El Ayuntamiento de Vigo ha declarado este lunes al comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, “persona no grata” en la ciudad, a la vista de la resolución de la Unión Europea que obliga a devolver al sector naval las ayudas fiscales recibidas -tax lease-.
Además, la Corporación municipal viguesa ha instado al comisario Almunia a que presente su dimisión.
La propuesta planteada inicialmente por el grupo municipal socialista ha sido aprobada por unanimidad de los tres grupos políticos con representación en el consistorio de Vigo (PSdeG, PP y BNG).
En una segunda moción el Partido Popular planteó la petición de dimisión del comisario europeo de la Competencia.
El pleno extraordinario se celebró esta mañana en el Ayuntamiento de Vigo, entre protestas de trabajadores y afectados por la privatización de los centros cívicos vigueses.
La propuesta socialista, que estaba previsto debatirse en los puntos iniciales, se trató avanzado el pleno en forma de una declaración institucional, y fue aprobada por unanimidad.
La Comisión Europea decretó recientemente la devolución de las ayudas recibidas por el naval en el periodo comprendido entre abril de 2007 y junio de 2011, tras declarar parcialmente ilegal el régimen de arrendamiento fiscal para la adquisición de busques.
Durante el pleno, el alcalde vigués, Abel Caballero (PSOE), dio cuenta del acuerdo que declara a Almunia “persona non grata”, tras anunciar la reclamación de que se devuelvan las ayudas.
Con ocho de los diecinueve astilleros operativos en España, el texto señala que “desde siempre, el sector ha tenido una presencia relevante, generadora de empleo, tecnología y riqueza”, de tal forma que la ciudad de Vigo “será quien sufrirá sustancialmente la decisión del colegio de comisarios”, relativa a la devolución de las ayudas.
El gobierno local de Vigo considera la resolución europea “socialmente injusta y jurídicamente discutible”, y considera que tendrá “un impacto directo y negativo en el futuro del sector, en la economía de la ciudad y en el mantenimiento de los puestos de trabajo”.
Entre los puntos alcanzados, la corporación municipal acordó instar a los gobiernos central y gallego a “defender los intereses del naval”, que pasa por “concretar de forma inmediata el esfuerzo fiscal que está dispuesto a asumir con el nuevo tax lease”.
Además, se demanda que se garantice la actividad conjunta de inversores y estructuradores con armadores y astilleros, y la facilitación de avales a través del ICO.
En el ámbito autonómico, el consistorio vigués solicitará a la Xunta la habilitación de “una línea especial” de avales para el sector naval gallego que permita garantizar la viabilidad económica de las empresas.
También se le pide al Gobierno de Galicia la elaboración de “un programa de desarrollo de la industria naval, astilleros y empresas auxiliares a largo plazo”.
La corporación de Vigo ha acordado también pedir al Gobierno central la creación de “instrumentos financieros específicos que faciliten las inversiones” y otros a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones, junto a “un mecanismo transitorio y de carácter excepcional” que “permita reponer” el derecho a la prestación por desempleo a los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo.
La corporación ha declarado a Almunia “persona no grata” y los grupos le han instado a presentar su dimisión “de forma urgente e inmediata”, contra una decisión que tildan de “injusta” y contraria a los intereses de la ciudad“.