Vox, PP y ahora también el PSOE pugnan por la bandera 'antiokupa' que solo preocupa al 1% de los españoles

Un 1%. Es el porcentaje de personas que dicen percibir “la ocupación de viviendas” como uno de los tres principales problemas de España, según el barómetro del CIS publicado esta misma semana. Es el mismo número de españoles que lo ven como un problema que les afecta personalmente, según la misma encuesta. Pese a ello, el tema ocupa minutos de radio y televisión, portadas de periódicos, campañas de publicidad y, ahora, se ha convertido en una bandera política por la que pugnan algunos partidos: desde el PSOE al PP, pasando por Vox, que siempre estuvo, y Junts.

El organismo sociológico público recogió por primera vez en toda su historia respuestas referentes a la ocupación de viviendas. En total, de las 3.713 personas que respondieron efectivamente a la encuesta, una de las principales que se hace en España, apenas 37 lo señalaron de forma espontánea como un problema, ya sea general o que les afecte.

Con todo, son más que las respuestas recopiladas por los encuestadores en anteriores barómetros. Por eso el CIS han decidido categorizarla, según explican desde el propio centro. 

La llegada del asunto al organismo dirigido por José Félix Tezanos coincide con la ampliación de la batalla política por abanderar esta cuestión. Hasta ahora, era un campo casi exclusivo de la derecha, especialmente de la ultraderecha. Vox ha sido hasta ahora el partido que ha intentado convertir el discurso antiokupas en réditos electorales. El PP de Pablo Casado entró a la disputa, pero más como un intento de frenar el trasvase de votos hacia la formación de Santiago Abascal.

Ahora, esa fuga de electores se ha invertido y es Vox quien ve cómo, encuesta tras encuesta, sus números menguan mientras engordan los de Alberto Núñez Feijóo. Quizá para afianzar esta tendencia, el líder del PP ha decidido apostar por una de las materias recurrentes en la agenda ultra y que más penetración han logrado entre los votantes de Vox, según el propio barómetro del CIS, aunque en este caso los casos hay que analizarlos con cuidado pues la muestra (las 37 personas que reconocieron la ocupación como un problema) es muy pequeña. Pero quizá también por eso el PP ha elegido Catalunya, donde la ultraderecha no solo dio el primer sorpasso a la derecha en las elecciones de febrero de 2021, sino que triplicó en representación.

Feijóo ha programado una serie de jornadas monográficas itinerantes en la que se abordarán solo las cuestiones que les interese en cada momento, y evitar así una convención ideológica al uso en la que pronunciarse de asuntos que, por lo que sea, prefiere dejar de lado. Y la primera se celebró este mismo viernes en Barcelona bajo el título “Stop okupas. Medidas contra la okupación”. El objetivo de las jornadas es, según expresó el número tres del partido, Elías Bendodo, “acceder de primera mano a las preocupaciones” de los ciudadanos para “transformarlas en políticas de sentido común”. 

Una “preocupación” que, en el caso de las ocupaciones y según el CIS, solo afecta al 1% de los españoles. Pese a este dato, Bendodo abundó en que “la ocupación ilegal es un problema para miles de familias” que provoca “desamparo y violación de derechos”. Y que es “especialmente en Catalunya, donde las instituciones hacen irresponsablemente de efecto llamada para la ocupación ilegal”. El coordinador general dijo que en la comunidad se producen “21 ocupaciones de vivienda al día”, un dato parcial (que recoge solo los cuatro primeros meses del año) y que no tiene en cuenta la tipología de vivienda afectada ni de sus propietarios.

“Es un tema de clarísima actualidad que preocupa cada vez más”, apuntó Bendodo a preguntas de los periodistas, tras arremeter contra la credibilidad del CIS. “Es un tema que está creciendo y aumentando”, añadió. Y concluyó que el PP quiere dar “un mensaje de seguridad jurídica” porque “parece que ahora si te ocupan tu casa no se puede hacer nada”. 

Los “problemas reales” del 1%

Pese a ello, Feijóo no solo incidió en estos datos durante el estreno de las jornadas, sino que los cambió para hacerlos más espectaculares y, en consecuencia, más irreales. El presidente nacional del PP cambió la palabra “ocupación” por “usurpación”, dos conceptos diferentes que Feijóo usó como sinónimos de forma errónea ya que no todas las ocupaciones son usurpaciones, un delito que exige que la vivienda sea considerada una “morada”. Y no cualquier piso o casa lo es.

En su alocución en Barcelona, Feijóo dijo que la ruta itinerante que va a hacer el PP por toda España tiene como objetivo hablar de los “problemas reales de la sociedad”. Después, reconoció también que la serie de conferencias tiene un ánimo “electoral” ante los comicios municipales y autonómicos de mayo del año que viene.

“Hablar de Catalunya es hablar de la usurpación ilegal de las viviendas de los catalanes”, dijo. Y ofreció los datos que maneja el PP para justificar su posición: “Se producen 49 usurpaciones diarias de vivienda, se tarda hasta año y medio en desalojar al okupa. El 43% de todas las usurpaciones ilegales de vivienda se producen en Catalunya”.

Feijóo aprovechó para insistir en las medidas que el PP planteó el pasado verano en una proposición de ley que el líder del partido dijo que se llevará a votación antes de final de año, lo que servirá para retratar al Gobierno, a quien acusó de utilizar la carestía de la vivienda como una “cortina de humo” que “no tiene nada que ver” con las ocupaciones.

