La mujer de 26 años asesinada por su pareja este lunes en Tenerife no impidió que Vox dinamitase los actos institucionales programados por el Día Internacional contra la violencia de género. Hasta ahora, el 25N había logrado aunar durante catorce años a los partidos políticos en torno a la condena unánime contra la violencia machista. Se trataba de un consenso de mínimos, que salta por los aires por primera vez con la llegada del partido de extrema derecha a las instituciones.
Vox decidió utilizar este día de homenaje a las víctimas (y sobre todo de repulsa a esta lacra) para redoblar su ofensiva negacionista en contra del feminismo. Y lo hizo de manera más visible con el discurso plagado de falsedades y mentiras que protagonizó uno de sus principales dirigentes y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, dinamitando el acto oficial del Consistorio de la capital.
Las calles quisieron contestar a estos ataques del dirigente de Vox, al igual que lo había hecho horas antes (en su caso cuerpo a cuerpo) la superviviente Nadia Otmani. El movimiento feminista volvió a salir masivamente un 25N más para repudiar la actitud de la extrema derecha. Las razones ya las habían dejado claras unas cuantas decenas de mujeres a las puertas de Cibeles por la mañana, donde levantaron papeles con los nombres de las asesinadas: 1.028 desde 2003. Las proclamas contra la violencia machista se repetían en numerosas ciudades donde miles de personas salían para condenar esta lacra. En Madrid, junto a la batucada que animaba la protesta, y los lemas habituales, las asistentes lanzaron otros dirigidos a Vox: “Abascal, vuelve a tu corral”, “Escucha Vox, las víctimas tienen voz” o “En nuestros derechos, ni un paso atrás”, informa Marta Borraz.
A su paso por Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, las manifestantes intensificaron sus gritos de “vergüenza” y “alcalde, la calle está que arde”. Durante unos minutos, las asistentes se pararon de espaldas a la fachada del edificio para clamar “aquí estamos las feministas” y “que no, que no, que no tenemos miedo”.
El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la ley integral contra la violencia de género, impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004. La votación alumbró un consenso político (con matices) que ya nadie rompió en los años que vinieron después. Este pacto se reeditaba hace dos años (todavía gobernaba Mariano Rajoy y ya habían irrumpido en la esfera política Podemos y Ciudadanos) con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se aprobó con el voto favorable de (casi) toda la Cámara Baja y la abstención de Unidos Podemos, que pese a que estuvo implicado en todas las mesas de trabajo, manifestó así su descontento al considerarlo poco ambicioso.
Este consenso se ha roto ahora con la llegada de la extrema derecha a las instituciones, que ha reventado ese pacto político y devuelto el asunto a la trinchera de la confrontación partidista. Madrid, Andalucía, Castilla la Mancha, Cantabria... y numerosas ciudades y parlamentos más donde Vox tiene representación, no pudieron leer este lunes sus declaraciones institucionales habituales de repulsa como cada 25 de noviembre, con la carga simbólica que eso supone. La formación de extrema derecha se encargaba hace unos días de boicotear esta condena unánime en parlamentos autonómicos y ayuntamientos que requiere del apoyo de todos los grupos representados en las instituciones. Y Vox redoblaba este lunes su apuesta.
Tras acabar con las declaraciones institucionales, el partido que preside Santiago Abascal se propuso reventar cualquier acto alrededor del 25N. Las primeras pautas para ello las marcaba la formación ultraconservadora en una circular interna enviada a todos sus cargos públicos a primera hora de la mañana. El documento, al que tuvo acceso eldiario.es, estaba plagado de falsedades, entre las que se encontraba el argumento que asegura que la Ley Integral contra la Violencia de Género “ha resultado un completo fracaso” porque “hay más mujeres asesinadas que antes”. Una afirmación que ya reprodujo Santiago Abascal en el debate de candidatos previo a las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, y que desmienten todas las estadísticas.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género contabiliza estos crímenes desde 2003, año en el que fueron asesinadas 71 mujeres. El año pasado se registraron 50. Si se compara con la media del número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en los seis primeros años, esta cifra asciende a 69 mujeres; mientras que, en los seis últimos (excluyendo 2019 al no haber terminado), el número se reduce a 53 mujeres.
Vox además reiteraba en el documento el tan manido argumento de que la ley “es contraria” a la igualdad consagrada en el artículo 14 de la Constitución y que “vulnera al derecho de presunción de inocencia al convertir al hombre en culpable por el hecho de serlo”, un extremo que fue empleado en varias de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por sectores conservadores tras la aprobación de la ley y que posteriormente fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional.
Ortega Smith se lleva los focos del 25N
Todos los argumentos de esta circular interna, los verbalizó luego el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith. A diferencia de los muchos actos celebrados en múltiples instituciones, en el Ayuntamiento de Madrid se permitió a la oposición leer su propia proclama. Y en su turno, Ortega Smith aprovechó para cuestionar la existencia de la violencia machista durante los cinco minutos que tuvo el micrófono, ante un auditorio lleno de mujeres vestidas de violeta, de trabajadoras municipales que atienden a las víctimas y de representantes de todos los grupos políticos.
