El viaje a España de una delegación de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo ha propiciado un nuevo choque entre vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. La minoría progresista acusa a dos vocales del mayoritario sector conservador de maniobrar “a espaldas” del resto de miembros para utilizar esta visita para “desgastar” al Gobierno y criticar algunas de sus últimas reformas.
Aunque la llegada de la delegación estaba prevista desde hacía meses y tenía como objetivo conocer las políticas de cuidado, contra la violencia sexual y la trata, el Partido Popular aprovechó la polémica interna con la ley del 'solo sí es sí' para convertir la visita en una enmienda al Gobierno. Y en esa estrategia, critican en el sector progresista, el principal partido de la oposición ha tenido como aliados a los miembros del sector conservador del CGPJ más próximos a la formación que preside Alberto Núñez Feijóo.
En el centro de la polémica está la reunión que mantuvieron este miércoles en la sede del CGPJ un grupo de eurodiputadas con dos vocales del órgano: Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, y Carmen Llombart, que también forma parte de esta institución. Ambas fueron elegidas a propuesta del PP. También asistió el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro, que forma parte del grupo de expertos del Observatorio. En el programa de la misión aparecen también como asistentes Jesús Gallego, jefe de Unidad del Observatorio, y la letrada María Vilches.
Una cita de la que, sin embargo, no fue avisado el propio presidente, el progresista Rafael Mozo, que se enteró el lunes casi de casualidad y que se limitó a recibir a la delegación, según confirman a elDiario.es distintas voces del órgano. Tampoco fueron invitados los miembros de la Comisión de Igualdad a pesar de que es el órgano encargado por ley del “estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género”. La Comisión de Igualdad está presidida por la vocal progresista Clara Martínez de Careaga y de ella también forman parte Concepción Sáez, elegida a propuesta de Izquierda Unida, y el conservador Gerardo Martínez Tristán.
El asunto centrará el pleno de este jueves, en el que vocales del grupo progresista pedirán que se vote la destitución de Carmona y Llombart por incumplir las atribuciones que marca el artículo 560 de la ley del Poder Judicial, aseguran fuentes del órgano. “Han participado en una reunión a espaldas del resto de vocales con la única intención de desgastar al Gobierno. Es una auténtica deslealtad institucional y una traición al Estado”, dice una vocal de este grupo.
Esta misma consejera enmarca este último episodio en una “operación” para “internacionalizar” su oposición al Ejecutivo. “Ya lo hicieron con la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, o con sus intentos de llevar cuestiones internas a la Comisión de Venecia [el órgano consultivo del Consejo de Europa encargado de velar por el respeto al Estado de derecho en las reformas judiciales]. Es gravísimo”, añade.
Otros miembros de este grupo también creen que ambas vocales se han excedido en sus funciones al “actuar por su cuenta” y utilizar el CGPJ como “una plataforma para hacer una oposición cruda al Gobierno”. “Han hecho pasar su opinión en el marco de una reunión como una opinión del órgano”, afirma un consejero del grupo minoritario. “No es una reunión en representación del CGPJ, se ha utilizado con fines de intoxicación política”, dice otro vocal progresista.
Los vocales se remiten, para ello, a la difusión de la reunión que hicieron varios medios de comunicación, con titulares en los que se atribuían a la institución las valoraciones “individuales y personales” de dos de sus integrantes. Y también a declaraciones como las de la eurodiputada del PP Rosa Estarás, que aseguró en rueda de prensa que el CGPJ les había trasladado que “el daño a España es irreversible” tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’. “El objetivo era fabricar una opinión forzada”, insiste una vocal progresista.
Un portavoz del CGPJ asegura que fue la propia delegación del Parlamento Europeo la que pidió reunirse con el Observatorio y recuerda que las eurodiputadas fueron “recibidas” por el presidente. Desde la secretaría de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género de la Eurocámara afirman, por su parte, que la agenda fue “acordada y aprobada” por los grupos políticos previamente.
Fuentes del sector conservador reconocen que en la reunión las vocales trasladaron a las eurodiputadas la “necesidad” de que la reforma de la ley “se aborde con celeridad”. Este es un asunto que ha generado una enorme brecha en el Gobierno de coalición, donde siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo retocar la norma para evitar a futuro que delincuentes sexuales tengan castigos menos severos de los que les habría correspondido con el anterior Código Penal. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha accedido a cambiar la parte penal aunque está convencida de que el problema no está en la ley, sino en la aplicación “incorrecta” de “una minoría de jueces”.
Estas mismas fuentes afirman que las europarlamentarias se mostraron “sorprendidas por la distancia abismal” entre los datos sobre revisiones de condenas que se les proporcionaron en el Ministerio de Igualdad y los que les trasladaron las vocales y el magistrado del Supremo, que cifraron en 500 las revisiones y afirmaron que había pendientes “al menos unas 4.000”.
Una cifra que, según otros consejeros, no es rigurosa porque el órgano todavía no ha iniciado el trabajo de recopilación de datos. Una labor que será “compleja”. De hecho, en su reunión de la semana pasada, la Comisión Permanente encargó a tres vocales que se reunieran para abordar el alcance de ese análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley para poder ofrecer datos contrastados de manera transparente, tal y como acordó el Pleno.