El grupo parlamentario de Vox ha dado un paso más en su guerra contra los verificadores de noticias con una proposición de ley orgánica, admitida a trámite este viernes por la Mesa del Congreso, para “la regulación parcial de la verificación de noticias falsas” en redes sociales y medios de comunicación.
En la exposición de motivos, Vox asegura que el Gobierno “viene realizando una verificación de noticias falsas en las redes sociales —con no pocas intrusiones en lo que es cabalmente opinión— carente de toda regulación legal propia y con una amplitud e instrumentos que se ignoran, con el fin declarado de, cuando menos, «minimizar» la crítica en las redes sociales a la acción política del Gobierno actual”.
Vox propone en el texto, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, que la verificación de contenidos falsos que se difunden a través de redes sociales, blogs y medios de comunicación no se lleve a cabo ni sea supervisada por personas ni entidades privadas o públicas “dependientes de gobiernos o autoridades” o “políticamente partidistas”, salvo que estas organizaciones declaren públicamente esa vinculación. Asimismo, la formación de extrema derecha también pide la prohibición de “toda verificación gubernativa de noticias falsas” y lo mismo para “toda verificación de opiniones”.
Continúa la propuesta parlamentaria señalando que solo la Justicia “podrá adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas”, y que las redes sociales, blogs, sitios web en general, prensa impresa y digital y medios de comunicación audiovisual son “civilmente responsables” de la verificación de noticias falsas contraria a derechos como el de expresar opiniones y a comunicar o recibir libremente información veraz.
Finalmente, pide la derogación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual; la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de prensa e imprenta; y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Carga contra los “agentes externos” contratados por las redes sociales
Vox carga en la exposición de motivos, además, contra los “agentes externos” que han contratado las redes sociales para verificar noticias falsas. En opinión del partido, la verificación en redes sociales “se ha confiado” a organizaciones “con sedicente pretensión de neutralidad ideológica, pero en verdad, directa o indirectamente, dependientes de gobiernos y/o autoridades” y apoyan “a ciertos partidos políticos” y son “hostiles” con otros.
Vox acusó hace meses a Ana Pastor de ser “la que decide lo que es verdad y lo que no en Facebook y Twitter”, en referencia a Newtral, el proyecto fundado por la periodista. Pero lo cierto es que Twitter no cuenta con un equipo ajeno a ellos mismos para verificar el contenido. Es la propia empresa la que decide quién infringe alguna de las reglas establecidas tras recibir la denuncia de un tuit y, por ejemplo, evitar situaciones de abuso o acoso.
En cuanto a Facebook e Instagram, en España hay cuatro organizaciones (AFP, EFE Verifica, Maldita.es y Newtral) que forman parte del programa de fact-checking de contenidos. La plataforma elimina cuentas y contenidos que violan sus normas comunitarias o sus políticas de publicidad, pero no piezas que contribuyen a la desinformación, aunque alerta sobre ellas. Lo que hace es reducir su distribución e informar a los usuarios añadiendo contexto a las publicaciones que ven: por ejemplo, si alguien comparte un contenido categorizado como falso, se le advertirá.