“El consenso del silencio negacionista niega la protección de todas las víctimas con la misma ley, con las misas medidas y el mismo presupuesto”, espetaba Ortega Smith desde el escenario. El portavoz municipal de Vox relataba además durísimos episodios de violencia entre parejas de mujeres o entre madres e hijas para intentar sostener su tesis, negar que hay una violencia específica. Ni una palabra tuvo para las 52 víctimas mortales de la violencia de género en 2019.
Al bajar del estrado, una superviviente de la violencia machista en silla de ruedas por los disparos del marido de su hermana, Nadia Otmani, le exigía entre lágrimas de rabia que respetase “a las muertas”. “Con la violencia contra las mujeres no se hace política”, insistía ante la actitud impasible de Ortega Smith.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se opuso también al discurso de Ortega Smith. “Igual que hicisteis con un minuto de silencio, lamento profundamente que hayáis venido a reventar un acto. No es política, es politiquería”, decía el regidor, que reprochó el “silencio atronador” de la formación de extrema derecha ante la violencia de género.
Pero Almeida, al igual que otros muchos alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, llegó al poder institucional gracias al apoyo de Vox. Por mucho que ahora PP y Ciudadanos se lleven las manos a la cabeza, los daños derivados de la entrada de la extrema derecha en las instituciones, y su capacidad de desbloqueo de los gobiernos bipartitos, está trascendiendo a las condenas públicas. Condiciona también el comportamiento de los partidos con los que tienen pactos porque de sus votos depende la estabilidad de los gobiernos. Esa dependencia aritmética disuade, en última instancia, a PP y Ciudadanos de confrontar con el socio problemático.
El último ejemplo de ello se vivió este mismo lunes en el Ayuntamiento de El Espinar (Segovia). Los tres partidos registraron una moción en la que instaban a la derogación de la Ley de Violencia de Género, que unas horas después fue retirada. De haberse mantenido, la moción habría salido adelante porque los tres partidos tienen mayoría en el Consistorio: en ese municipio, la Concejalía de Igualdad recae en manos de Vox.
Pero la huella de Vox ya se ha dejado ver antes en otras administraciones. El primer ejemplo de esta dualidad se mostró en Andalucía, donde PP y Ciudadanos lograron desbancar al PSOE gracias al pacto paralelo de los conservadores con la extrema derecha. Con doce diputados, Vox consiguió impregnar los presupuestos de la Junta de Andalucía con terminología como “violencia intrafamiliar” y forzar la creación de un teléfono para atender a las víctimas, pese a que ya existían recursos telefónicos para menores y mayores. Una de las primeras medidas que tomaron los recién estrenados parlamentarios fue solicitar los nombres de los funcionarios que evalúan las denuncias de las mujeres por violencia de género y elaboran los informes que después son tenidos en cuenta para la asignación de ayudas públicas para “depurar casos ideológicos”.
Los matices del consenso político
El consenso de mínimos que se había alcanzado en contra de la violencia de género en las instituciones ha saltado por los aires por primera vez en quince años con la llegada de Vox a la administraciones. Pero este consenso siempre ha tenido sus matices, y aunque este lunes PP y Ciudadanos condenaban la actitud de Vox, dependen de ellos en muchos gobiernos y hasta hace no mucho compartían su argumentario.
Por ejemplo, los colectivos de mujeres reprocharon durante los gobiernos de Rajoy (PP) la falta de financiación para luchar contra esta lacra. Hace menos de un año, en enero, Vox ya condicionaba el discurso de los populares y cuando Ortega Smith hablaba de los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres y que dijo, se ocultan, el presidente del PP, Pablo Casado, se plegó a algunas exigencias del partido de ultraderecha y ofreció más ayudas para hombres víctimas de violencia doméstica pese a que existen datos sobrados que desmentían tal afirmación. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género), 31.286 mujeres tenían orden de protección o medidas cautelares en 2018, frente a las cifras de la violencia doméstica: 7.388 personas tenían medidas de protección, de las cuales la mayoría eran mujeres (4.596 y 2.792 hombres).
También fue sonada la negativa de Cayetana Álvarez de Toledo a aceptar que solo el 'sí es sí' de las mujeres debe ser válido para una relación sexual consentida que la portavoz parlamentaria del PP defendió durante los debates electorales en los que participó en abril y noviembre.
Tampoco Ciudadanos se libra de la hemeroteca en materia de violencia de género. El cambio del partido que hasta hace unas semanas presidía Albert Rivera ha sido radical en este asunto. En su desembarco nacional en las elecciones de 2015, la formación proponía en su programa electoral acabar con las penas específicas. Ciudadanos acabó retirando esta propuesta en la repetición de los comicios de solo unos meses después.
Pero aunque la postura de PP y Ciudadanos ha oscilado a lo largo de estos años, nunca se atrevieron a negar tan tajantemente la existencia de la violencia de género y desde luego no cuestionaron ningún acto por el día internacional como hizo este lunes Vox. Las asociaciones feministas ya alertan de que acabar con la unidad “devuelve la violencia al ámbito privado” y “supone un freno para que las mujeres verbalicen su situación”. Tras su irrupción en las instituciones, uno de los grandes éxitos de la estrategia del partido de extrema derecha está siendo la imposición de su discurso, a pesar de la radicalidad de sus mensajes machistas, xenófobos y contra las minorías que normalmente visten de datos falsos y mentiras. Este lunes lo volvieron a lograr.