El Gobierno quiere “desactivar el poder judicial para desactivar el sistema democrático y a través de ello impulsar un cambio de régimen”. Así ha resumido José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la actual situación del Poder Judicial, con una mayoría conservadora caducada en 2018, y que no puede realizar nuevos nombramientos hasta que no sea renovado. En un coloquio sobre la independencia judicial, Macías ha reprochado que el PSOE se haya dejado “llevar de la mano” por elementos de “ultraizquierda” que “no aceptan la democracia liberal”.
El coloquio sobre la independencia judicial estaba organizado por la Fundación Villacisneros, una organización que dice defender “el estado de derecho, la unidad de España, el orgullo de ser español y los principios y valores del humanismo cristiano”, centrada también en la defensa de las víctimas del terrorismo. Además, en su canal de Youtube recogen los vídeos sobre sus conferencias, en las que se critica la “ideología de género” o se busca “una alternativa cultural al frente popular”.
Junto a él ha intervenido Ignacio Gordillo, exfical y ahora abogado, y ha estado moderado por Javier Carvajal, socio del despacho de abogados Pérez Llorca, quien ha animado a sus dos invitados a opinar sin ataduras porque el debate se estaba celebrando en Madrid, “un espacio de libertad”.
Macías, que forma parte de la mayoría conservadora del CGPJ, ha asegurado que en España hay “un fenómeno ultra desde la izquierda”, que es residual en este país pero que ha arrastrado al PSOE a sus posiciones. “No aceptan una democracia liberal y avanzada, quieren subvertir el sistema, acaparando ejecutivo y legislativo, y eso solo se puede conseguir si tienes un Poder Judicial desactivado”, ha dicho.
El vocal del CGPJ considera que las iniciativas del Gobierno sobre el Poder Judicial (la reforma que impide nombramientos en funciones, ya aprobada, y la propuesta de cambiar las mayorías para elegirlo), no es simplemente porque quieran modificar las mayorías del actual Consejo, sino que es “utilitarista”. “Quieren desactivar el Poder Judicial para desactivar el sistema democrático, y a través de ello impulsar un cambio de régimen, estamos hablando de la subsistencia del estado tal y como lo conocemos”, ha apuntado.
Gordillo también ha alertado de los “ataques” a la independencia judicial. “Vemos que todo dictador lo que intenta en unificar todos los poderes en uno solo, judicial, legislativo y ejecutivo, me preocupa porque en España con Sánchez estamos sufriendo un ataque constante a la independencia judicial”.
Este exfiscal ha criticado que el bloqueo de la renovación del Poder Judicial se deba a que Podemos quiere “meter” a una persona que el PP no acepta. Se refiere a José Ricardo de Prada, uno de los ponentes de la sentencia de Gürtel. Macías ha contestado que esa solo es la causa “aparente”. “La real es que ni siquiera el nombramiento por acuerdo parlamentario interesa a los grupos residuales de la izquierda radical”, al tiempo que ha añadido que Podemos solo quiere “romper la negociación” y para eso han propuesto a “De Prada”. Es “una excusa para vestir un sabotaje”, ha dicho.
Para evitarlo, Gordillo ha propuesto acudir a Europa –el Constitucional no es una opciçon porque también está “politizado”– y ha pedido que la Unión Europea intervenga también en otros asuntos, como la aprobación de la ley de Eutanasia: “Han legalizado el homicidio, cuando tienes un hijo con síndrome de down ahora lo puedes ejecutar”.
El pasado 22 de abril, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió no dar por el momento la batalla en Europa contra la reforma que le impide hacer nombramientos en funciones. Tras cinco horas de intenso debate, el pleno tumbó la propuesta de cinco vocales del sector conservador de pedir a la Red Europea de Consejos de Justicia —un organismo en el que están representados los Consejos del Poder Judicial o instituciones similares de los Estados miembros de la UE— que examinara y se pronunciara sobre esta reforma legal, impulsada por PSOE y Unidas Podemos como respuesta al bloqueo del PP para renovar un órgano que lleva más de dos años con el mandato caducado. La reforma de PSOE y UP ha recibido el visto bueno de Bruselas esta misma semana.
Parte del debate se ha centrado también en el papel de las asociaciones judiciales en el reparto de cromos en la justicia. Gordillo ha dedicado buena parte de sus intervenciones a criticar el mercadeo de puestos entre ellas, a las que ha tildado de de “sindicatos políticos” y a los que ha acusado de tener controlados absolutamente todos los nombramientos de jueces y fiscales.
Macías, por su parte, sí que ha defendido a las asociaciones (él ha pertenecido a la mayoritaria y conservadora) e incluso ha propuesto que sean ellas quienes nombres a los vocales del CGPJ con un sistema electoral que no permita, eso sí, que solo asciendan los magistrados asociados.
En este punto, ha advertido de que “los partidos de izquierdas jamás querrán un CGPJ elegido por jueces, porque la asociación considerada de izquierdas –Jueces y juezas para la Democracia– no son ni el 8% de los miembros de la carrera judicial, pero su presencia en el consejo es el 50%”. La afirmación no es cierta: esa asociación solo tiene tres vocales de la veintena que integran el Poder Judicial.