La renuncia de la vocal Concepción Sáez por la “insostenible” situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reavivado la opción de una dimisión en bloque del minoritario sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. Los ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PSOE, IU y PNV están convocados a una reunión este viernes para debatir sobre la situación de la institución —que tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018— y su posible dimisión, según han confirmado fuentes del órgano a elDiario.es.
El encuentro ha sido convocado por el presidente, Rafael Mozo, a propuesta del vocal Álvaro Cuesta, que considera que la presencia de los progresistas en el órgano “queda en evidencia” tras la dimisión del presidente Carlos Lesmes, que tuvo lugar el pasado octubre, y la reciente carta de renuncia de Sáez, conocida este miércoles. Está previsto que asistan al menos cinco de los vocales. El resto no lo hará por problemas de agenda, según las fuentes consultadas. Previsiblemente celebrarán otro encuentro la semana que viene.
“Nuestra obligación, a la vista de las circunstancias, es abrir el debate sobre la situación del CGPJ y la posible dimisión de los vocales (...). Si nos vamos ocho, como mínimo, ya no se constituirá válidamente el Pleno. Propongo abordar y afrontar esta cuestión de forma coordinada”, afirma Cuesta, en un mensaje enviado este jueves al resto de progresistas.
El artículo 600.4 de la ley del Poder Judicial exige que para la válida constitución del pleno “será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de diez vocales y el presidente”. En la actualidad, el órgano de gobierno de los jueces está conformado por diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU —que ya ha anunciado su dimisión— y otro del PNV, al que se suele ubicar en el sector progresista. De acuerdo a este artículo, en caso de dimisión en bloque de los ocho progresistas, el pleno no se podría conformar de manera válida. Cuesta, que fue diputado del PSOE entre 1982 y 2011, considera que este asunto también debe debatirse en el pleno ordinario que se celebrará el jueves de la semana que viene.
El mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018 y mantiene una correlación de fuerzas de mayoría conservadora que no responde a la actual realidad parlamentaria. Estos movimientos del sector progresista buscan forzar una renovación que el Partido Popular ha impedido en los últimos cuatro años con una batería de excusas cambiantes. Miembros de este sector defienden una “acción coordinada” y sostienen que el “goteo” de dimisiones puede acabar por beneficiar al sector conservador, que acrecentaría su mayoría en el órgano porque las plazas que dejen libres las posibles dimisiones no se pueden cubrir al estar en órgano con su mandato caducado.
Es una mayoría que, en todo caso, tiene pocos efectos prácticos por la limitación de atribuciones a la que está sometido el órgano por su situación interina. Principalmente, su función esencial de realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes. El órgano se dedica a despachar cuestiones administrativas de trámite y a preparar algunos informes de leyes que siguen pendientes.
No obstante, algunos vocales del sector conservador no renuncian a utilizar el altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado para tratar de desgastar al Gobierno. Lo han hecho, por ejemplo, a propósito de las polémicas rebajas de penas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.
Miembros del sector de vocales elegidos a propuesta del PP enmarcan la renuncia de Sáez en el contexto una decisión “individual” y rechazan la posibilidad de que haya renuncias en bloque en su grupo. De hecho, voces de este bloque sostienen que una dimisión en bloque podría incluso suponer la comisión del delito de abandono colectivo del servicio. Es el mismo tipo penal por el que fueron condenados 131 controladores aéreos por el caso del cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010.
El precedente de 2020
La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ cuando está en funciones.
Entonces, Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin embargo, solo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y la propia Sáez— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta.
Ahora, la primera en dar el paso ha sido la vocal Sáez, que el pasado 13 de marzo envió una carta al presidente presentándole su renuncia. En esa misiva, califica de “inútil” su continuidad en lo que considera un escenario de “radical y puede que ya irreversible degradación de la institución”. Y explica que la “incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias” del órgano “al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones” [en alusión a la pretensión de algunos vocales de pedir la derogación de la ley que le impide nombrar jueces] han terminado por agotar su “paciencia”.
El CGPJ informó en un comunicado en la noche del miércoles de que Mozo “está considerando la aceptación de la renuncia” tal y como establece la ley del Poder Judicial, que detalla que los vocales cesarán de sus cargos “por renuncia aceptada” del presidente.