La declaración de José Manuel Villarejo en el primer juicio de la causa que se sigue contra él ha seguido fielmente el guion de la defensa del comisario jubilado. El principal acusado se ha presentado como un servidor del Estado que se limitaba a cumplir encargos de las autoridades desde una posición de agente encubierto, hasta que resultó víctima de un complot del Centro Nacional de Inteligencia que le ha llevado al banquillo con grabaciones manipuladas e informes falsos. Villarejo ha salpicado su discurso, como viene siendo costumbre, con una retahíla de nombres de importantes personalidades conocedoras y/o favorecedoras de su actividad profesional, con especial mención en el día de hoy al expresidente del Gobierno Felipe González.
La jornada judicial ha sido un compendio de la citada estrategia. Antes de su declaración, el tribunal anunció que rechaza la recusación de uno de sus magistrados, Fermín Echarri, última de las maniobras dilatorias con las que el comisario pretendía retrasar aún más la vista. Villarejo había solicitado apartar a Echarri aludiendo a su relación con el juez mientras éste estaba al frente de un juzgado de instrucción de Madrid que se ocupó del caso del millonario libanés Abdum Rahman El Assir El Kassab, amigo de Juan Carlos I. Según la versión de Villarejo, se le encargó evitar que el investigado revelara información sobre la venta de bombas de racimo por parte de España a terceros países. El tribunal ha juzgado la petición como “extemporánea” y ha negado que tenga ninguna vinculación con los hechos que estudian en este proceso. Villarejo se enfrenta en este primer juicio a 109 años de cárcel por las piezas denominadas 'Pintor', 'Land' y 'Iron'.
Una de esas piezas, 'Land', alude al encargo de una familia de la jet en relación a un conflicto empresarial entre sus miembros, dueños de la lujosa urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Villarejo habría elaborado un dosier con información confidencial y habría cobrado una importante suma por ello pese a ser funcionario de la seguridad del Estado. Esta mañana, en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad de San Fernando de Henares, el comisario hizo pasar dicho trabajo por un encargo de Felipe González. Según Villarejo, un amigo del expresidente, Jesús Barderas, le pidió en 2013 de parte del antiguo jefe del Ejecutivo que ayudara a Susana, hija Luis García Cereceda, fallecido ya entonces y amigo de González. “Tiene mucho interés el presidente en que ayudes a la hija de su amigo”, le habría dicho Barderas, según Villarejo.
La de hoy era la primera ocasión en la que Villarejo se enfrentaba públicamente al fiscal del caso Miguel Serrano, quien está en la investigación desde su origen y solicitó el encarcelamiento provisional del policía, entre otras medidas. El comisario salpicó su intervención de ataques más o menos velados al fiscal que éste decidió ignorar en todo momento. Al inicio del interrogatorio llegó a intervenir la presidenta del tribunal, Ángela Murillo. El fiscal pidió que el acusado se refiriera a él “en términos abstractos”, como representante del Ministerio Público, y no por su nombre. Villarejo se quejó y Murillo le soltó: “Señor Villarejo, vamos a ver: piano”. A continuación dio la razón al fiscal: “Él es una institución”. “¿Y yo no, señoría? Yo he sido, soy, comisario”.
Miguel Serrano centró su interrogatorio en demostrar que Villarejo era funcionario mientras aceptó los encargos privados por los que está siendo juzgado, que consultó bases de datos confidenciales para elaborar los informes que luego vendió y que sus clientes sabían que era policía porque él mismo presumió de ello, según consta en grabaciones incorporadas a la causa. Este aspecto es fundamental para poder acreditar el delito de cohecho a funcionario público.
El policía dijo que los comentarios que pudiera hacer ante sus clientes eran meras “técnicas de marketing”. “Se trata de exagerar un poco la importancia del trabajo que se realiza. Es el mismo método de sus compañeros de fiscalía o jueces cuando van a los despachos y cobran esas importantes minutas”, añadió el acusado. Con independencia de los encargos oficiales, Villarejo defendió en todo momento que sus empresas funcionaban con autorización del Ministerio del Interior y que él facturaba y pagaba impuestos. Si sus precios eran altos el motivo era la reputación que tenían, prueba de ello es, según dijo, la cantidad de empresas del Ibex que han estado o están imputadas en la la causa. El precio lo marcaba él: “Yo miraba al infinito, me inspiraba y decía: 'tanto'. Era sui generis, muy personal”.
En varias ocasiones, Villarejo se ha negado a contestar las preguntas del fiscal que aludían a grabaciones hechas por él mismo bajo el argumento de que están “manipuladas”. Otras veces el acusado ha insistido en que podría contestar a lo que se le preguntaba si se le diera acceso a sus diarios, lo que niega que haya ocurrido. Además de a Felipe González ha aludido a otro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al expresar su convencimiento de que sabía el informe de compatibilidad de sus trabajos privados con su destino en el Ministerio del Interior que encargó Jorge Fernández Díaz. Al Gobierno de González ha regresado para señalar a Juan Alberto Belloch y Margarita Robles como los miembros de aquel Ejecutivo que le encargaron investigar a Baltasar Garzón y a otro de los acusados en este juicio, el comisario Enrique García Castaño, en la primera mitad de los noventa para contrarrestar las pesquisas del exjuez sobre los GAL. El juicio se retomará mañana martes y seguirá el interrogatorio el fiscal.