La sombra del comisario Villarejo, desplazándose de uno a otro de los casos de corrupción que condicionaron la política española durante años, pervive en los sumarios de esas causas judiciales y aún puede influir en su desenlace. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha presentado su escrito de defensa para una de las piezas del caso Lezo, y en él denuncia que todo surgió de un montaje encargado por sus rivales políticos al hoy comisario jubilado. La prueba, aduce, está en las propias agendas incautadas a Villarejo. González no es el único que pide la nulidad por la participación irregular del expolicía en sus causas. Algo similar ocurre con el caso Ausbanc y en el de la familia Pujol. En dos audios, Villarejo confiesa en 2017 que el caso Gürtel no alcanzó a la cúpula del PP gracias a su intervención.
Caso Lezo
La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel para González por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de cohecho en el caso del tren a Navalcarnero, unas obras adjudicadas a OHL, que nunca se culminaron, y por la que González habría recibido una mordida. El juez envió a juicio el pasado junio a los acusados. La abogada del expresidente madrileño, Gema Martínez Galindo, pide la nulidad de las actuaciones en su escrito de defensa. En él acusa a la Guardia Civil y a la Fiscalía de emprender una investigación prospectiva a partir de un chivatazo que, por sus errores e inconsistencia, no justificaba tales diligencias. Al tiempo, niega los delitos de los que se acusa a González.
Pero la sorpresa de su escrito llega cuando la letrada señala el origen de ese chivatazo. Cita la letrada las informaciones periodísticas acerca del comisario y que demostrarían que “aquella fuente anónima fue don José Manuel Villarejo, que actuó por encargo de personas, por ahora desconocidas, para crear una operación policial con informaciones falsas para hundir política y personalmente” a Ignacio González. Para ello, añade el escrito, “utilizó sus influencias en el ámbito policial, sin que su actuación estuviera ligada a ninguna investigación policial que le hubiera sido encomendada por su profesión, sino por personas que querían apartar a mi representado de la vida política”.
Para apoyar sus afirmaciones, la defensa de González recupera un pasaje del diario de Villarejo, incorporado a la causa que se sigue contra el comisario en la Audiencia Nacional. Allí aparecen una anotaciones que coinciden con el contenido del soplo que hizo arrancar la investigación de la Guardia Civil. La fecha de la anotación es anterior a que comenzaran las pesquisas sobre una cuenta en Suiza desde la que se habría transferido dinero al expresidente madrileño.
Lo cierto es que Villarejo tenía en su punto de mira, a falta de esclarecerse por encargo de quién, a Ignacio González. Antes de que comenzaran sus problemas con la justicia, el comisario participó activamente en el final de su carrera política. El 6 de marzo de 2015, el Partido Popular anunció que Ignacio González no sería el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como él deseaba, y que la lista estaría encabezada por Cristina Cifuentes. La secretaria general del PP era María Dolores de Cospedal, con quien Villarejo mantenía encuentros desde el año 2009.
Cuatro días antes de que la cúpula del PP descartara a González, El Mundo había publicado una nota escrita tres años antes por Villarejo a sus superiores informando de que el político le había pedido tapar su investigación sobre el origen de su ático de lujo en Estepona, encuentro que el comisario grabó. El Mundo y la cadena Ser publicaron 48 horas después unos extractos de esa conversación que parecían ratificar la versión de Villarejo. Ignacio González da una versión radicalmente opuesta: el comisario habría ido a su encuentro para ofrecerle ayuda. Los problemas con la justicia de González tardarían todavía dos años en estallar, con su detención en abril de 2017 por la corrupción en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II, el denominado caso Lezo.
La defensa de González lamenta que el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, tardara más de dos años en responder a su solicitud de personación, y que lo hiciera finalmente para rechazarla. Así que recurre a las noticias sobre el sumario y concluye que hay más de 50 anotaciones de Villarejo que aluden a su cliente o a casos con los que está relacionado. Una de esas anotaciones, del 18 de febrero de 2013, dice: “Según Asturiano hay que dar caña a IG. Quedo en esperar OK del ministro”. Asturiano es, en las agendas de Villarejo y según concluye Asuntos Internos, Mariano Rajoy. IG es la denominación que utiliza el comisario para referirse a Ignacio González.
“Resulta muy revelador (a los fines de comprender la manipulación que vicia el origen de la presente causa) que el señor Villarejo anotase en sus agendas que recibe un encargo para hundir a mi mandante, y que en abril de 2015 estuviera manejando el mismo número de una cuenta en Suiza y la misma referencia a la cuantía de 1,4 millones de euros que, unos meses después, una fuente anónima traslada a la UCO para denunciar una supuesta comisión por ese importe supuestamente ingresada en esa cuenta en Suiza”, defiende la abogada de González. La cuenta es del banco Anglo Irish Bank y lleva acompañada las anotaciones: “Sept. 2007 1.4 M euros. Sept. 2014 80.000”.
