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La vivienda vuelve a dividir al Gobierno: el PSOE se abstiene en la ley de Sumar para prohibir la compra de pisos a los fondos

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, este martes.

Daniel Ríos

15 de septiembre de 2026 20:37 h

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Al Gobierno se le vuelven a tensar las costuras en materia de vivienda. Este martes, el Congreso de los Diputados rechazó comenzar a tramitar una proposición de ley de Sumar para prohibir la venta de pisos a personas jurídicas, una norma pensada para evitar la adquisición masiva de inmuebles por parte de empresas con el fin de hacer negocio con ellos destinándolos al alquiler. La Cámara Baja se opuso a la toma en consideración de la norma con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Pero también lo hizo con la abstención del PSOE, un voto que no era decisivo ante el rechazo unánime de la derecha, pero que evidencia las posiciones distantes de ambas alas del Gobierno en este asunto.

Se trataba de la segunda vez durante la legislatura que Sumar traía a votación al Congreso la misma norma. Ya lo hizo el pasado mes de noviembre, cuando también fue rechazada con los mismos votos, pese a que el PSOE, en esta segunda ocasión, ha tenido más dudas sobre la posición que debía adoptar. De hecho, fuentes de Sumar explican que los socialistas, inicialmente, les confirmaron que apoyarían la toma en consideración del texto, una postura que finalmente cambió unas horas antes de la votación, cuando el ala mayoritaria del Gobierno decidió abstenerse como ya hiciera hace unos meses.

La incomodidad que genera este asunto en el PSOE quedó patente durante la intervención en el debate de su diputada Irene Jódar, que evitó aclarar cuál sería el sentido del voto de su partido unas horas después y se limitó a afirmar que los socialistas van a “seguir defendiendo el derecho a una vivienda digna para todos y todas las ciudadanas de este país, eso sí, acorde a la ley y al ordenamiento jurídico existente”. De hecho, Jódar no se refirió en ningún momento al contenido de la norma ni a la posibilidad de prohibir la venta de vivienda a fondos buitre, y utilizó su discurso únicamente para cargar contra el “incumplimiento sistemático” de la ley de vivienda del que, dijo, son responsables las comunidades gobernadas por el PP.

“Llevan más de 3 años poniendo las mismas excusas: que si Pedro Sánchez castiga a las comunidades autónomas, que si Pedro Sánchez nos maltrata”, denunció la diputada socialista, que reivindicó que el Gobierno “ha puesto en marcha el plan estatal de vivienda dotado con más de 7.000 millones de euros a repartir entre sus comunidades autónomas y entre las nuestras”. Asimismo, Jódar aseguró que el Ejecutivo se ha centrado en “construir vivienda pública, rehabilitar la asistente, ayudar a quien más lo necesita y, por supuesto, asegurar que el suelo y la vivienda públicos sean siempre públicos”, y presumió de la apertura de la página web de la empresa pública Casa 47, con una oferta inicial de unas 800 viviendas en alquiler y precios desde 350 euros al mes.

De poco sirvió la apelación del diputado de Sumar Alberto Ibáñez, que durante el debate pidió expresamente al PSOE (y al PNV, que también se abstuvo) “un esfuerzo para cambiar su voto de la abstención al sí, no solamente por una cuestión de vivienda, sino porque la ciudadanía necesita ver que somos capaces de ceder, de avanzar y de acordar entre diferentes”. “Hoy no estamos haciendo otra cosa que decidir si prohibimos que los fondos buitre puedan comprar casas o no: es sencillo”, planteó Ibáñez, que aseguró que la votación de este martes dejaría claro “si creemos que el derecho a la vivienda es un derecho o no”.

Una “doble chapuza” para el PP

Mucho más clara fue la posición defendida por el PP. Su diputado Miguel Ángel Sastre calificó la proposición de ley de Sumar de “versión terrorífica” de una ley de vivienda que “ya ha fracasado” y que, en esta ocasión, plantea la “doble chapuza” de “limitar la compra a personas jurídicas”. “Casi nueve de cada diez viviendas las compran las personas físicas”, recordó Sastre, que sostuvo que, “suponiendo que sus medidas fuesen acertadas, que no lo son, después de años de zancadillas inútiles a la mayoría de propietarios pretenden solucionar ahora el problema atacando solo al 10%”.

“Vaya genialidad”, ironizó el diputado, que planteó el paquete clásico de propuestas del PP: acabar “con el papeleo excesivo”, “proteger al propietario frente a quien no quiere pagarle” y bajar impuestos a los tenedores de vivienda.

Por su parte, Junts justificó su voto en contra asegurando que la propuesta de Sumar terminaría siendo perjudicial para los inquilinos. “Dicen que esta iniciativa está dirigida a impedir que los fondos buitre puedan comprar, y no es cierto: si mañana presentan una iniciativa legislativa que dice que se prohíbe a los fondos buitre comprar vivienda, Junts la votará a favor”, prometió la diputada Marta Madrenas, que aseguró que la norma, tal y como está redactada, perjudicaría “a las cooperativas, ayuntamientos, la Generalitat y las empresas públicas”.

Lo cierto es que este martes no se votaba la puesta en marcha de la ley, sino únicamente el inicio de su tramitación, por lo que Junts hubiera podido plantear cambios en esa dirección si hubiera apoyado la toma en consideración del texto. No obstante, Madrenas cargó contra la norma en su conjunto, asegurando que sus medidas no hacen “nada” por “ayudar” a los pequeños compradores de vivienda —“ni les reduce el IVA, ni les facilita la entrada, ni les desgrava el ahorro, ni la hipoteca, ni hace bajar el precio del piso”— y denunciando que, con la redacción de la propuesta, “si Florentino Pérez, como persona física, quisiera comprar 100 viviendas, podría hacerlo”.

La tercera para del bloque de las derechas, Vox, también cargó con dureza contra la iniciativa. Su diputado Carlos Hernández Quero calificó el texto de “chapuza legislativa”, y se mostró igualmente crítico con el recién inaugurada portal de Casa 47, que tachó de web “chusca” con “tres powerpoints de colorines” y una oferta “pírrica” y “grotesca” de 800 viviendas. “800 viviendas es lo que hacía una mala tarde la administración pública cualquier año en los 60 o en los 80”, espetó Quero.

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