Vox continúa con su ofensiva en todos los frentes contra los acuerdos políticos que ha cerrado Pedro Sánchez con sus socios nacionalistas e independentistas para lograr su apoyo a la investidura, cuyo debate se ha iniciado este miércoles. El partido de extrema derecha ha registrado este miércoles en el Senado –donde solo cuentan con tres parlamentarios por designación autonómica y forman el Grupo Mixto–, una moción en la que pide “ilegalizar” a Junts y a ERC “por entender que en su actividad han vulnerado los principios democráticos al haber incurrido de forma grave en algunos de los supuestos contemplados en el artículo 9 de la Ley de Partidos”.
Dicho artículo, en su apartado 2, dice: “Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”, mediante un serie conductas, “realizadas de forma reiterada y grave”, como “vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales”, así como “complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general”, extremos en los que Vox considera que ambos partidos han incurrido al “dar soporte a grupos terroristas”, como consideran que son los integrantes de los CDR y del Tsunami Democrátic.
“Es precisamente la Ley de Partidos una herramienta que permite combatir aquellos intentos más deleznables de atacar la convivencia y acabar con el sistema democrático”, afirman en su moción.
En el escrito registrado en el Senado justifican su iniciativa “por los constantes intentos [de Junts y ERC] de alterar la paz pública, la convivencia y de terminar con la democracia”. “No se puede consentir que existan partidos políticos que sirvan de amparo e impulso a terroristas, que les den apoyo, siquiera tácito, o complementen su actividad política”, sentencian.
Además, insisten en que “la defensa de España, de los españoles y del sistema democrático exigen dar un paso adelante cuando estos bienes tan preciados son atacados”, añadiendo que hay “un clamor en la calle que exige que los representantes públicos de los españoles actúen en consecuencia y que, ante el ataque al Estado de Derecho que se está perpetrando por parte del PSOE, Junts y ERC, se dé una respuesta acorde a la legalidad”.
El portazo del Supremo
Los senadores de extrema derecha reiteran en varias ocasiones que el PSOE ha presentado la ley de amnistía “con el único objetivo de ceder ante el chantaje de los separatistas para perpetuar en el poder a Pedro Sánchez” pese a que, según dicen, “la inmensa mayoría de los españoles se muestra radicalmente en contra” de esta medida.
“Durante las últimas semanas, miles de españoles se han manifestado frente a las sedes del PSOE, en plazas y en otros foros, para mostrar su más firme rechazo a la proyectada amnistía”, recuerdan, a lo que unen “una infinidad de manifiestos y declaraciones institucionales contrarias a la medida de gracia, como el Consejo General del Poder Judicial”.
Este nuevo movimiento llega después de que el martes Santiago Abascal acudiera al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y contra el PSOE y Junts por diversos delitos, entre otras cosas, por “cohecho”. El partido de extrema derecha también pidió al Supremo “medidas cautelarísimas urgentes” para paralizar la investidura. Pero los jueces de lo Penal de dicho tribunal han rechazado aplicar esa medida.
Abascal, además ha exigido al PP que ya que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta “no tramite” la ley de amnistía e impida por todos los medios que la reforma prospere. Los de Feijóo han recogido el guante y esta semana han dado un primer paso para bloquear el debate.