Vox impone su huella en los presupuestos aprobados con el PP en comunidades y ayuntamientos

El amplio poder territorial del PP se asienta en los buenos resultados que cosechó el partido en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, pero está apuntalado en el imprescindible apoyo de la extrema derecha en decenas de comunidades y ayuntamientos. Sin Vox, Alberto Núñez Feijóo no podría presumir de los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Castilla y León o Extremadura. Ni de controlar ciudades como Toledo, Valladolid, Burgos, Ciudad Real, Elche o Gijón. El peaje para la derecha ha sido asumir algunos postulados de los de Santiago Abascal en los presupuestos de 2024.

Ya ocurrió en 2019, cuando Juan Manuel Moreno tuvo que implantar en Andalucía el control parental en los centros educativos públicos. El presidente de la Junta fue el primero en tener que aceptar los postulados de la extrema derecha. Logró deshacerse de Vox en 2022 al obtener la mayoría absoluta, pero para entonces la alianza entre ambas formaciones estaba ya extendida a otras regiones.

Una coalición que se ha transformado en políticas concretas que afectan a cientos de miles de personas, a millones desde las autonómicas del pasado mes de mayo. Y que pasan, por poner un caso reciente, por la desaparición del festival cultural Periferias en Huesca tras dos décadas de exitosa trayectoria. Un ejemplo de la influencia de la extrema derecha en las cuentas públicas de comunidades y ayuntamientos para 2024.

La batalla cultural es precisamente una de las máximas de Vox, su prioridad. Por eso sus aportaciones a las cuentas públicas más sonadas tienen como objetivo aquellas materias en las que se muestran más combativos, bien sea a favor o en contra. En Castilla y León, la Junta que lidera Alfonso Fernández Mañueco en coalición con la extrema derecha aprobó en el presupuesto de 2023 un recorte de las subvenciones a sindicatos y patronal, mientras duplicaban el de la tauromaquia. Para 2024, de momento no hay presupuestos ni proyecto.

En Aragón, el Gobierno de coalición que preside Jorge Azcón ha recortado las ayudas al desarrollo que reciben países en dificultades que, además, suelen ser emisores o países de paso de los flujos de personas migrantes. Anatema para Vox, que también ha logrado reducir estas partidas tanto en Zaragoza como en Huesca. Parte del dinero se revierte en la tauromaquia.

Otra fijación de los de Abascal son las lenguas oficiales que comparten espacio con el castellano. También en Aragón se ha eliminado un pequeño presupuesto para promover lenguas propias como el aragonés y el catalán.  La influencia de Vox en los primeros Presupuestos de Azcón se ha concretado en 35 de las 48 enmiendas que presentaron al proyecto. Además de lo mencionado, las cuentas reducen el dinero destinado a combatir la violencia machista, que además se renombra en violencia intrafamiliar, filioparental y contra los ancianos, y las subvenciones a los sindicatos.

Baleares y Comunidad Valenciana, contra el catalán

Pero ha sido en Baleares donde Vox ha dado la batalla y ha logrado comenzar a revertir el sistema educativo hasta el punto de abrir la puerta a la segregación de los alumnos en función del idioma que elijan para sus estudios.

Aunque Vox no entró a formar parte del Govern que preside Margalida Prohens, sus votos son decisivos para que el PP saque adelante sus proyectos en el Parlamento autonómico. Además, en las negociaciones se hicieron con el control de organismos tan importantes como los consells insulares, que manejan importantes presupuestos desde los que también condicionan a dónde se dirige el dinero de los contribuyentes,. 

Así, el Parlamento balear ha aprobado 20 millones de euros para implantar la segregación lingüística en las aulas -dinero con el cual se podría contratar a 500 profesores o eliminar 50 barracones-, 750.000 euros dedicados a la oficina de Vox para “luchar contra la imposición del catalán” en las Islas -a pesar de ser el idioma propio de la Autonomía-, los 200.000 euros para sufragar inspectores que luchen contra las “intromisiones ideológicas” en la escuela, la eliminación de las subvenciones a patronales y sindicatos -lo que ha obligado a CCOO y UGT a eliminar sus oficinas de Igualdad- y la supresión del Impuesto de Patrimonio a los más ricos -lo que hará perder 70 millones de euros a las arcas públicas.