Caso Pujol
La sombra del comisario Villarejo por los citados casos de corrupción adquirió cuerpo con la detención del policía. Hasta ese momento su participación se reducía a alusiones inquietantes, como la que hizo Josep Pujol Ferrusola ante el juez Pablo Ruz. Josep Pujol explicó en sede judicial que había recibido una oferta de un tal comisario Villarejo para que su padre hiciera una declaración en contra del procés a cambio de que él reventara la causa judicial contra la familia. La oferta se produjo en el despacho de Javier Iglesias, el abogado que transita la cara oculta del PP en los tribunales.
Con la detención de Villarejo y uno de sus principales colaboradores, Rafael Redondo, pudo conocerse quién fue el abogado que recogió a Victoria Álvarez en la estación de Atocha y la condujo a la sede de la UDEF para prestar la declaración con la que arrancó el caso Pujol. El letrado Redondo, hoy investigado por pertenencia a organización criminal, pudo presenciar la declaración de Álvarez sin ser policía ni ejercer su representación legal.
En el escrito de personación que fue rechazado por el juez, el letrado Alberto Carrillo, defensor de Jordi Pujol Ferrusola, aseguraba: “Existen fundados indicios de que algunos de los investigados, y particularmente José Manuel Villarejo Pérez, actuando al margen de cualquier legalidad y sirviéndose de su condición de funcionario público, falsearon documentos de carácter mercantil, obtuvieron información de carácter íntimo respecto de Jordi Pujol Ferrusola y ofrecieron ventajas y cobertura económica y policial a distintos testigos para presentar declaraciones moldeadas de signo pretendidamente incriminador”.
La defensa de Jordi Pujol y sus siete hijos no se queda ahí. Para el juicio por delitos de corrupción que se celebre en la Audiencia Nacional ha pedido desclasificar todos los documentos relacionados con las maniobras parapoliciales del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy contra sus adversarios políticos, y que sus responsables policiales declaren en la vista como testigos, entre ellos el comisario Villarejo.
Caso Ausbanc
El Tribunal Supremo tiene pendiente resolver el recurso de la defensa de Luis Pineda contra su condena en la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por extorsionar a entidades bancarias desde la supuesta asociación de consumidores que presidía, Ausbanc. En el arranque del juicio en la Audiencia Nacional, el abogado de Pineda, Miguel Durán, afirmó: “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”.
Las contrataciones del BBVA a Villarejo forman una de las piezas más relevantes del caso que investiga al comisario en la Audiencia Nacional. A diferencia de los Pujol, García Castellón sí ha permitido la personación de Pineda y su representación ha conseguido recientemente que sea citado a declarar en condición de investigado el policía que dirigía la UDEF Manuel Vázquez.
En un audio incautado al comisario, Villarejo explica a un expolicía que colabora con él la relación que tiene con la UDEF: “Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos”. La conversación es de 2008, cuando la Unidad estaba dirigida por José Luis Olivera, otro comisario procesado en el caso Kitchen e histórico amigo de Villarejo.
Caso Gürtel
Hasta ahora, las intervenciones de Villarejo no han provocado nulidades, pero hay otros posibles efectos, en parte ocultos, que podrían haber determinado el futuro de los casos de corrupción. El más relevante de ellos, Gürtel. En los audios incautados al comisario, Villarejo confiesa en dos conversaciones con distintos interlocutores cómo reventó el caso de corrupción para que no alcanzar a la cúpula del Partido Popular, incluido José María Aznar. Este fragmento pertenece a una de ellas, registrada el 25 de enero de 2017. Iglesias es el abogado Javier Iglesias, El Largo.
Villarejo: “Aparte de ser la persona más ideal (Olivera) es que se ha pasado toda la puta vida haciendo favores macho a esta gente, joder, que en el 2009, este señor y yo estuvimos jugándonosla esa pal Rubalcaba, estuvimos viéndole y éste (Olivera) emboscado en el puto coche para que no nos mordieran, macho, eh, para el tema de la Gürtel de los cojones… Que la Gürtel los podía haber, vamos, los podía haber mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste… ¡y eso no se puede olvidar en la puta vida!”.
Iglesias: “Empezando por el jefe…”.
Villarejo: “Empezando por el mierda del jefe…”.
Iglesias: “Por el de los bigotes”.