El sector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contrario la reforma que limitará sus funciones cuando, como ahora, tenga el mandato caducado asume que ya tiene poco margen para paralizar esa iniciativa y plantea, en todo caso, llevarla al Tribunal Constitucional una vez aprobada, lo que se espera para el próximo mes de marzo. Este martes la Mesa del Congreso rechazó por segunda vez dar audiencia al órgano de gobierno de los jueces sobre esta reforma y le pidió “respeto” por sus resoluciones.
Tras esta nueva negativa —que califican de “tramposa” y “pobre en argumentos”—, vocales críticos reconocen que ya no pueden proponer nuevas iniciativas para revocar el procedimiento de urgencia y que se les de voz antes de aprobar la reforma y esperan que muevan ficha partidos y asociaciones judiciales. Sí abren la puerta a, cuando se apruebe, presentar un conflicto de atribuciones ante el tribunal de garantías al entender que el Congreso de los Diputados habría invadido sus competencias en materia de nombramientos. Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el CGPJ puede hacer uso de este procedimiento si estima que el Gobierno, el Congreso o el Senado han adoptado “decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren” al órgano de gobierno de los jueces.
La proposición de PSOE y Unidas Podemos —que respalda la mayoría reforzada de la investidura— pretenden restringir la capacidad del CGPJ de nombrar jueces con el mandato caducado, como viene haciendo este órgano desde hace más de dos años. Ya son 68 desde diciembre de 2018, cuando expiró su mandato. Los últimos, la semana pasada y se prevé alguno más para el pleno de febrero. Dos de ellos en Tribunal Supremo, donde los nombramientos son hasta la edad máxima de retiro, fijada a los 72 años.
Instancias europeas
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, pidió al Congreso que le notificara formalmente el acuerdo de la Mesa por el que negó por primera vez dar audiencia sobre la reforma a las asociaciones, el CGPJ y la Comisión de Venecia —el órgano consultivo del Consejo de Europa encargado de velar por el respeto al Estado de derecho en las reformas judiciales— para “poder ejercitar” las acciones oportunas. Este colectivo de jueces defiende que la reforma proyectada por los socios de Gobierno va en “dirección contraria” al sentido marcado por la Unión Europea en materia de independencia judicial y “socava los cimientos del Estado de derecho” y se plantea acudir a las instancias europeas.
También el Partido Popular debate esta posibilidad. Este martes, la portavoz parlamentaria de los conservadores, Cuca Gamarra, afirmó que la manera en que se está tramitando esta reforma genera un “deterioro de la calidad democrática que puede tener consecuencias” en la Unión Europea porque “la política europea está marcada por el respeto a la separación de poderes”.
La decisión de la Mesa del Congreso supuso un nuevo choque entre ambos poderes del Estado. El órgano de gobierno de la Cámara recordó al CGPJ que solo sus miembros —diputados o grupos parlamentarios— tienen la capacidad de solicitar la reconsideración de sus decisiones y le pidió “respeto” por sus resoluciones. Fue la respuesta a un duro comunicado en el que 16 los 21 miembros del CGPJ —los once conservadores y cuatro progresistas más el presidente, Carlos Lesmes— habían acusado a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y solicitaba al Congreso que se replanteara la tramitación por la vía de urgencia y sin darle audiencia de esta reforma.
La iniciativa parlamentaria de los socios de Gobierno también ha partido al CGPJ en dos. Los cinco vocales discrepantes con la decisión de pedir a la Mesa que reconsiderara su decisión suscribieron un voto particular en el que acusaron a la mayoría del CGPJ de alinearse con el PP y violar la separación de poderes. A su juicio, el órgano se extralimitó en sus competencias con un acuerdo que supone “una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales”. Al texto, escrito por Álvaro Cuesta, se sumaron Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo y Concepción Sáez. Todos pertenecen al sector progresista de la institución.