El salto de Vox a la moqueta institucional está generando contradicciones en el partido de Santiago Abascal entre lo que han defendido durante los años en los que no han tenido representación y las decisiones tomadas por el partido cuando han llegado al Congreso, ayuntamientos y parlamentos autonómicos. El último capítulo lo ha protagonizado el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, al defender este miércoles que su formación “participará activamente” en la renovación de los órganos judiciales.
Con estas declaraciones el partido de extrema derecha ha adoptado la misma estrategia que asumen con las subvenciones electorales, critican su funcionamiento pero se benefician de su existencia. En 2015 el presidente del partido, Santiago Abascal, criticaba en una carta abierta la actuación del PP asegurando que “ha mantenido la politización de la Justicia, repartiéndose con los otros partidos del sistema partitocrático los sillones del Consejo General del Poder Judicial [CGPJ]”.
Su manifiesto fundacional también aboga por “una efectiva separación de poderes y una auténtica independencia del Poder Judicial”. Hace pocos meses, cuando todavía se limitaban a ser quinta fuerza nacional, mantenían esa propuesta. Este posicionamiento se refleja en una pregunta parlamentaria registrada en julio en la que Espinosa de los Monteros y el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, denunciaban que “el sistema de elección actual del CGPJ corrompe la independencia del Poder Judicial, haciendo de este poder un instrumento al servicio de los partidos y de sus intereses partidistas”.
Tras su irrupción como tercera fuerza nacional, Espinosa de los Monteros sorprendió este miércoles al asegurar que estaban dispuestos a negociar la renovación del CGPJ con el procedimiento actual. “Tendremos que negociar con el sistema que existe. Es un sistema que no nos gusta, y en esta legislatura impulsaremos su reforma, pero mientras el sistema esté en vigor tendremos que participar en él y naturalmente que negociaremos”, sentenció. Asimismo, insistió en que su formación aboga por una reforma para “despolitizar la manera en la que se elige a los miembros” de este órgano judicial.
En esa intervención ante los medios, Espinosa de los Monteros confirmaba que los socialistas no se han puesto en contacto con Vox en el Congreso para renovar los organismos judiciales “ni para nada”. “El PSOE no ha entendido todavía que somos el tercer grupo de esta Cámara”, destacó. De esta forma, el partido de Pedro Sánchez mantiene la postura anunciada al comenzar la legislatura de negarse a tratar con el partido de extrema derecha en el Congreso.
Ciudadanos se ha negado a participar
Con estas declaraciones, Vox se desmarcaba de la postura adoptada por Ciudadanos, un partido que también ha sido muy crítico con el sistema de renovación de la cúpula judicial, y que se ha negado en varias ocasiones “a participar en el reparto de sillones”.
Por su parte, el PP de Pablo Casado no ha mantenido ningún contacto con los socialistas para modificar la cúpula judicial. Este viernes su secretario general, Teodoro García Egea, aseguraba que Sánchez no se ha puesto en contacto con los populares para tratar este asunto. La ruptura entre socialistas y populares se produjo en noviembre de 2018, tras hacerse público un mensaje de WhatsApp enviado por el entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, a través de un chat en el que presumía del acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ.
Un día después de las declaraciones de Espinosa de los Monteros, Vox trató de matizar esas palabras a través de un comunicado destacando que “mientras el sistema de renovación del CGPJ sea el que es” participarán en “los debates que se originen en torno a esta cuestión”, pero sobre todo se van a centrar en criticar al Gobierno “que está contaminando las instituciones por su pacto con golpistas y comunistas”.
A pesar de esta declaración, Ortega Smith insistió en la idea planteada por el portavoz parlamentario. En una entrevista realizada por Servimedia señaló que su partido va “a pelear” para que aquellos puestos que pueda proponer Vox, estén ocupados por “magistrados de verdad independientes”. Reafirmando esta argumentación, destacó que estos magistrados pueden alertar de los “chanchullos burdos” que se quieran cometer respecto a la Justicia.
Su participación en la renovación de la cúpula judicial se suma a otras flagrantes contradicciones que Vox ha protagonizado desde que entró en las instituciones. Abascal aseguró tras las elecciones del 10N que iban a aceptar las subvenciones por el resultado electoral, aunque su manifiesto fundacional aboga por la supresión de las ayudas públicas a partidos.
Otras incoherencias
“Vox es un partido que está en contra de las subvenciones de los partidos políticos y va a presentar iniciativas para que se termine con ese modo de subvencionar a los partidos”, apuntó el presidente de la formación. Aunque incidió en que esas propuestas “no implican” que la formación de extrema derecha vaya a “ir a la batalla política con menos condiciones que el resto”.
Lo mismo sucedió con las primarias internas entre sus afiliados para elegir sus candidatos y cargos orgánicos. En febrero, antes del periodo electoral, el Comité Ejecutivo Nacional del partido decidió eliminar esas votaciones en la propuesta de estatutos presentada a la asamblea general para reservarse el control de las candidaturas.
El manifiesto fundacional recogía como un “compromiso de funcionamiento” que “todos sus candidatos y cargos orgánicos” fuesen elegidos “por los afiliados en elecciones primarias y rindan periódicamente cuentas ante ellos, en cuyo nombre actúan”. Además, condenaban que en nuestro país se elaborasen papeletas electorales “por las cúpulas partidarias a espaldas de los afiliados”.
Su exigencia de suprimir las autonomías ha centrado otro capítulo más. El partido de Santiago Abascal ha pasado de plantear que el Estado autonómico era “el principal cáncer de la nación española” a no condicionar su apoyo a los gobiernos de Madrid y Murcia a la devolución de competencias territoriales. Ante las negociaciones autonómicas, fuentes de Vox Madrid reconocían que esta medida era “un objetivo a largo plazo” sobre el que “no se puede hacer mucho con la fuerza actual” del partido.