La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado esta noche prisión incondicional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por pertenecer presuntamente a una organización criminal y también por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Lamela ha dictado igualmente prisión incondicional para el comisario en activo Carlos Salamanca y para Rafael Redondo, socio de Villarejo.
La magistrada ha dejado en libertad con la prohibición de salir de España y retirada del pasaporte a la periodista Gemma Alcalá, esposa del comisario Villarejo. Han quedado también en libertad sin medidas cautelares otros tres detenidos. Se trata de uno de los hijos de Villarejo, José Manuel; un hijo de Carlos Salamanca; y el socio del comisario jubilado en una clínica sanitaria de Málaga, Juan Carlos Escribano. Todos ellos siguen imputados de distintos delitos.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado pie al caso acusa a Villarejo y Salamanca de liderar una organización criminal que recibía dinero y suntuosos regalos por sus “servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”.
El comisario Villarejo pisará esta noche por primera vez una cárcel a pesar de que han pasado tres décadas desde que se sentara en el banquillo por haber utilizado a un toxicómano para que mintiera e implicara en un robo a un pintor que había puesto en marcha un centro de rehabilitación que la Iglesia de la Cienciología consideraba que le hacía la competencia. Villarejo fue condenado, pero el Constitucional anuló después la sentencia.
En esta ocasión, Anticorrupción y Asuntos Internos han armado su acusación entorno a un trabajo realizado por una de las empresas de Villarejo dedicada a la “inteligencia” sobre un miembro de la familia Obiang. Según publicó El País, se trataba de de buscar trapos sucios de un hijo del dictador y difundirlos a través de medios de comunicación para desacreditarle y anularle en las luchas internas familiares.
Vuelve a acusar al CNI
La investigación parte de una denuncia anónima, según afirma Anticorrupción. Ante la jueza, Villarejo ha asegurado que ese trabajo se hizo en 2012 con la aquiescencia del Centro Nacional de Inteligencia, con el que el comisario mantiene un enconado enfrentramiento. La empresa de Villarejo habría recibido 5,3 millones de euros por el trabajo.
En ese momento el policía estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Era un “agente encubierto”, según él mismo se describe, con tres identidades falsas facilitadas por el Ministerio del Interior. Villarejo ha dicho hoy a la jueza Lamela que no recuerda cuánto cobró por aquel trabajo, según fuentes jurídicas. El encargo habría llegado a Villarejo a través de Salamanca. Ambos eran policías en activo. El Ministerio del Interior llegó a estudiar las actividades privadas de Villarejo, en tiempos de Jorge Fernández Díaz, y concluyó que eran compatibles con su trabajo de policía.
Villarejo fue detenido el viernes al mediodía cuando abandonaba su lujosa vivienda en Boadilla del Monte. El registro de la misma duró casi 20 horas. Los agentes encontraron 80.000 euros en metálico en una caja fuerte que el policía ha justificado porque le gusta tener una cantidad disponible en su domicilio. En otro registro efectuado en Estepona (Málaga) se le han incautado 100.000 euros, que el comisario jubilado ha justificado como procedentes de una herencia familiar pendiente de repartir entre sus cinco hijos.
Con todo, el auténtico arsenal de Villarejo pueden ser las grabaciones e informes confidenciales realizados durante décadas. Los investigadores creen que Villarejo se ha enriquecido compaginando su puesto de mando policial con turbios trabajos para empresarios. Como policía habría recibido encargos que rozaron sino traspasaron la legalidad en Gobiernos de PP y PSOE, caso de la Operación Cataluña.
El envío a prisión de Villarejo es una bomba en el seno de la Policía, como lo es el encarcelamiento de Carlos Salamanca. Antiguo mando de la lucha antiterrorista, curtido en la captación de fuentes en el mundo empresarial y el manejo de los fondos reservados, Salamanca está acusado de delitos cometidos presuntamente mientras era jefe de Policía en el aeropuerto de Barajas.
En la actualidad, Salamanca es un destacado miembro de la lucha policial contra la inmigración ilegal como jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificaciones (UCRIF).