Alberto Núñez Feijóo se ha chocado, al menos por ahora, contra un muro. El SOS que ha lanzado a la UE por la aprobación de la ley de amnistía no está surtiendo efecto. El último llamamiento lo hizo este jueves en Bucarest (Rumanía) en el marco del congreso que el Partido Popular Europeo ha celebrado para dar el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones europeas. Feijóo y los suyos aprovecharon esa cita para redoblar la presión sobre su candidata (y actual presidenta de la Comisión Europea), Ursula von der Leyen, que ha ignorado el asunto.
“Hoy un Gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la UE, entre ellos terrorismo, malversación de dinero público y la declaración de independencia de una parte de un estado miembro”, dijo Feijóo en su intervención ante su familia europea: “Todos los integrantes de la delegación española nos sentimos reconfortados al sabernos al abrigo de una Europa que no puede permitir que fructifiquen los ataques al Estado de derecho y a la independencia del poder judicial, y que un primer ministro europeo consiga su investidura a cambio de la impunidad judicial”.
Feijóo respondía así “a las preguntas que muchos” de sus colegas le habían planteado sobre la situación en España, según él. Lo cierto es que en público prácticamente nadie expresó su preocupación y sólo el líder del PPE, Manfred Weber, y el eurodiputado portugués Paulo Rangel, siempre alineados con los populares españoles, aludieron al tema. “Pedro Sánchez se está convirtiendo en una marioneta de Puigdemont”, dijo el dirigente alemán, antes de rematar: “Vergüenza de Sánchez y vergüenza de socialistas”.
Que Weber salga al ataque del Gobierno de España ha sido una constante a lo largo de toda la legislatura. La sintonía con el líder del PPE es total desde los tiempos de Pablo Casado y el alemán ha seguido la línea marcada por Génova. En buena medida porque recuperar el poder en España era uno de los grandes objetivos de la organización a nivel europeo. Pero no pudo ser. Von der Leyen, sin embargo, mantiene buena relación con Sánchez como presidenta de la Comisión Europea y el feeling ha sido evidente durante toda la legislatura.
La alemana es consciente de que tiene que ganarse a los líderes de la UE para continuar al frente del gobierno comunitario, pero ni siquiera al cambiarse a la chaqueta de candidata ha echado un capote a sus colegas españoles. Ni una palabra sobre la amnistía, el estado de derecho en España o sobre el resultado electoral de Feijóo después de que el gallego lanzara las advertencias tanto en público como en privado. Génova evitó apoyar a Von der Leyen hasta el último momento y el voto afirmativo a su candidatura se lo trasladó la víspera en una reunión en la que lo condicionó a que Bruselas “corrija” la política agrícola y a que “haga de la defensa del estado de derecho español una de las razones por las cuales va a volver a ser elegida presidenta la Comisión”.
La dirección del PP no quiso decir cuál fue la respuesta de Von der Leyen, pero públicamente fue el silencio. Tampoco los corresponsales comunitarios que estaban en Bucarest le preguntaron por el asunto en la rueda de prensa posterior a su nominación, en la que el endurecimiento de la posición respecto a la inmigración, Ucrania y la relación con la extrema derecha fueron los temas que surgieron.
“Una mayoría creciente de españoles ve en el PP y en las instituciones europeas la garantía para parar estos despropósitos, no podemos defraudarles”, clamó Feijóo desde el escenario en un discurso que fue recibido con tibios aplausos y sin mucho entusiasmo de los centenares de delegados, entre ellos comisarios europeos y primeros ministros de los 27. En el propio PP han asumido que Bruselas no paralizará la ley, a pesar de haberse encomendado a la UE como resorte contra la amnistía.
Quien fue un paso más allá fue Isabel Díaz Ayuso, que reclamó a sus colegas europeos aislar a Sánchez. “Pido al Partido Popular Europeo que no haya compadreo con Pedro Sánchez”, dijo en una intervención en uno de los paneles dedicados a hablar de las políticas regionales y municipales. El dardo iba dirigido a Von der Leyen, pero también a los primeros ministros que se sientan con el presidente español en los consejos europeos. La pretensión de los dirigentes del PP es que sus correligionarios pongan pie en pared con este asunto, pero nada más lejos de la realidad, al menos hasta ahora.
Lo que sí coló el PP español fue su posición respecto a la amnistía en una resolución aprobada por su familia europea en la que condena la “impunidad para los delitos relacionados con el movimiento secesionista”. “Esta ley, y el proceso que ha llevado a su aprobación, socava la independencia judicial al proponer la supervisión parlamentaria de las resoluciones de los jueces”, señala el texto redactado por Esteban González Pons, que pide un “escrutinio” del texto por parte de la Comisión Europea.
En Bruselas se limitan a decir que se analizará la ley de amnistía cuando esté formalmente aprobada por las Cortes Generales. Así lo han repetido este mismo jueves tras el paso dado en la Comisión de Justicia del Congreso. “La Comisión está analizando el borrador, estamos en contacto con las autoridades españolas para llevar a cabo este análisis minuciosamente”, resumió el portavoz del gobierno comunitario para los asuntos relacionados con el estado de derecho, Christian Wigand. En casos como Polonia o Hungría, el gobierno comunitario no ha dudado en pronunciarse contra algunas leyes antes de que estuvieran aprobadas e incluso también alertó contra el intento de PSOE y Unidas Podemos de modificar las mayorías para la renovación del Poder Judicial, que nunca se llegó a aprobar.
Más allá de eso, el PP ha tenido estrepitosos fracasos en su cruzada contra la amnistía en Europa. Uno de ellos fue el rechazo a una enmienda que pedía prohibir las amnistías para delitos de corrupción en el Comité de las Regiones (una cuestión que sí salió adelante en el Parlamento Europeo). Tampoco en la Eurocámara tuvo éxito su intento por revolver a la Comisión Europea y el resto de colegas europeos contra el Gobierno.
Y ahora Génova ha encontrado en la amnistía una nueva excusa para volar de nuevo las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el asunto que verdaderamente preocupa en Bruselas y en el que se ha implicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en primera persona a través de la mediación. El PP acudirá a la reunión prevista para el próximo miércoles en Estrasburgo, pero ya ha dejado claro que su intención es romper.