En otras instituciones de las Islas el acuerdo no ha sido posible. En Menorca, la consejera de Vox, Maite Medrano, que el PP expulsó del equipo de gobierno por “falta de actividad” -es decir, por trabajar poco-, había condicionado su apoyo a los presupuestos a cambio de volver a ser integrada en el equipo de gobierno, algo que no ocurrió, por lo que las cuentas han caído con el voto en contra de Medrano (Vox), PSOE y Més per Menorca.

En la ciudad de Palma, el PP ha aceptado abrir una Oficina Antiocupación que se comerá la mitad del presupuesto de la ya existente Oficina Antidesahucios.

La guerra contra el catalán también se desarrollará con dinero público en la Comunidad Valenciana donde, pese a que Vox solo gestiona un 6% del presupuesto total, las cuentas de 2024 tienen la marca ideológica en las ayudas a la tauromaquia. El vicepresidente del Govern, Vicente Barrera, fue torero en su juventud.

Los presupuestos de Carlos Mazón reducen en 100 millones las partidas contra el cambio climático o en servicios públicos como empleo, el transporte colectivo o la prevención de los incendios forestales. En total, 300 millones de euros menos en empleo, vivienda y agencias. Como en casi todas las ciudades y regiones que gobiernan, las partidas de Igualdad se ven recortadas. En materia tributaria, el Govern ha optado por rebajar Sucesiones y Donaciones, el segundo que más aporta a la hacienda valenciana.

En Murcia el Gobierno de Fernando López Miras ha aprobado una partida de 100.000 euros para la unidad de España con “acciones judiciales, manifestaciones pacíficas, conocimiento de la historia y promoción de cultura y tradiciones”. El vicepresidente, de Vox, ha llegado a alertar del regreso del Cantón de Cartagena.

En la Región también se ha optado por reducir las subvenciones a sindicatos y patronal en las cuentas de 2024 aprobadas en diciembre. El acuerdo de Gobierno incluye además la inclusión del veto parental en los colegios, que todavía no se ha implementado.

Las mismas dinámicas se reproducen en el proyecto de Presupuestos de Extremadura de 2024, que serán aprobados ya este año. María Guardiola, que tuvo que faltar a su palabra y asumir un gobierno de coalición con Vox para desbancar al PSOE, asume un recorte al diálogo social y a la cooperación al desarrollo. A cambio, se incrementa de forma significativa el dinero que la comunidad destina a los toros un 800%.

Las cuentas recogen la eliminación de facto del impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como la supresión del impuesto de Patrimonio y las rebajas del IRPF y del impuesto de matriculación.

Y lo que vale para las comunidades autónomas, vale para las ciudades que gobiernan en coalición PP y Vox. Toledo aprobó sus cuentas públicas para 2024 con un recorte en Memoria Democrática y la supresión de la Concejalía de Igualdad. Una decisión que se ha extendido por buena parte de las ciudades gobernadas por derecha y extrema derecha. De las 23 ciudades de más de 40.000 habitantes en las que el PP gobierna con el apoyo del partido de Abascal, ocho han eliminado la concejalía de igualdad o mujer y, de las 14 que la mantienen, muchas mezclan sus competencias con otras o pasan a estar en manos de Vox.

También en Castilla-La Mancha, PP y Vox han decidido subir el IBI un 17%. Tanto en la ciudad alcarreña como en la capital de la región la derecha gobierna pese a no haber ganado las elecciones de mayo. En ambas localidades se cerró uno de esos “pactos de perdedores” que Feijóo repudia, pero solo cuando le dejan a él sin opciones de investidura.

A principios de diciembre, Vox anunció una “ruptura de las relaciones” con el PP a “nivel nacional” después de que Feijóo pactara el reparto de comisiones parlamentarias con el PSOE y Sumar. Una ruptura que tiene pocas consecuencias reales. Santiago Abascal sacó expresamente los gobiernos autonómicos y municipales de la ecuación, consciente del triunfo político que supone impregnar de su ideología las cuentas públicas que afectan a millones de españoles.

Con información de Candela Canales, Francisca Bravo y Angy Galvín.