Casi dos millones de denuncias y más de 500.000 condenas por maltrato en tres lustros. Es parte del balance judicial de la aplicación de la ley integral contra la violencia machista que ha publicado este martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El documento, de 48 páginas, hace un análisis de la actividad de los órganos judiciales creados a raíz de esta norma y da una perspectiva judicial de la implantación de esta ley, aprobada a finales de 2004 y que se puso en marcha en junio de 2005.
En sus quince años de aplicación, los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de lo penal y audiencias provinciales han dictado un total de 704.749 sentencias por malos tratos, con un porcentaje medio de condenas del 72,7%. Es decir, prácticamente tres de cada cuatro procedimientos acabaron en condena con un total de 512.353 resoluciones en este sentido. De ellas, 232.536 fueron dictadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, que enjuician delitos leves; y 218.523 en los juzgados de lo Penal.
Desde 2007, el primer año del que se dispone de este dato, los juzgados de violencia sobre la mujer recibieron 1.896.328 denuncias. Dejando de lado 2020, muy condicionado por la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma, el número más bajo de denuncias presentadas tuvo lugar en 2013, con 124.894. A partir de ese ejercicio, fueron aumentando de forma progresiva hasta las 168.057 de 2019.
Por comunidades autónomas, el mayor número de denuncias de todo el periodo analizado se dio en Andalucía, con 398.010; seguida de Madrid, con 294.762; Catalunya, con 262.373; y la Comunitat Valenciana, con 260.011. Además, la estadística muestra que el número de denuncias por cada 10.000 mujeres aumenta en los partidos judiciales con más población, lo que, según el informe, “revela mayores dificultades para denunciar en las poblaciones pequeñas”.
El documento evidencia una tendencia a la baja en el número de denuncias presentadas directamente por la víctima o sus familiares ante el juzgado, que experimentaron un descenso a la baja desde 2014 hasta llegar al 2,9 % de 2019. El porcentaje más alto tuvo lugar en 2007, cuando las denuncias presentadas por la propia agredida o su entorno más próximo alcanzó el 11,6%. En todo caso, la mayor parte de denuncias que se reciben en los juzgados llegan a través de atestados policiales. Así ocurrió en el 80,3% de los casos en el período analizado.
El informe también indica que el fenómeno de la violencia de género es “más grave” entre las mujeres extranjeras, con una tasa media de 223,1 víctimas por cada 10.000 mujeres. Entre las mujeres españolas, este indicador desciende a 48,6. Las mujeres extranjeras también son más proclives a no declarar como testigo contra el denunciado como agresor: teniendo en cuenta el número de dispensas por cada 10.000 mujeres mayores de edad, en las extranjeras la tasa es de 29,7, lo que multiplica casi por seis la de las españolas (5,4).
375.892 órdenes de protección
El número de órdenes de protección acordadas desde 2005 ha sido de 375.892, el 67,3% del total de solicitadas. Desde ese año hasta 2014, el porcentaje de las acordadas respecto de las solicitadas fue decreciendo hasta alcanzar el mínimo de 56,6%. A partir de 2014 volvieron a aumentar progresivamente hasta la actualidad. El año en que más órdenes de protección se dictaron (41.420) fue 2008, seguido de 2019, con 40.720.
La adopción de las órdenes de protección es muy dispar en los distintos territorios, oscilando la media del periodo entre el 51% de Catalunya o el 55,5% de Madrid hasta el 81,6% de Murcia, el 82 % de la Comunitat Valenciana, el 82,4% de Aragón o el 84,9% de La Rioja.
Además, las medidas penales que más se han adoptado dentro del marco de la orden de protección han sido el alejamiento y la prohibición de comunicación. En general, las medidas se han adoptado, en más de un 90% de los casos, a petición de la víctima, con la excepción de la privación de libertad, que se ha acordado a instancia de la víctima en el 63,9% de los casos y a instancia del fiscal en el 33,4%. En cuanto a las medidas de naturaleza civil, las más frecuentes han sido la atribución de vivienda y la prestación de alimentos, concedidas en el 94% de los casos a petición de la víctima.