La referencia al plazo de desalojo no es gratuita y parte de una afirmación que han desmentido los jueces en los últimos tiempos, precisamente ante el aumento de declaraciones similares. Esta misma semana, el decano de Cáceres aseguraba en una entrevista en elDiario.es que “da igual que pasen 48 horas, 40 días o 200, se puede echar a un okupa de manera inmediata”.

PSOE: Límite de 48 horas

Pero los mensajes propagandísticos calan a veces mucho más que la realidad jurídica. Y el PSOE se ha subido al carro de la lucha contra la ocupación y ha entrado también en la guerra por poner límites bajos al tiempo en el que se comprometen a legislar para propiciar un desahucio. 

Desalojos en 48 horas. Es el leit motiv de una de las enmiendas presentadas por el PSOE a la futura ley de vivienda, emanada previamente de una negociación en el propio Gobierno de coalición y cuya aprobación debería producirse antes de final de año, según el compromiso de la ministra del ramo, Raquel Sánchez.

La enmienda amenaza con dinamitar el acuerdo de la mayoría progresista sobre una de las leyes que más difícil está siendo de sacar para el Ejecutivo de coalición y en cuya negociación inicial participaron dos personas que ya hace tiempo que no forman parte del Consejo de Ministros: Pablo Iglesias y José Luis Ábalos.

El texto de reforma del proyecto de ley es una enmienda no solo al documento emanado del Gobierno de coalición, sino a las posiciones previas del PSOE en el Congreso. En octubre de 2020 se votó en el Pleno una iniciativa pactada por PP, Vox y Ciudadanos que instaba al Ejecutivo a “diseñar mecanismos legislativos” para acelerar los desalojos en casos “de ocupación ilegítima o usurpación”. La mayoría de la Cámara, incluído el grupo socialista, tumbó la proposición. Un año después, en septiembre de 2021, los socialistas también votaron en contra de la “ley antiokupas” promovida por el entonces líder del PP, Pablo Casado, y que, entre otras cosas, planteaba “desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas”, justo lo que ahora intenta sacar adelante el PSOE.

Moción trampa del PP

En el PP quieren incidir en esta grieta en la mayoría progresista que integra el Gobierno y que lo sostiene parlamentariamente. Y ver si el PSOE va en serio con su propuesta sobre las ocupaciones.

Cuando a principios de noviembre termine el trámite de totalidad de los Presupuestos Generales, el grupo que lidera Cuca Gamarra llevará a votación una moción que recoge algunos de los planteamientos que los socialistas han llevado a su moción.

La exposición de motivos de la moción acusa de “pasividad” y “complicidad” al “Gobierno de Pedro Sánchez”, entre otras frases que difícilmente puede asumir el PSOE. Pero lo que se vota en el Congreso no es la parte expositiva, sino la que se dirige expresamente al Ejecutivo para conminarle a tomar alguna decisión. 

Y ahí sí ve el PP una opción de ganar ventaja política. O bien el PSOE asume algunos puntos y rompe la unidad de voto con Unidas Podemos y demás socios, o los rechaza, lo que permitirá a la derecha arremeter contra los socialistas.

Porque si alguien lleva tiempo en esta guerra son Vox y Ciudadanos. Es rara la comparecencia de algún portavoz del partido ultra en la que no saquen a relucir un nuevo caso, real o inventado. Vox se hizo eco del bulo de una anciana que, tras pasar un tiempo ingresada en el hospital, supuestamente se encontró a su vuelta con que  la empleada que la cuidaba se había apropiado de su vivienda.

Una mentira propagada por la empresa Desokupa, de la que el partido de Santiago Abascal ha hecho proselitismo y que ha sido contratada hace pocos días por el municipio catalán de Premià de Dalt, donde gobiernan en coalición Junts y el PSC. El alcalde (Junts) y el concejal de Seguridad (PSC) se han negado a romper el contrato con la empresa, que afronta un buen número de denuncias por el uso de violencia y las coacciones en sus acciones.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, también ha pedido recientemente al presidente del Gobierno que aclare su postura sobre el asunto y que diga si apoya las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien lo definió como “un problema inventado”.

Espinosa llegó luego a acusar al PSOE de “copiar las medidas de Vox” para expulsar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas.

La escalada política ha llegado al Ayuntamiento de Madrid de la mano de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien el pasado mes de septiembre se fue a una zona sin viviendas aneja a la autovía de circunvalación para asistir en primera persona a la demolición de unas infraviviendas.

Villacís subió varias fotos del momento a su perfil de Twitter. “Mientras otros les abren las puertas, en Madrid trabajamos por un modelo de ciudad incompatible con la okupación”, dejó escrito, en un salto que incluyó las chabolas como parte del significante de moda.

Su gesto provocó duras críticas incluso de su propio partido. La diputada Sara Giménez no ocultó su rechazo al gesto y dijo que tanto la líder de la formación, Inés Arrimadas, como ella, opinaban que no hay que “confundir el chabolismo con la ocupación”. “La acción que ha realizado mi compañera Begoña Villacís no la comparto en absoluto”, zanjó Giménez, destacada integrante del Secretariado Gitano.

En las próximas semanas el Congreso verá varias votaciones que permitirán determinar con fiabilidad cuál es la posición de cada partido sobre un asunto en el que abundan las medias verdades, el trazo grueso, los intereses económicos y la proximidad de un ciclo electoral determinante. Los españoles, mientras tanto, son claros cuando se les pregunta por cuáles son los problemas reales que perciben, tanto en su entorno como en sí mismos.