Vox dinamita el consenso de las instituciones contra la violencia de género
El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la ley integral contra la violencia de género, impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, hace 15 años. Aquel 8 de octubre de 2004 el panel de votos de la Cámara Baja solo tenía un color, el verde. La votación alumbró un consenso político que ya nadie rompió en los años que vinieron después. Todos los partidos de entonces –no existía Ciudadanos, ni Podemos, ni Vox– estaban de acuerdo en que había una violencia específica contra las mujeres por el hecho de serlo y por ello las penas también debían ser también particulares. El asunto estaba oficialmente fuera –aunque después no siempre ha sido así– de la lucha partidista.
Este acuerdo de mínimos, aceptable para el bipartidismo y después también para Podemos y Ciudadanos (que pidió acabar con las penas específicas en su desembarco nacional pero que acabó rectificando), ha saltado por los aires en 2019. La llegada de la extrema derecha a las instituciones ha dinamitado ese pacto político y ha devuelto el asunto a la trinchera de la confrontación partidista.
El consenso ya logrado no solo se reflejaba en la ley integral. El posicionamiento unánime se reprodujo después en los ayuntamientos y en los parlamentos regionales con declaraciones institucionales cada año (que requieren el apoyo de todos los partidos representados) con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En 2019 y por primera vez en más de una década, muchos ciudadanos y ciudadanas están viendo que sus municipios ya no condenan estas violencias; y que sus parlamentos no transmiten a las víctimas el mensaje de que los representantes políticos, elegidos por todos, están comprometidos con las políticas contra la violencia de género. Ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, en Córdoba, en Toledo, en Castellón… y también en las cámaras autonómicas como la de Madrid.
El Gobierno de España ha salido al paso de los estragos que están causando las decisiones de Vox en la imagen de las instituciones. “Estos admiradores del pasado nos van tener enfrente a este Gobierno de progreso por el que estamos trabajando”, manifestaba la portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministro de esta semana. Finalmente ha optado por aprobar una declaración propia que confirma el “compromiso del Gobierno en combatir la violencia en todas sus manifestaciones”.
El Gobierno presidido por el PSOE no ha sido el único que ha optado por hacer declaraciones propias. La suya es solo la primera de una serie de manifiestos que cada partido está elaborando para el 25N y que confirma la ruptura del consenso iniciada por la extrema derecha.
El Ejecutivo de Sánchez, a través de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, envió este viernes una remesa de correos electrónicos a distintos ayuntamientos de la región para conocer “si está habiendo problemas” con las declaraciones institucionales contra la violencia machista que se han tratado de aprobar en esos consistorios. Los envíos fueron adelantados por el diario El Mundo y han sido confirmados a eldiario.es por fuentes de la delegación. Esas mismas fuentes del departamento que dirige María Paz García Vera han explicado que la institución alberga una unidad de violencia de género que “coordina todos los convenios de violencia de género de la Comunidad de Madrid” y niegan que su intención sea “controlar a Vox”.
Desde la Plataforma 7N consideran que “lo que está ocurriendo supone retroceder en todo lo andado”. “Uno de los mayores logros fue sacar del ámbito privado al público esta lacra. Evitar que se realicen las declaraciones institucionales supone devolverlo a lo privado”, asegura Alba Pérez, portavoz de la plataforma en declaraciones a eldiario.es. Pérez considera que el gran consenso logrado hace apenas dos años (todavía gobernaba Mariano Rajoy) con el Pacto de Estado de la Violencia de género hoy no sería posible: se aprobó con el voto favorable de (casi) toda la Cámara Baja y la abstención de Unidos Podemos, que pese a que estuvo implicado en todas las mesas de trabajo, manifestó así su descontento al considerarlo poco ambicioso.
Más allá de las declaraciones institucionales
Pero los daños derivados de la entrada de la extrema derecha en las instituciones, además, trascienden al bloque de las condenas públicas. Condiciona también el comportamiento de los partidos con los que tienen pactos porque de sus votos depende la estabilidad de los gobiernos. Esa dependencia aritmética disuade, en última instancia, a PP y Ciudadanos de confrontar con el socio problemático.
El primer ejemplo de esta dualidad se mostró en Andalucía, donde PP y Ciudadanos lograron desbancar al PSOE gracias al pacto paralelo de los conservadores con la extrema derecha. Con doce diputados, Vox consiguió impregnar los presupuestos de la Junta de Andalucía con terminología como “violencia intrafamiliar” y forzar la creación de un teléfono para atender a las víctimas, pese a que ya existían recursos telefónicos para menores y mayores.
Una de las primeras medidas que tomaron los recién estrenados parlamentarios fue solicitar los nombres de los funcionarios que evalúan las denuncias de las mujeres por violencia de género y elaboran los informes que después son tenidos en cuenta para la asignación de ayudas públicas para “depurar casos ideológicos”.
En el Ayuntamiento de Madrid, el ataque de Vox al consenso sobre la violencia de género a raíz del 25N y las negociaciones para aprobar presupuestos se han cruzado en el tiempo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que la extrema derecha, de cuyos votos depende la aprobación de las cuentas para 2020, está intentando sacar “rédito electoral” de un asunto como la violencia de género.
En esas mismas críticas, sin embargo, el regidor apelaba también a las formaciones de izquierda (Más Madrid y PSOE) por no apoyar el pacto con vocación de unanimidad que lleva meses negociando el delegado del área de Igualdad, Pepe Aniorte, con todos los partidos excepto Vox.
Las trabajadoras de la red municipal contra la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid enviaron una carta a todos los partidos políticos, a excepción de Vox, en la que recordaban que “invisibilizar y minimizar las violencias contra las mujeres tiene graves consecuencias para sus vidas y las de sus hijas e hijos (que también son reconocidas por ley como víctimas directas de la violencia de género) y para la igualdad real entre mujeres y hombres”.
En la Asamblea de Madrid, además de la declaración institucional del 25N, Vox ya bloqueó otra por el asesinato de una mujer en la capital el pasado 17 de septiembre. Se trataba de otra declaración consensuada por todos los grupos de la legislatura anterior y que se leía tras cada asesinato, junto con un minuto de silencio. La formación de extrema derecha también dio plantón este viernes a la reunión con el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, en la que informó sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y los fondos sobre esta materia que los gobiernos anteriores del PP dejaron sin invertir.
Vox se justificó por esta ausencia argumentando que “no está en el consenso a favor de la ley contra la violencia de género” porque, sostienen, “rompe el principio de igualdad entre hombres y mujeres y estigmatiza al varón”. “La violencia contra la mujer no se combate regando de dinero público asociaciones privadas de marcado contenido ideológico ni con campañas propagandísticas que criminalicen al varón”, añadían.
Para la portavoz de la Plataforma 7N, el cuestionamiento de la violencia de género que hace Vox y que, a su juicio, está arrastrando a PP y Ciudadanos, “supone un freno a que las mujeres verbalicen la situación de violencia que están viviendo”. “Las denuncias ya son mínimas y si desde las instituciones se lanzan estos mensajes, paraliza a las mujeres que quieran denunciar o pedir ayuda”, explica su portavoz Alba Pérez. Todo esto el año en el que se ha superado la cifra del millar de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que se comenzó a registrar este tipo de muertes en 2003. En estos momentos 1.023 víctimas, 51 mujeres solo en lo que va de año.
