría haber riesgo de que el sistema volviera a penalizar a las víctimas. Por ejemplo, si se solicita que se les deduzca falso testimonio si no dicen lo mismo en el juicio que durante la fase de instrucción. Pero creo que bien regulado y con la asistencia de las Oficinas de Atención a las Víctimas no habría problema. Hemos comprobado que cuando esas oficinas acompañan desde el primer momento a las víctimas se reduce mucho el número de dispensas. La dispensa muchas veces es miedo y hartazgo al procedimiento.

Tanto las Oficinas de Atención a las Víctimas como las Unidades de Valoración Forense son clave, mucho más que la sentencia que se dicte. Si las mujeres no están acompañadas en este proceso tan duro no hacemos nada, los fiscales nos apoyamos en ellas para llevar adelante la acusación. Es verdad que es duro pedirles detalles o preguntarles ciertas cosas, pero hay que hacerlo con delicadeza y explicándoles la importancia jurídica que tiene su testimonio. Una mujer no es una persona vulnerable a la que hay que proteger como a un niño, es una persona que ha sufrido mucho, que está agotada, pero lo que hay que hacer es acompañarla y entenderla.

¿Le parece apropiado el concepto de consentimiento que hace el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual? ¿Cree que puede afectar a la presunción de inocencia como defiende el Poder Judicial?

Pienso que una definición con términos negativos y que incluye elementos tan valorativos como 'expreso' o 'inequívoco’ siempre es muy complicada. La jurisprudencia ya tiene consolidado un concepto de consentimiento, que es la manifestación libre de la voluntad, que es una tradición jurídica que se podría haber utilizado y mantenido. Poner tantos adjetivos dificulta mucho la interpretación jurídica y puede dar lugar a sentencias diferentes, con lo que volvemos a la inseguridad jurídica de la que hablábamos con las órdenes de protección.

¿Está de acuerdo con la eliminación de los abusos sexuales, que quedan absorbidos en el delito de agresión sexual en ese anteproyecto?

La eliminación de la palabra abuso es fundamental. La terminología y el vocabulario es importante en materia de violencia de género porque transmite mensajes y el abuso siempre se ha considerado que es el uso de forma excesiva de algo a lo que se tiene derecho. Pero el equiparar los ataques con violencia e intimidación con los que tienen otras manifestaciones sí puede plantear problemas de proporcionalidad de la pena.

Esta norma se gestó precisamente a raíz del caso de ‘la manada’. ¿Cree que esta sentencia ha influido en la manera de juzgar los delitos sexuales en España?

Esa sentencia es la más famosa y puso los puntos sobre las ies. Pero no es la única. En los años anteriores el Supremo ya había empezado a dictar muchas sentencias en las que hablaba de la intimidación ambiental diciendo que no hace falta una amenaza de un mal concreto ni una coacción, que muchas veces no hace falta ni hablar sino que el ambiente, el número de personas, la postura, la brutalidad al agarrarla... todo eso ya es intimidación ambiental y por lo tanto no cabe hablar de consentimiento. Ese caso fue muy importante y ha ayudado a clarificar más, pero era una línea jurisprudencial que ya venía perfilándose en otros casos similares. 

Otra de las cuestiones que está generando mucho debate es la libre autodeterminación de género que recoge el borrador de la ‘ley trans’. Hay un sector del feminismo que defiende que ese derecho afectaría a la violencia de género o podría dejar desprotegidas a las mujeres que la sufren. ¿Qué opina? ¿Es una amenaza real?

No me siento capacitada para dar una opinión porque no tengo conocimiento del borrador, lo desconozco. Todo lo que se ha dicho es algo parcial, creo que hay que leerlo todo con detalle para hacer una valoración.